-En caso de pago en efectivo, se remita cheque u otro instrumento, y recibo firmado por el receptor de fondos.
-Toda la documentación presentada por cada sector político en los casos en que esos grupos hayan consignado a quién transferir o abonar las sumas de dinero correspondientes.
-Todos los documentos presentados por los sectores destinatarios de las partidas, con la correspondiente rendición de cuentas de los dineros recibidos.
Oficio de Jorge Vaz
Pasados 45 días sin respuesta, Jorge Vaz reiteró el oficio, ahora con un plazo perentorio. Entonces la presidenta de la Junta Departamental, Verónica Robaina, respondió que no se remitiría lo solicitado “porque se violaría el secreto bancario”. Entonces el fiscal resolvió llevar el contencioso a la Justicia y el pasado miércoles, en una audiencia pública, la jueza Gabriela Azpiroz, después de escuchar a ambas partes, dictaminó que la Junta debe remitir en forma urgente a Fiscalía toda la documentación solicitada.
Se votaron su propio sueldo
Un principio de la administración es que ninguna autoridad electa se vota su propio sueldo, sino que éste se establece en el período anterior. Así ocurre con el presidente, los parlamentarios y los intendentes. Pero este principio no rigió para los ediles de Maldonado. El 17 de julio del 2015 el edil blanco Nino Báez, entonces presidente de la Junta Departamental, durante la segunda reunión semanal después de haber asumido el nuevo gobierno encabezado por Enrique Antía (2015-2020), propuso un decreto por el cual se pagaría una cifra determinada mensualmente a cada bancada para ser distribuida en forma proporcional a la cantidad de ediles titulares. La propuesta tuvo el voto de los 16 ediles blancos, de 11 de los 13 frentistas; no la votaron dos del sector de Óscar de los Santos, y de los 2 colorados. Aunque, como la votación no fue nominal, no hay registro en actas, sólo constan declaraciones públicas de los involucrados.
El decreto aprobado una semana después establece:
EXPTE. N° 0292/15.- COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS eleva proyecto de reglamentación de índole presupuestal. (Pasa Depto. Financiero Contable).- VISTO: El planteamiento elevado por la Comisión de Asuntos Internos en representación de las diferentes Bancadas del Cuerpo.
CONSIDERANDO I: Que la Ley 18.485 declaró de "interés nacional para el afianzamiento del sistema democrático republicano la existencia de partidos políticos y su libre funcionamiento" (artículo 1º); a su vez dicho acto legislativo dispuso que "los sectores internos, agrupaciones políticas o listas de carácter nacional o departamental podrán abrir cuentas bancarias en cualquier institución del sistema financiero nacional, para el cumplimiento de sus fines, estando exonerados de todo tributo a esos efectos" (artículo 6º).
CONSIDERANDO II: Que la importancia de los cometidos asignados constitucionalmente y por la Ley 9.515 a Legislativos Departamentales y en concreto a los ediles impone el fortalecimiento de los sectores con representación en la Junta Departamental, a efectos de su mejor desempeño; en ese marco resulta viable legislar sobre un aporte para el desarrollo de las tareas de los sectores partidarios en el ámbito de la Junta Departamental, ya sea con destino a recabar asesoramientos puntuales, gastos en materia de transporte, funcionamiento y representación, etc.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto. LA MESA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL RESUELVE:
1º) Destínase a cada sector con representación en la Junta Departamental una partida para el mejor cumplimiento de sus fines.
2º) A los efectos de la presente reglamentación entiéndese por sector a cada sublema de candidatos a la Junta Departamental que haya obtenido representación en dicho órgano del Gobierno departamental.
3º) La partida se asignará a cada sector en proporción al número de ediles que formen parte del mismo. A tales efectos, la Junta Departamental le destinará una partida que resultará de multiplicar los gastos de representación establecidos mensualmente a favor de los representantes nacionales por el número de ediles que integren el sector.
4º) Esta partida se liquidará mensualmente, se ajustará en las mismas oportunidades y porcentajes que los gastos de representación de los representantes nacionales y se podrá depositar en la cuenta bancaria abierta por el Sector o recibir directamente por el secretario de bancada que designe el mismo.
