Tal como estaba previsto, esta mañana se cumplió la audiencia de formalización de Federico Kreimerman, presidente de la Federación de Funcionarios de Ose (FFOSE), en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez. En esta instancia, la fiscal Fabiana Corbo imputó a Kreimerman por la bomba de humo que encendió en el edificio de OSE durante una movilización realizada el 13 de junio en contra de la licitación para la construcción de la tan discutida planta potabilizadora de Arazatí.
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El delito que se le imputó, como informó Caras y Caretas, fue el de atentado especialmente agravado. En consecuencia se fijó como medida cautelar que Kreimerman debe fijar su domilicio . y no podrá modificarlo sin dar aviso al juzgado durante 60 días.
La fiscal sostuvo que tanto el derecho de huelga y de cualquier movilización sindical está garantizado. "Cuando la huelga deja de ser pacífica y se torna violenta puede haber un delito", señaló.
Además, la fiscal solicitó a OSE la entrega de más registros de las cámaras de seguridad a efectos de continuar con la investigación.
El abogado de Kreimerman, el doctor Juan Fagúndez, ya anunció que apelará esta imputación. "Era una decisión previsible, pero no es que estemos molestos, no estamos de acuerdo", dijo Fagúndez. "Seguimos considerando y tratamos de fundamentar en los minutos que se pueden, porque esta es una audiencia rápida, que no había delito porque, como los propios testigos de la fiscalía dicen, que ninguno se sintió afectado por el humo ni tuvo que consultar a un médico, y todas las circunstancias de que este delito requiere que haya violencia y amenazas sobre los funcionarios, pero ningún funcionario ni los miembros del directorio sufrió violencia ni amenaza".
En este caso, agregó Fagúndez, se penalizó la movilización sindical. Aquí, además, no era una huelga como dijo la fiscal, explicó el abogado defensor.
"La lucha no se negocia"
Frente al juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, los trabajadores nucleados en FFOSE realizaron una movilización. En ese marco, el dirigente Carlos Larrosa dijo a Caras y Caretas: "Hoy se dio la formalización del compañero Federico, que era algo esperable ya que recién arranca la investigación y por lo general los jueces acceden a los pedidos de formalización. Nosotros seguimos manteniéndonos en la misma posición: entendemos que esto es ilegítimo, que no corresponde la formalización de un compañero por una medida sindical. Por eso acompañaremos todo el proceso con la tranquilidad de que esto va a terminar con la confirmación de la inocencia del compañero presidente".
Esto es una medida "que intenta coartar las libertades sindicales", agregó Larrosa. "Pero como ya lo definimos, vamos a seguir con todas las acciones que teníamos planificadas. La lucha no se negocia: vamos a seguir oponiéndonos al proyecto Neptuno y a las irregularidades y negociados que hay atrás. Y acompañaremos al compañero y a todo el sindicado en esta lucha que va a ser larga... pero estamos dispuestos a darla.
Preocupación en el Pit-Cnt
El Pit-Cnt, por su parte, manifestó días atrás que se observa con mucha preocupación que este caso llegue a estrados judiciales.
"El movimiento sindical observa con mucha preocupación que representantes de la Fiscalía General de la Nación, consideren en someter a la justicia Penal a dirigentes sindicales", afirmó la central sindical en un comunicado divulgado el 5 de setiembre.
Se trata de "un episodio vinculado a una manifestación, que no generó ningún tipo de daño, ni material, ni humano tipificado como delito, así como de trascendencia alguna respecto de lo que las autoridades decidían ese día y que de hecho decidieron. Esta actitud es claramente la judicialización de la protesta social, esta vez, ejercida por el movimiento sindical".