Justicia y política: mala yunta

Cada vez que la justicia tiene enfrente a algún gobernante o dirigente político la sociedad se plantea los mismos cuestionamientos. Cuesta comprender que ni fiscales ni jueces hacen las leyes, sino que aplican las que fueron aprobadas por el Parlamento. Los fiscales no son parte del Poder Judicial sino que son quienes, bajo el Nuevo Código del Proceso Penal, dirigen la investigación penal con auxilio de la policía, técnicos y profesionales, para que luego un juez decida.

La Fiscalía General de la Nación es un servicio descentralizado con autonomía para todas sus resoluciones que se vincula con el Poder Ejecutivo a a través del Ministerio de Educación y Cultura. Sin embargo el nombramiento de sus autoridades y fiscales depende de las venias otorgadas por el Parlamento. Lo mismo ocurre en el Poder Judicial. Los integrantes de la Suprema Corte, ministros de los diferentes tribunales así como los jueces, necesitan la venia parlamentaria para asumir sus cargos. Es decir, que en última instancia es el poder político quien decide. Tal como lo establece la Constitución.

Pero hay ejemplos de magistrados y fiscales que en el pasado juzgaron a gobernantes, o no atendieron “sugerencias” de ministros de la SCJ, y sus carreras se vieron truncadas. “Acá hubo coima, no lo ve el que no quiere ver”, dijo a la revista Tres en octubre de 1996 el fiscal Hugo Barrios luego de lograr la condena de Enrique Braga y Daniel Cambón por los delitos de “abuso de funciones” y “conjunción del interés personal y público”, por el caso Banco Pan de Azúcar. Ante las cámaras de Canal 4, agregó: “Estoy esperando que el Banco Central ponga un peso más de los 400 millones de dólares que puso para que se configure el daño y pueda procesar por fraude”. En tanto y por el mismo caso Barrios dijo que “Julia Pou no fue condenada porque en ese momento no existía la ley anticorrupción que tipifica el delito de tráfico de influencias”. Fue de las últimas actuaciones de un fiscal con extensa trayectoria, luego condenado al olvido. En tanto el exjuez penal Homero da Costa, uno de los magistrados más respetados del país, nunca fue propuesto para integrar un Tribunal de Apelaciones, como estaba más que calificado, porque en reiteradas oportunidades negó “favores” a algún ministro de la SCJ, y procesó a poderosos personajes y a algunos políticos.

Aun así Uruguay se destaca en el concierto americano por la probidad de jueces y fiscales. Son muy pocos los casos de corrupción detectados. Basta mirar a nuestros vecinos para comprender las enormes diferencias. Hace muchos años un renombrado juez penal argentino fue descubierto robando objetos en un Devoto de Punta del Este. “Yo no me siento colega de esas personas”, dijo entonces Daniel Pereyra Manelli, ministro del Tribunal de Apelaciones uruguayo. Los casos de jueces corruptos, vinculados a actividades delictivas u operadores políticos, han pasado a ser cosa de todos los días en la República Argentina. El caso del juez Sergio Moro en Brasil es el más emblemático de los últimos tiempos. Violando la Constitución se concertó con varios fiscales para lograr la prisión de Lula, incluso fraguando pruebas.

