Para Corts, es correcto que la DGI quede excluida de la lista de acreedores dado que "no se configura el hecho generador del tributo supuesto". "Es notorio que no existía una actividad ganadera que de forma genuina generará renta, no correspondería, según nuestro criterio, retención alguna dado que no puede observarse el hecho que genere tal obligación", sostuvo.
Los damnificados de Conexión Ganadera esperan ahora que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de por buena la interpretación realizada por la Sindicatura del Concurso y la resolución adoptada por el juez, puesto que "si queda excluida la pretensión de DGI, los US$ 7 millones que DGI insinúa podrán distribuirse entre los acreedores quirografarios en prorrata del valor del capital de cada damnificado", explicó Corts.
"Actividad de Conexión Ganadera no tuvo la fiscalización adecuada del Estado"
El vocero de los estafados señaló que "más allá de la discusión puntual que atravesamos en estos días, lo que queda en evidencia es que fue una actividad que no contó con la fiscalización adecuada -del Estado-. Ya sea por la propia DGI, Banco Central del Uruguay (BCU) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
En ese sentido, Corts apuntó que "es necesario determinar de forma clara cuáles fueron las fallas, no estamos hablando solamente por la responsabilidad del Estado, sino para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro y para ello es necesario dotar al Poder Judicial con un presupuesto adecuado para la prevención efectiva contra el Lavado de Activos".
Informe del síndico sobre solicitud de verificación tardía de DGI
