La brigada cola

Soplones a sueldo

Cuarenta años después, el ministro del Interior, Luis A. Heber, ensaya una estrategia para combatir la ola de homicidios que conmueve al país. La idea parece ser una elucubración original de la cabeza del jerarca.

El anuncio lo hizo 24 horas después de conocerse las alarmantes cifras de la inseguridad en todo el país y adelanta que la idea solo costará dos millones de dólares y que la plata la tirará a la calle el mismísimo Banco Interamericano de Desarrollo. Para el gobierno será “gasto 0” aunque se informa que estos dos millones son solamente una parte de un proyecto de 10.000.000 de dólares más, que incluirán diseño, implementación, distintas fases del mismo y honorarios diversos. Por los pronto, el propio ministro advierte a los periodistas que duda de los resultados pero que abre sus orejas a todas las ideas, máxime cuando la paga un tercero dispuesto a tirar la plata. Heber propone conformar un grupo con expresidiarios con la pena cumplida -ya “reeducados”, según aclaró- para que se relacionen con el crimen organizado y así combatir el casco duro del delito: el ajuste de cuentas como consecuencia de la batalla entre narcotraficantes. Para ser más explícito les explica a los periodistas que ellos no podrían prestarse a ese juego y tampoco él, porque no son capaces de hablar el argot carcelario con la fluidez de estos oscuros personajes. Heber dice que la policía está para “prevenir y reprimir” y que los expresidiarios -se desconoce la forma de reclutamiento, de manera qué se puntuará sus capacidades, si se someterán a una prueba de idiomas o a un psicotécnico, si habrán de pasar algún test vocacional, de qué viven en la actualidad, etc.- colaborarán porque saben relacionarse con delincuentes. En ese juego de roles que se intuye, los reclutados deberían parecerse más a “ellos”, que a “nosotros”.

Heber omite decir -quizás por ignorancia- que la tarea “preventiva” incluye trabajos de inteligencia. Valga este recuerdo de la pantalla grande: en 1973 se estrenó la película “Serpico”, en donde un policía (Al Pacino) se mimetizaba con los delincuentes y así desmantelaba operaciones y casos de corrupción policial. Pero Heber parece que no vio la película o se durmió sin ver el final. Lo novedoso de la propuesta de Heber es que la brigada de expresidiarios estará financiada por el BID; o sea, serán empleados del BID y no policías ni funcionarios en la plantilla del Ministerio del Interior. En concreto, no serán “soplones ni “tiras” sino “funcionarios bancarios internacionales”. De pronto hasta sindicalizados en AEBU. Tal vez los tumberos reclutados para infiltrarse en los narcos tengan oficina en la Torre Ejecutiva y por qué no, pasaporte diplomático como Alejandro Astesiano. Esta brigada de mercenarios -se busca por estas horas el nombre del grupo de WhatsApp que tendrá- parece tener un destino incierto porque no hubo un trabajo previo de capacitación hacia el interior de las fuerzas policiales y, fundamentalmente, porque lo más curioso es que el ministro ya les está advirtiendo a los delincuentes para que pongan las barbas en remojo porque más pronto que tarde van a ser infiltrados por exreclusos elegidos por hablar más o menos igual que ellos.

La experiencia en otros países

Heber -que se ha declarado ignorante en materia de seguridad- no logra entender un requisito básico que existe en este tipo de experiencias, algunas exitosas como en Colombia y Texas. En los casos exitosos -de diálogo concesivo con las organizaciones criminales- hay sociedad comunitaria organizada. El caso más evidente y estudiado es el de Medellín. Allí, a partir de la Alcaldía y el gobierno nacional, hubo una fuerte inversión social en las zonas rojas de Medellín. Se produjo un fuerte desembarco de políticas públicas (salud, cultura), junto con un vigoroso diálogo social entre las autoridades políticas y la comunidad. Esta estuvo expresada en organizaciones barriales y en las bandas criminales que asolaban el lugar. Ahí hubo diálogo. El foco fue bajar el número de homicidios. La política fue tan fuerte y exitosa que hasta disminuyeron los embarazos adolescentes. Las partes se pusieron de acuerdo. El gobierno se comprometió a una serie de acciones (bajar el patrullaje policial) y las bandas criminales aceptaron dirimir sus diferencias sin el homicidio. Hoy aquella experiencia es motivo de estudio y de réplica, como por ejemplo en Texas. Allí también se apela a las comunidades organizadas, a la humanización del sistema carcelario, a la implementación de medidas alternativas a la prisión, reeducación, reinserción laboral y las negociaciones transaccionales. La tarea de Convivencia del Ministerio del Interior -promovida por Eduardo Bonomi y encabezada por Gustavo Leal- contempló la negociación transaccional para combatir el delito. Esa estrategia permitió inaugurar una lógica organizativa en algunos barrios que permitieron algunos avances, como por ejemplo frenar las ocupaciones de viviendas por parte de organizaciones criminales.