Sin presupuesto

Desde hace muchos años que la sociedad reclama justicia ante el crecimiento de la actividad delictiva. Pero ocurría que las cárceles se llenaban de personas sin condena e incluso hubo muchos casos en que el tiempo de prisión superó al que le hubiera correspondido por el delito cometido.Esa fue una de las razones que justificaron la aprobación del Nuevo Código del Proceso Penal que entró en vigencia el 1º de noviembre de 2017. De esa manera se pasó de un sistema inquisitivo, esencialmente escrito, en que las funciones de acusar y juzgar recaían sobre un juez, a un sistema acusatorio en el que ambas funciones recaen en diferentes funcionarios autónomos y que se sustancia en forma oral. Con el viejo sistema las denuncias realizadas en una comisaría eran o no trasladadas a un juzgado por resolución de la propia policía. Al tramitarse todo el proceso en forma escrita se convertía en algo extremadamente lento. Las causas se acumulaban en las sedes penales e incluso hubo jueces sancionados por demorar la tramitación de expedientes. El nuevo código introdujo una primera novedad. Ahora todas las denuncias ingresan al sistema y una oficina se encarga de derivarlas al fiscal de turno correspondiente, de acuerdo al tipo de delito, lugar y fecha en que se cometió.Por esa sola razón las fiscalías acumulan centenares de investigaciones. Otra novedad fue el juicio abreviado, nada que ver con la figura de colaborador, mediante la cual un formalizado acepta los delitos cometidos, aporta información relevante para la causa, y de esa forma obtiene una disminución de su condena. Así se logra que las personas vayan a prisión condenadas y además se reducen los costos de los juicios.Porque siempre hay un asunto presupuestal en medio. Por ejemplo la Fiscalía General de la Nación logró en 2013 dinero extra para nombrar 44 cargos. Pero entre 2016 y 2021 estuvo sin incrementos para gastos e inversiones. Apenas recibió una partida adicional para la puesta en funcionamiento del nuevo código.Con el arribo del gobierno de coalición no tuvo avances significativos más que pequeños aumentos otorgados en las Rendiciones de Cuentas anuales. El fiscal de Corte Juan Gómez dijo esta semana que “faltan 66 fiscales para todo el país”. Sin embargo otra fuente que integró Fiscalía señaló que Uruguay tiene 10 fiscales cada 100.000 habitantes. Tenemos un buen número. El problema, a nuestro juicio, pasa por la organización. Chile por ejemplo apenas tiene tres para la misma cantidad de personas”, dijo la fuente.

En tanto el Poder Judicial, que supo estar cinco años sin incrementos presupuestales y asumiendo los costos de un juicio salarial millonario, hoy tiene una situación algo más holgada, ya que la aplicación del nuevo código redujo significativamente los gastos.

Una justicia para pobres y otra para ricos

Aunque las leyes sean las mismas para todos, sin importar la condición social y económica, pasa a ser una aspiración a la hora de la aplicación. No es lo mismo ser pobre, no poder pagar un abogado y hasta tener enormes dificultades para concurrir a las audiencias, que estar cómodo económicamente, contratar a un abogado renombrado e incluso hasta aportar pruebas para defenderse. Los abogados de oficio son muy escasos, en lugares los pocos que hay no dan abasto. Además las condiciones de trabajo son malas. El semanario Búsqueda informó la semana pasada que “en el 90% de los procesos por violencia doméstica los denunciados no tienen abogado. Hay una alarmante situación de indefensión”, según dijeron abogados defensores de oficio. Agregaron que “por la falta de cargos no se puede prestar asistencia y ni siquiera se puede escuchar a los niños”. Pero además no todas las personas pueden recurrir a un defensor público. Hay un tope de ingresos de 5 BPC (base de prestación básica), equivalente a 27.800 pesos, así como otros factores, por ejemplo si paga alquiler o si tiene cónyuge. Quien gane por sobre esa cifra no tiene derecho a la defensoría pública. Como se ve hay una franja enorme de ciudadanos que no pueden contratar a un abogado pero tampoco pueden recurrir a uno público. Solo queda que lo salve un amigo. Por otro lado el sistema político ha sido proclive a aceptar la demanda pública por condenas más extensas. Así algunas leyes que castigan a los más pobres se han ido endureciendo, mientras cada vez es más difícil condenar a un lavador de dinero o a un corrupto. Las cárceles uruguayas son un buen ejemplo de esa arbitraria aplicación de leyes. Los más pobres, incultos y desamparados son condenados a vivir en los quintos infiernos, sean estos el Comcar, Libertad, Las Rosas u otros del interior. Mientras que a los ricos o bien vinculados, siempre que no logren zafar de la prisión, se los cuida enviándoles a una unidad especial ubicada en Florida o a la chacra de Campanero, ubicada en Lavalleja. Los ricos cuentan con recursos para tener un abogado dedicado a su caso que presente apelaciones o recursos jurídicos. Los pobres probablemente ni sepan que pueden hacerlo. Pero esto no es responsabilidad de jueces y fiscales, sino estrictamente de los legisladores que son quienes hacen las leyes, definen las normas y votan presupuestos para cárceles. Esta semana se supo que el Parlamento contrató al abogado Gastón Chávez por una cifra de 50.000 dólares, para que haga una depuración del Código Penal, ya que hay leyes vetustas, otras incongruentes y otras inaplicables. Las sugerencias de Chávez serán consideradas en la Comisión de Constitución y Códigos y luego puestas a consideración de senadores y diputados. Probablemente no haya ninguna decisión durante lo que queda de este período de gobierno.

