“Incluso motivó la renuncia del entonces comandante en jefe de la Armada (Gustavo Musso) , que cuestionó duramente esta compra. Hubo alertas por la situación financiera de la empresa, y a pesar de eso, el Ministerio decidió avanzar igual”, recordó Díaz.
La firma del contrato ocurrió en noviembre y diciembre de 2024, bajo la gestión de Armando Castaingdebat, cuando ya se sabía que el cambio de autoridades en el Ministerio era inminente. La senadora también mencionó que, durante todo ese año, se solicitó información desde el Parlamento -incluso con el respaldo de todos los partidos integrantes de la Comisión de Defensa- sin obtener respuestas satisfactorias.
Ocultamiento en plena transición
El punto de inflexión ocurrió el 27 de febrero de 2025, apenas 48 horas antes del recambio de gobierno. La ministra Lazo, ya en funciones, se reunió con las autoridades de la Armada, incluyendo al comandante en jefe Jorge Wilson, uno de los sancionados, para solicitar detalles sobre el avance del contrato y el estado de los pagos.
“En esa instancia se retrasa y oculta información. Se le niega a la ministra saber que ese mismo día se había liberado la orden del segundo pago del contrato. Es gravísimo, porque además compromete aún más al Ministerio con una empresa que ya estaba cuestionada”, denunció Díaz.
La situación motivó el inicio de una investigación administrativa, que según la senadora es fundamental para determinar los pasos a seguir a nivel político y parlamentario.
¿Y los exministros?
Consultada sobre posibles responsabilidades de los exministros Javier García y Armando Castaingdebat, Díaz fue cauta pero no descartó consecuencias. “Está claro que hay responsabilidades políticas, pero lo primero es conocer los resultados de la investigación administrativa. A partir de eso se evaluará si corresponde iniciar una comisión preinvestigadora u otras acciones parlamentarias”.
La senadora también expresó preocupación por el cumplimiento de los hitos contractuales por parte de Cardama. “No hay claridad sobre en qué estado está la construcción de las patrulleras. La información está dispersa, el proceso es poco transparente, y las autoridades nuevas ingresaron sin saber con qué se encontraban”, señaló.
El contrato prevé un nuevo desembolso el 15 de mayo de 2025, equivalente al 30% del valor de una de las patrulleras. Esto implica un pago de aproximadamente 12 millones de euros, lo que incrementa la urgencia por esclarecer la situación.
“Nos preocupa que se sigan comprometiendo recursos públicos sin certezas. La ministra ha conformado un grupo de trabajo para reunir toda la información, y en paralelo, desde el Frente Amplio esperamos que la investigación arroje datos suficientes para actuar con responsabilidad institucional”, concluyó Díaz.
