Cambios de fiscales
Luego de presentada la denuncia, pasaron cinco fiscales de dos jurisdicciones distintas: Tacuarembó primero y Durazno después. Se excusó por razones de decoro la fiscal Marlene Canosa, fiscal de Tacuarembó. Por ello la denuncia pasó a la fiscal Fabiana Corbo de Paso de los Toros, quien comenzó la investigación, pero luego resultó trasladada. En su lugar la denuncia pasó al fiscal Rodrigo Goncalvez, quien se abstuvo por razones de decoro, y ante ese escenario la investigación debió cambiar de jurisdicción, derivando en Durazno, donde pasó por la fiscal Gabriela Rusiñol quien se jubiló; la fiscal Charline Ferreyra, que fue suplente de varios fiscales y fue quien se hizo cargo de la última etapa de la investigación al intendente Guillermo Besozzi (archivada). Y, finalmente, el fiscal Diego Cháves dio inicio a la investigación que ahora continuará con otro fiscal luego de ser trasladado a la ciudad de Libertad.
Caras y Caretas pudo conocer que Diego Cháves había investigado la causa hasta casi finalizar la indagatoria. En diálogo con Caras y Caretas, Cháves dijo que tuvo problemas de seguridad en Durazno y explicó que, luego de haber desarticulado las dos bandas más grandes de narcotráfico, esto tuvo consecuencias, “por eso tenía que irme de ahí”. Agregó que “el Estado no le da seguridad a los fiscales y te dicen tenés que quedarte con las causas… Sí, sí, ¿y a mí quién me protege?”, se preguntó. El poder político lo sabe y no hace nada siguió, y desde el momento que “atacaron a la fiscal de Corte… Imagínate a mi…”.
Luego de recordarle que su traslado adelantado en exclusiva el viernes en Legítima Defensa se da justo en medio de otros traslados anunciados por la fiscal Mónica Ferrero, que tienen en común investigaciones relacionadas con la administración pasada y que también el traslado del fiscal Cháves se produce luego de que cinco fiscales de Tacuarembó y Durazno se excusaran, el fiscal Chaves respondió que “a veces se generan suspicacias, que yo las entiendo, capaz alguna lo puede ser o haya sucedido, yo no soy ingenuo, pero hay que diferenciar situaciones que pueden ser dudosas de razones como las mías. Pero no desconozco que se pueda pensar en ese sentido”.
En cuanto al abogado del intendente, Gustavo Bordes indicó que lo que hizo Ezquerra es lo lógico, deslindando que la compra del terreno fue por un condicionamiento al cambio de categoría del precio. El fiscal confirmó a Caras y Caretas que el abogado pidió tiempo para presentar prueba que calificó como importante, aunque el fiscal fue trasladado antes de que se cumpliera el periodo solicitado por Bordes. Cháves respondió: “Yo pedí formalmente el traslado un mes y medio antes del pedido de tiempo del abogado para presentar la prueba”. El fiscal respondió a Caras y Caretas que había avanzado en la investigación y ya no había mucho para hacer más que analizar la prueba. En cuanto al delito de conjunción de interés público y privado, dijo que se tendría que analizar muy bien “porque habrá que ver la intención de la persona para beneficiarse de un negocio como en este caso”.
Acerca de los ingresos en la cuenta de Ezquerra, el fiscal Cháves sostuvo que “no pedimos levantar el secreto bancario porque cuando iniciamos la causa ya había pasado un año y medio de la denuncia, y según mi experiencia, si el secreto bancario no se levanta en los primeros días, desaparece todo. Tampoco hubo incautación de teléfonos”, relató. “Yo no lo pedí dijo, aunque no descarto que no se haga más adelante”.
El fiscal Cháves sostuvo que “el intendente puede participar de un negocio y eso no tendrá vicio de ilegalidad. El problema es el contexto, cuando ese negocio se inserta en la estructura del Estado y se pretende que haya una declaratoria de interés”. Agregó que cuando hay persecución penal contra una persona del poder, “las garantías aparecen de todos lados y ahí salta que cómo le vas a pedir el levantamiento del secreto, te estás excediendo… Lo hago todos los días y nadie dice nada, pero esas garantías también son las exigencias del juzgado porque el juez se pone mucho más exigente a sabiendas de que la causa, además, se va a mediatizar”. En relación a la prueba existente sobre el delito denunciado de conjunción de interés público y privado, el fiscal Cháves dijo que hay evidencia, pero también hay evidencia del otro lado (de la defensa del intendente Ezquerra), “por eso hay que analizar cuál da más confiabilidad”. Según conoció Caras y Caretas hace más de 2 meses atrás, el fiscal Cháves transmitió a la fiscal general de la Nación, Mónica Ferrero, que contaba con evidencias para formalizar al intendente de Tacuarembó.
Inconformidades
Por su lado, la edila del Partido Nacional (Lista 33 de Tacuarembó) Virginia Cardozo agregó que “la verdad que la noticia del traslado del fiscal nos cayó muy mal a todos porque vimos un fiscal muy expeditivo, llevamos pruebas y nunca imaginamos que pasaría esto de nuevo. Queda la sensación de ‘¿será que podemos contra tanta corrupción?’. Nos sentimos impotentes ante situaciones que se repiten y Ezquerra está muy acostumbrado a su estrategia de dormir los temas. Por ejemplo, el lunes votamos el Presupuesto Quinquenal de la Intendencia y no había prensa. Hasta eso digitó. Ni siquiera la sesión en YouTube, como se hace siempre”.
Acerca del terreno propiedad de Ezquerra, Cardozo dijo que en febrero de 2024 “él ya era intendente cuando firmó el boleto de reserva con los brasileros y, a todo esto, se cuenta con una grabación que está en manos del fiscal de diciembre de 2023, cuando el intendente dice en una entrevista que él recibió a unos brasileros que tienen proyectos para Tacuarembó, aunque meses después negó saber quién era la empresa”.
Por su lado, el periodista denunciante, Sebastián Ríos, representado por el penalista Diego Camaño, dijo que tiene previsto pedir una reunión con la fiscal general de la Nación, Mónica Ferrero, para exponer el derrotero de la denuncia y recordar que los que avanzaron algo, la fiscal de Paso de los Toros y el fiscal de Durazno, ambos fueron trasladados. Por su lado, Ana Baraybar, edila también perteneciente al Partido Nacional, declaró en Durazno y advirtió que el fiscal Cháves era un fiscal bastante empapado en el tema y seguro de lo que preguntaba. Baraybar detalló que Ezquerra envió a la Junta la declaración de interés departamental antes de que se efectivizara la compra de su terreno. Como la empresa pretendía instalarse en un suelo rural, había que hacer un programa de adaptación integrada. Cuando la empresa intenta instalarse en un predio que no es potencialmente transformable, hay que hacer un Programa de Adaptación Integral complementario. Por eso se necesitaba que la Junta votara la declaración de interés departamental. “Esa aprobación era un requisito para el llamado PAI complementario, y sin ese trámite no se podía recategorizar el suelo”.
PAI permite instalar 18308
En cuanto a la vinculación con el intendente, Baraybar dijo que no existe, que ni siquiera el intendente va a sesiones extraordinarias. No hay vinculación con el intendente, sentenció.
