El escándalo del Jefe de la guardia de Seguridad del Presidente Lacalle empañó a pocas horas un escándalo anterior que tuvo como protagonista a la Inteligencia Policial , denunciada por el periodista Gabriel Pereyra los dirigentes del sindicato policial de ser seguidos e intervenidas sus llamadas telefónicas.
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En el caso del primero de haber sucedido con o sin orden judicial, representa una clara violación a la ley de libertad de prensa.
En marzo del 2020 con motivo de una investigación sobre los “antipasta”, un grupo de gente que llegaba en auto de madrugada a la Ciudad Vieja y golpeaba con palos de béisbol a gente en situación de calle, nos presentamos en la sede de la Dirección Nacional de Inteligencia en la calle Maldonado para saber que información manejaban sobre el asunto.
En el breve rato de espera para ser atendido, una galería de agentes que circulaban permitían descifrar por su fenotipo (como debe ser) los diversos círculos sociales en los que realizan su trabajo.
Una elegante mujer de mediana edad que puede fungir de secretaria ejecutiva, una muchacha joven que puede participar en un toque de rock, un militante sindical o de izquierda, una pareja hombre y mujer que pueden andar en un carro a caballo como vecinos habitantes del barrio Marconi, un estudiante universitario. Una larga lista de funcionarios que pueden y deben pasar camuflados.
No son necesariamente como la gente los imagina al estilo de las películas sobre agentes secretos, pero su identidad es reservada y su actividad cotidiana una pantalla.
A los recursos humanos se agrega el desarrollo tecnológico que permite escuchas y seguimientos a distancia.
La situación social no parece ameritar su trabajo por ejemplo sobre las movilizaciones sindicales, pero allí se los encuentran.
En una época de exacerbado narcisismo donde hasta el mas aguerrido se saca una selfie con su celular en un acto, el trabajo de registro de los funcionarios tiene mas que cobertura.
La inteligencia implica recolectar mucha información de variado tipo y jerarquía y su recolección implica caminar sobre una delgada línea de lo legal, aunque a veces se confunda lo legal con lo que públicamente se pueda conocer.
Y en lo legal, en el cumplimiento de lo estrictamente legal, la Inteligencia siempre se lleva mal, sobre todo cuando a sus autoridades los funcionarios se lo “fuman en pipa”.
Violando la Ley Nº16.099
Si la denuncia del periodista Gabriel Pereyra sobre el seguimiento de su persona por parte de Inteligencia policial para conocer los informantes policiales en actividad o retiro, cuyas denuncias hasta le momento produjeron la remoción de tres jerarcas , se confirma, esa actividad viola el artículo 1º de la ley Nº16.099 de la ley de prensa que entre otros conceptos consagra
El comunicado del Ministerio del Interior negando la denuncia de Pereyra consultando a uno de sus sub alternos ofende la inteligencia, no ya la policial, sino de toda la sociedad.
El ministerio señaló que se concluyó la investigación de urgencia que se había solicitado y que “en la mañana del pasado jueves, cinco jerarcas de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional mantuvieron su reunión habitual de novedades diarias”.
En un improvisado juego de probabilidades, la posibilidad de que admitieran los seguimientos es menor al 0,1%.
La investigación debe basarse para tener elementos contundentes ademas de la indagatoria a los involucrados, a un trabajo de Inteligencia policial, sobre Inteligencia Policial.
Esa tarea de investigación interna cuenta con una dirección para ello que es la Comisión de Asuntos Internos de la policía que informa de sus resultados al Fiscal policial y esos son los insumos que debería tomar el Ministro del Interior o alguna de sus máximas autoridades políticas.
No tenemos elementos para culpabilizar de la decisión tomada, según fuentes de Pereyra a “el tercer jefe del Servicio de Inteligencia policial ordenó tareas de vigilancia y seguimiento”Álvaro Trindade Jefe del servicio de Inteligencia, pero no todos los funcionarios son capaces de admitir como lo hicieron en Rocha, cuando mandos policiales ordenaron seguir y filmar a militantes en contra de la LUC.
En todo caso, el escueto comunicado del Ministerio del Interior sobre las tareas de seguimiento sobre Pereyra y el mecanismo que dicen haber utilizado para descartar la denuncia generan mas dudas que certezas.