5º) La partida de referencia se imputará al rubro presupuestal correspondiente, el que deberá reforzarse mediante trasposición presupuestal.
6º) En la próxima instancia presupuestal deberá preverse la asignación dispuesta en el presente acto administrativo en el rubro correspondiente, no debiendo incrementarse el monto global del presupuesto vigente.
7º) La presente reglamentación tendrá vigencia con retroactividad al 10 de julio de 2015.
8º) Dése cuenta al cuerpo, comuníquese al Departamento Financiero Contable y a la contadora delegada del Tribunal de Cuentas en esta corporación, téngase presente y cumplidos los trámites administrativos dispuestos archívese.
Esta resolución nunca fue pública, no se difundió en la web de la Junta y durante algunos meses los mismos ediles la negaron.
En el mismo acto también votaron los incrementos futuros de estas partidas. Por ejemplo, en el 2018 el aumento fue del 28,3 %. La situación hoy es que los ediles cobran casi el doble de lo que un legislador recibe como gastos de representación.
En el año 2015 el monto asignado por edil era de 26.914 pesos; en el 2018 ya era de 40.800 pesos, y hoy es de 89.480 pesos. En tanto, los gastos de representación de un diputado eran en el 2024 equivalentes a 49.665 pesos mensuales.
Todos los meses el presidente de la Junta ordena depositar en una cuenta bancaria y a un nombre determinado por cada bancada, que no necesariamente es edil, ya que hay gente de afuera que la cobra, una cifra que surge de multiplicar el monto establecido como “sueldo” por la cantidad de ediles. Luego cada bancada hace el reparto. Para justificar esta decisión, el Legislativo requirió informes a los juristas Gonzalo Aguirre, Carlos Delpiazzo, Gonzalo Fernández y Álvaro Garcé. Por esa partida, que no paga ningún impuesto ni aportes, los ediles también votaron que no debían presentar comprobantes de gastos.
Solo en el 2024 el Legislativo departamental destinó casi 1.000.000 de dólares con ese único destino. El dinero, como todo el presupuesto de la Junta, lo aporta la Intendencia de Maldonado. El Tribunal de Cuentas lo ha observado año tras año, e incluso en el 2018 el Departamento Jurídico del TCR sugirió el pase a Fiscalía, pero como no existe ninguna sanción, los ediles lo reiteran una y otra vez.
Para la JUTEP es un “sueldo encubierto”
Un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) del 25 de julio de 2018 estableció que “la Junta de Maldonado ha cometido múltiples irregularidades, e incluso violó la Constitución y varias leyes”. Cita los artículos 273 y 295 de la Constitución, además de la Ley de Partidos Políticos, la Ley Orgánica Municipal, la Ley Cristal de Funcionarios Públicos, la ley sobre el derecho de acceso a la información pública y el decreto 30/003 relativo a las normas de conducta en la función pública.
El informe, firmado por Ricardo Gil Iribarne, Matilde Rodríguez Larreta y Daniel Borrelli, exhortaba a los ediles a “dejar sin efecto la resolución”.
Ocurre que hoy la propia Junta define esa partida de dinero como “fondo de fortalecimiento de los sectores con representación en la Junta”. Gil Iribarne, entonces presidente de la JUTEP, dijo: “Entendemos que se violan una serie de normas, no se cumple con lo establecido por la Constitución, particularmente en lo que refiere al carácter honorario de los ediles. Si además las partidas se destinan a los sectores políticos, estaríamos frente a otra irregularidad aún más grave”.
Algunos ediles reconocen cobrarlo
El edil blanco Darwin Correa, expresidente de la Junta Departamental, dijo en una radio local en el año 2023: “Hay una partida que se generó en el período anterior destinada a cada uno de los sectores políticos para su financiación. Algunos alquilan locales, otros ayudan a vecinos, etc. La Junta resuelve casi todo y grandes sumas de inversión dependen de su aprobación”.
En tanto, Leonardo Delgado, entonces coordinador de bancada del Frente Amplio, dijo a Brecha en el año 2020: “Algunos sectores les dan viáticos a los ediles y otros lo usan para alquilar locales u otros fines. No existe un monto específico por edil, sino que se atribuyen aproximadamente 65 mil pesos por línea de ediles”.
