El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, confirmó la activación de una orden de aprehensión nacional e internacional contra el ciudadano uruguayo-estadounidense Gabriel Juliano Leoni. El sujeto es investigado por su presunta participación en una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias controladas, en el marco del caso denominado públicamente como “Narcomaletas”.
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Antecedentes y vínculo con el caso
La investigación se centra en un vuelo privado procedente de Estados Unidos con destino al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en el que Juliano Leoni viajó junto a la exdiputada Laura Rojas. Según registros de las cámaras de seguridad y el manifiesto de vuelo, el arribo incluyó el traslado de 32 maletas cuyo contenido y paradero actual son objeto de investigación.
Las pesquisas del Ministerio Público señalan que dichas maletas habrían sido depositadas en un galpón perteneciente a una empresa de seguridad, propiedad del juez Hebert Zeballos. Durante los allanamientos realizados en dicho recinto, las autoridades hallaron marihuana y maquinaria para el procesamiento de estupefacientes, aunque las valijas originales aún no han sido localizadas.
Coordinación internacional con Interpol
El Fiscal Mariaca informó que la orden de captura ya ha sido remitida a la Policía Boliviana para su ejecución inmediata dentro del territorio nacional. Asimismo, ante la posibilidad de que el investigado haya abandonado el país, se ha iniciado la coordinación con Interpol.
"Estamos trabajando a través de requerimientos fiscales para identificar si esta persona se encuentra en cualquier otro país. Se coordina de manera directa con Interpol para asegurar su captura", puntualizó Mariaca este viernes 30 de enero de 2026.
Línea de investigación
La Fiscalía sostiene la hipótesis de que el ciudadano extranjero formaría parte de una estructura criminal que utilizaba empresas de seguridad legalmente constituidas como fachada para el acopio y distribución de sustancias ilícitas. El Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer la relación entre los actores políticos y judiciales mencionados en el expediente.