Eso ya ocurrió. Fue exitoso. ¿Fue anunciado? No. Se hizo. Aún hoy vecinos de esos barrios siguen llamando a Leal para atender situaciones. Al principio de este gobierno, un jerarca policial aceptó las mediaciones de Leal y fue destituido por Lacalle por aceptar ese tipo de relacionamiento con un exfuncionario que había “fracasado”).

Zubía y Manini

La propuesta de Heber -que nace mal, porque se utiliza la noticia con un fin marketinero y no tiene sustancia profesional efectiva- parece no sintonizar con las ideas punitivas que presionan al gobierno desde su manga derecha. El general Guido Manini -que le gusta más la pólvora que el dulce de leche- y el diputado Gustavo Zubía -que no puede con sus genes- han expresado sus deseos de un involucramiento militar en tareas policiales. Por suerte, la idea de Heber seguirá la suerte de un ministro que muy pocos creen que durará en el cargo. Lo más probable es que tal idea naufrague antes de zarpar y el capitán se hunda con este barco. Si no fuera así, habrá que advertir a la Policía que algunos de los narcos son “bancarios disfrazados”, son del BID y ganan en dólares americanos contantes y sonantes. Habrá que considerar que aparecerán funcionarios del BID ajusticiados porque a las bandas de narcotraficantes ya avisadas les resultaba sospechoso el esmero de algunos “nuevos” que se perfeccionaban en usar un lenguaje tan carcelario que hasta les resultaba amanerado.

Pero hay otro costado no menos importante. La idea de Heber es resistida por las cúpulas policiales -comisarios retirados en su mayoría- formados en la vieja escuela de la represión sin vueltas. Estos disfrutan más de un tiroteo que de la acción silenciosa de la inteligencia; gozan por capturar a una mujer con 40 gramos de marihuana, más que estudiar los comportamientos en las zonas rojas.

La inteligencia que falta

Expertos en seguridad señalan que las tareas de inteligencia no se publicitan (el ejemplo de Leal en Convivencia es claro).

Anunciar la instalación de esta brigada de ex presos contradice todo manual de manejo de seguridad. Si por una casualidad se llevara a cabo, sería una irresponsabilidad, que pone en riesgo a los protagonistas, haberlo anunciado en la televisión. En verdad, esta propuesta de Heber se hundirá precisamente por la falta de inteligencia, no solamente policial. Veamos el caso colombiano: allí se llegó a la conclusión de que hay tres elementos que funcionan como factores de inseguridad y que emparentan a las ciudades de Latinoamérica: redes de narcos mayoristas, microtráfico de estupefacientes, los jóvenes que no estudian ni trabajan, y los contextos “urbanos”con escasa o nula presencia del Estado. El licenciado Diego Corrales Jiménez es colombiano y se especializa en materia de seguridad. En declaraciones al portal Infobae, declaró que “es necesaria la combinación efectiva de diversas estrategias. No todo se soluciona con políticas sociales, ni tampoco con intervenciones militares. Es decir, hay que saber muy bien en qué momentos combinar políticas alrededor de la percepción, de la previsión, la disuasión, la coerción y la sanción del delito. En el caso de los jóvenes que no estudian ni trabajan -y que posiblemente puedan entrar al mundo de la delincuencia- hay que brindarles una especie de oferta institucional, un mundo de oportunidades educativas y laborales. Ahora bien, si aun existiendo esta política continúan por el camino de la ilegalidad, hay que caerles con la fuerza de la ley”. El otro elemento es “la ejecución de políticas integrales, donde el urbanismo social es muy importante. Debemos entender la arquitectura y la estética como parte de las transformaciones sociales de las ciudades”. La Brigada Cola de Francella tenía un perro tonto que se llamaba “Tronco”. Era solo un perro callejero, le estaba vedada la ingesta de alcohol, antes de ir a la televisión le indicaban una espirometría, tenía prohibido expresar una idea y nadie lo hubiera imaginado como ministro del Interior.

