Esta dinámica desencadena un totalitarismo epistémico, en el cual las agendas de investigación y el tipo de IA disponible son determinados a puertas cerradas por un oligopolio corporativo en lugar de ser discutidos democráticamente. Esta injerencia afecta incluso a iniciativas regionales que pretenden ser autónomas pero terminan dependiendo tecnológicamente de gigantes como Amazon Web Services o formando a funcionarios públicos para ser usuarios de software cerrado.
La investigadora enfatizó además la necesidad de defender los espacios democráticos, señalando ejemplos concretos como las escuelas.
A la escuela no se va a que nos entrenen como trabajadores dóciles, se va a aprender a pensar. La propia Microsoft reconoce que a mayor confianza en la IA generativa, menor es la capacidad de pensamiento crítico; por ende, esa tecnología no debería usarse en las escuelas sin un debate previo. A la escuela no se va a que nos entrenen como trabajadores dóciles, se va a aprender a pensar. La propia Microsoft reconoce que a mayor confianza en la IA generativa, menor es la capacidad de pensamiento crítico; por ende, esa tecnología no debería usarse en las escuelas sin un debate previo.
Cecilia Rikap, economista e investigadora.
Del espejismo privado a la gobernanza pública
Frente a posturas que reducen el concepto de soberanía a la simple instalación de un servidor en suelo local (donde operan normativas como la Cloud Act estadounidense que comprometen la privacidad de la información), Rikap propuso replantear el dilema. La soberanía digital no se logra entregando exenciones impositivas en una carrera destructiva (race to the bottom) ni promoviendo "campeonas nacionales" privadas, como Mercado Libre, cuyos desarrollos beneficien a unos pocos accionistas.
Por el contrario, la soberanía se define como una cuestión de gobernanza y democracia, respondiendo a las preguntas esenciales como por ejemplo ¿Qué tecnología queremos, para qué, quién la produce y para quién?
Para avanzar en esta dirección, la economista planteó una hoja de ruta centrada en la cooperación regional que propone poner límites a la infraestructura privada, frenando las concesiones indiscriminadas a las multinacionales para dar prioridad a la inversión pública e integrar capacidades ya existentes en América Latina, tales como el visor territorial chileno para evaluar el impacto socioambiental de los centros de datos, la labor regulatoria de la CADE en Brasil o la infraestructura de la empresa satelital ARSAT en Argentina. A partir de esta articulación, la estrategia intenta consolidar ecosistemas alternativos impulsados por el Estado que comiencen por blindar e independizar sectores estratégicos prioritarios como la educación y la salud.
Antel y el camino uruguayo hacia la infraestructura soberana
En su disertación, Rikap valoró la postura del ente de telecomunicaciones uruguayo, destacando cómo Antel lidera la articulación de su ecosistema con socios propios, marcando las pautas de desarrollo de forma soberana y no como un mero eslabón subordinado a la agenda de una corporación extranjera.
Esta visión estratégica se alinea de manera directa con las decisiones de política pública del gobierno uruguayo. Recientemente, las autoridades confirmaron una inversión de 70 millones de dólares para que Antel construya un centro de datos público especializado en inteligencia artificial en el departamento de Canelones (Rutas 5 y 48).
A diferencia de los esquemas privatizadores o extractivos expuestos en el summit, este proyecto estatal garantizaría la conectividad estratégica enlazando la infraestructura pública de forma directa a las redes de energía y a los cables submarinos internacionales. A su vez, apunta a impulsar el trabajo y la industria local mediante la creación de más de 250 puestos directos, complementados por un encadenamiento de empleos indirectos en los sectores de tecnología y servicios.
En última instancia, el propósito central es poner la innovación al servicio de la ciudadanía, situando a la empresa pública a la vanguardia de la transformación digital para evitar la dependencia tecnológica y asegurar que las decisiones estratégicas se tomen con un claro criterio de desarrollo nacional.
La construcción de este data center, prevista para iniciar en el primer trimestre de 2027 con miras a operar entre 2028 y 2029, posiciona a Uruguay y a Antel como referentes regionales en la construcción de una infraestructura digital eficiente, sostenible y verdaderamente soberana.