El Director Nacional de Policía Diego Fernández fue señalado tanto por Pereyra como por dirigentes del Sifpom (sindicatos de funcionarios policiales de Montevideo) que denunciaron haber sido intervenidos en sus teléfonos, como uno de los responsables de las medidas extra judiciales.
(Director Nacional de la Policía Diego Fernández)
Pedido de informes
La bancada de senadores del Frente Amplio elevó al Ministerio del Interior dos Pedidos de Informes, uno sobre las denuncias de Pereyra y el Sifpom y otro sobre el uso del Guardián.
En el primer caso se piden los nombres de las autoridades que impartieron la orden de los seguimientos y si se tomaron medidas disciplinarias, pero a cartas vistas del comunicado, la respuesta es previsible.
En el segundo caso solicitan saber sobre el manejo y uso de el Guardián y los funcionarios que están a su cargo.
En la reunión que los dirigentes del Sifpom con el Ministro del Interior Luis Alberto Heber y otras autoridades, se aseguró que su uso esta dentro del marco de la ley y que cualquier actividad de intervención se realiza con previa orden judicial.
Lo que no le mostraron a los dirigentes del Sifpom son los registros, pero la respuesta conformó a los dirigentes sindicales que dieron por concluido el asunto y no llevarán adelante instancias ante a fiscalía.
Refrescando marcos legales
Si bien contra las decisiones personales de apartarse de la ley no hay una medida muy efectiva, salvo que el apartamiento de los cuadros de mando, y el obstinado silencio del Director Nacional de Inteligencia del Estado Álvaro Garcé, conviene recordar que por disposición de la Ley N º16.696 del SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA DE ESTADO, sus actividades refieren a que Los órganos integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado desarrollarán sus actividades actuando bajo el más estricto cumplimiento de la Constitución de la República y de los principios del régimen democrático republicano de gobierno, en pleno respeto a los derechos humanos y dentro del marco de la Política Nacional de Inteligencia.
En el caso especifico de la Inteligencia policial contenido en el articulo 3 de la ley, es una actividad que comprende lo relativo a la obtención, procesamiento, análisis y distribución de información relativa a la prevención y eventual represión del delito común y el crimen organizado en su calidad de auxiliar de la Justicia, a través de la prevención y represión del delito.
En todo éste asunto lo mas violentado parece ser el literal E del artículo 5 d ella ley que establece la Ponderación que implica que la información que se requerirá será la necesaria y solo se diseminará la tendiente al cumplimiento de los cometidos de cada uno de los órganos integrantes del Sistema,de acuerdo a sus respectivas reglamentaciones, a las disposiciones de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado y a esta ley. Por lo tanto, contravendrá este principio el empleo de la información del Sistema en beneficio específico de personas, organizaciones privadas, partidos políticos u otras de cualquier naturaleza y finalidad, quedando estos casos sujetos a las acciones civiles, administrativas y penales que pudieren corresponder.
APU y Cainfo en alerta
APU se mantiene alerta frente a las acciones que el periodista desee llevar adelante.
Fabián Cardozo, presidente de la citada Asociación, dijo al Portal APU.uy que “la reunión fue buena”, al tiempo que resaltó que “nosotros nos damos por enterados” de las acciones llevadas adelante por las autoridades respectivas “pero no significa que cerremos el tema”. “De aquí en más dependemos de la actitud del periodista. Si el periodista quiere denunciar ante la justicia lo acompañaremos”, dijo Cardozo .En diálogo con los medios, Cardozo sostuvo que “este tipo de temas a nosotros nos interesa que no quede solamente como una denuncia pública, que alguien pueda hacer en un medio de comunicación”, afirmando también que “hemos señalado que este tipo de cosas que pasan en otros países de la región antes no llegaban al Uruguay, pero ahora lamentablemente parece que sí”.
El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo), presidido por el periodista Fabián Werner, resaltó el lunes que la “vigilancia policial a periodistas es una amenaza grave que debe ser esclarecida”.
Cainfo expresó desde su portal web que “la vigilancia a un periodista afecta su derecho a buscar y difundir información, por lo que constituye una amenaza a la libertad de expresión. Además, tiene un efecto inhibitorio sobre los demás periodistas y afecta la calidad de la información que llega a la población sobre temas de notorio interés público”.
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