Todos quieren controlar a la justicia

Las leyes son delimitadoras del libre albedrío de las personas dentro de la sociedad. Se puede decir que la ley es el control externo que existe para la conducta humana, las normas que rigen nuestra conducta social. Se entienden como el conjunto de normas imperativas que, para mantener la convivencia pacífica y ordenada de los hombres que viven en sociedad, regulan las relaciones de ellos determinadas por esas mismas normas.Es decir, las leyes determinan lo que está bien y lo que está mal, lo que un ciudadano puede hacer y lo que no a riesgo de ser castigado. Obviamente son también una forma de control político.Es curioso porque los ciudadanos, en nombre de la democracia, aceptan que personas que no contratarían ni para barrer en su casa, promuevan y voten normas que les dicen cómo vivir. La desesperación por controlar la justicia se visualiza cada vez que hay que elegir un nuevo integrante de la SCJ, ministros de los Tribunales de Apelaciones y fiscal de Corte, ya que todos necesitan aprobación parlamentaria. Ahora se evidencia más con la propuesta de crear un triunvirato que dirija a los fiscales. Algo que presuntamente se va a expresar en una partidización de la Fiscalía de Corte, ya que como ni oficialismo ni oposición tienen los votos necesarios para esos cambios, tendrían que negociar nombres.Varios legisladores de todos los partidos, así como también el gremio de fiscales, se oponen a esta iniciativa encabezada por el diputado colorado y exfiscal Gustavo Zubía. Desde el oficialismo algunos legisladores nacionalistas y de Cabildo Abierto han empleado tiempo y espacio para denostar al exfiscal de Corte Jorge Díaz, a la Fiscalía y a algunos fiscales acusándolos de ser afines al Frente Amplio.En la mayoría de los casos porque no eran de su agrado algunos dictámenes. Sin embargo los mismos legisladores no escatiman elogios para la fiscal Gabriela Fossati luego de su dictamen por el caso Astesiano. Curiosamente nadie se propone debatir seriamente cuáles son las dificultades de la Justicia y la Fiscalía a la hora de aplicar las leyes. ¿Es necesaria una Policía Judicial, para de esa forma evitar la dependencia que tiene la policía del Poder Ejecutivo a través del ministerio del Interior sobre todo en delitos complejos o económicos?¿Qué van a hacer con las cárceles? Porque quieran o no, son parte del sistema de justicia. ¿Seguirán como ahora siendo un depósito de muertos vivos o alguna vez serán centros de reeducación y readaptación como establece la Constitución? ¿No será la hora de que tanto el Poder Judicial como Fiscalía elijan sus propias autoridades, con control parlamentario?Y finalmente, ¿no habrá llegado el momento de que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía tengan un presupuesto digno, justo y propio, sin andar “mangueando cada año a los parlamentarios? Sin una justicia que contemple a todos por igual, la democracia se debilita.