Por su parte, el blanco Adolfo Varela, expresidente de la Junta, dijo también a Brecha: “El incremento del 28,3 % aprobado busca compensar los ajustes por IPC que no se cumplieron en estos años. Desconozco si los fondos se usan para mejorar el desempeño de las bancadas, pago a titulares y suplentes o financiamiento de partidos. Para mí no caben cuestionamientos éticos ni jurídicos al asunto”. Otros ediles han reconocido que ellos entregan el dinero a su sector político y éste le reintegra los gastos.
¿Quiénes son los ediles titulares que serán citados a declarar?
La investigación que lleva adelante el fiscal Vaz comprende dos períodos legislativos: 2015-2020 y 2020-2025, pero no se descarta incluir el período actual en caso de que los pagos continúen. En principio se investigará a los titulares, ya que aún se desconoce si hubo reparto también para los suplentes, algo que podría ser aclarado cuando la Junta remita a Fiscalía la documentación solicitada.
La siguiente es la nómina de ediles que actuaron como titulares entre el 2015 y el 2020:
Partido Nacional
Nino Báez, Santiago Pérez, Jacinto Martínez, Damián Tort, Luis Artola, Eva Abal, Nario Palomino, Federico Clavijo, José L. Sánchez, Alexandro Infante, Rodrigo Blás, Carlos Stajano, Magdalena Zumarán, Ana Medina, Darwin Correa y Adolfo Varela.
Frente Amplio
Andrés De León, Daniel Ancheta, Diego Astiazarán, Sergio Duclosson, María Fernández Chávez, José Luis Noguera (fallecido), Enrique Triñanes, Juan Toledo, Eduardo Antonini, Fermín de los Santos, Leonardo Delgado y Lourdes Ontaneda.
Partido Colorado
Eduardo Elinger y Marco Correa (fallecido).
Ediles titulares entre el 2020 y el 2025
Partido Nacional
Verónica Robaina, Carlos Stajano, Luis Artola, Alexandro Infante, Mauricio Tejera, Fosa Trinidad, Damián Tort, Luis Cima, José Ramírez, Christian Estela, Eva Abal, Nino Báez, José Luis Sánchez, Francisco Olivera, Javier Sena, Francisco Salazar, Ronald Martínez, Darwin Correa, Osvaldo Matteu, Pedro Gava y, Adolfo Varela.
Frente Amplio
Leonardo Delgado, Fermín de los Santos, Nicolás Billar, Sergio Duclosson, Joaquín Garlo, Adriana Costa, Hugo Fernández, Susana Hernández y Leonardo Pereira.
Partido Colorado
Luciano Fernández
Entre los mencionados hay tres exediles que hoy son parlamentarios: Rodrigo Blás, senador herrerista; Eduardo Antonini, senador MPP, y Joaquín Garlo, diputado MPP. Además, en otra causa, los entonces ediles blancos Darwin Correa, José Luis Sánchez y Alexandro Infante fueron formalizados por el delito de fraude contra la Junta, uno de ellos con prisión domiciliaria porque no concurrió a la primera citación judicial.
¿Cómo seguirá la causa?
La investigación sobre los pagos a los ediles demandará tiempo y trabajo al equipo liderado por el fiscal Vaz, ya que tienen que analizar una extensa documentación que empieza en el 2015. Luego, con seguridad, citará a los 62 ediles para que declaren como testigos. Y a partir de allí no se descartan otras medidas como el levantamiento del secreto bancario.
Esta investigación tiene otra complejidad, ya que también involucra a sectores políticos que deberán explicar por qué, cómo y qué hicieron con el dinero; si está declarado y presentar toda la documentación. Una siguiente y grave derivación es la posibilidad de una evasión o defraudación fiscal, porque si las partidas se traducen en pagos personales o beneficios a favor de ediles, podrían constituir rentas gravadas que deben declararse.
La denuncia que recibió el fiscal Vaz solicita “la remisión de antecedentes a la Dirección General Impositiva (DGI) para investigar eventuales omisiones tributarias o evasión fiscal, dado que las partidas podrían haber generado ingresos personales no declarados por los ediles o integrantes de las bancadas”.