EL QUE SABE RENUNCIA Y EL QUE NO SABE ES MINISTRO

“Los homicidios son el único delito que no se puede esconder porque ahí está el cadáver”

Martha Valfre renunció al Grupo Técnico Honorario para Cárceles, un equipo asesor del Ministerio del Interior conocido popularmente como el “GACH de seguridad. Valfre es directora de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses. No es militante del Partido Nacional sino asesora de Cabildo Abierto. Pero en cuestiones de seguridad, sus ideas no siempre parecen las típicas de una cabildante.

Abogada y psicóloga, estudia e investiga, sobre todo lo referente a los homicidios. Ha trabajado con la población carcelaria y ha sugerido, sin mucho éxito, clasificar a los presos y armar cárceles, o módulos, o pisos, por tipos de personalidades, para poder encarar la rehabilitación.

Es lo mismo que pide hoy, con el plus de tratamientos para el consumo problemático para una población carcelaria en que la mayoría de los reclusos tienen actualmente entre 18 y 25 años con un consumo problemático que complica las cosas. Ha recomendado trabajar más sobre las medidas alternativas. Hoy quienes controlan la libertad y las medidas alternativas son policías y no técnicos; quienes gestionan la privación de libertad también gestionan las medidas alternativas,

¿No se entiende la necesidad de contar con técnicos, con gente capacitada?

La sensación que me queda es que hay una disyuntiva: seguridad versus supervisión en libertad. Creo que prima el “bajemos los números”, porque eso es lo más importante y lo otro es una “línea secundaria”. Y es un error. Porque cuando tú estás mandando a una persona presa, nunca jamás puedes olvidarte que un día va a volver a estar entre nosotros. Y si te voy a mandar preso por equis razón, mi interés no es que vuelvas resentido por cómo te trataron, o tecnificado para hacer cosas peores.

¿Es así como vuelven?

Tú has visto las cárceles. ¿Te parece que alguien que estuvo en esas condiciones puede venir deseoso de convivir con los que lo mandaron para allí adentro? Es difícil. Del módulo 11 del Comcar no puede salir nadie rehabilitado. Allí no rehabilitas a nadie. Lo que hay allí son caniles. Y a mí no me gusta poner a la gente en caniles.

“La persona que comete un delito debería ser evaluada. ¿Está en condiciones de asumir una medida alternativa? ¿O está en un nivel de consumo problemático tal que no puede proyectarse más allá de su consumo? Entonces podemos saber qué hacer con esa persona (...) Hoy tenemos un sistema divorciado. ¿No podemos correr las banderas políticas, al menos en este tema? ¿Qué han hecho otros países?"

¿Cómo deberían ser las cárceles?

Hay que construir cárceles o módulos nuevos, que como máximo reciban a 500 personas, a las que hay que clasificar bien. Pero lo que se puede construir no se condice con la cantidad de gente que ingresa a las cárceles cada mes, cada semana. Estamos corriendo de atrás. Por eso son necesarias también las medidas alternativas.

Mucha gente equipara esas medidas al volver sin castigo para sus casas.

No es así. Es mandarlos a una prisión domiciliaria o a una tarea de rehabilitación, que en cualquiera de los dos casos debe ser supervisada. El problema es que si tú tienes poca gente para hacer esos seguimientos, obviamente termina pasando lo que la gente dice.

La gente no asume que los presos van a volver algún día. ¿Por qué?

La sociedad está muy polarizada. La gente pide cárcel, cárcel, cárcel, porque quiere seguridad, seguridad, seguridad. ¿La tenemos? No. Vivimos todos detrás de rejas. El Poder Legislativo responde a la voluntad de los votantes y si la gente pide presos, presos, presos, se sacan leyes en ese sentido. Pero cobrar al grito nos sale carísimo.

¿Qué deberíamos hacer?

La persona que comete un delito debería ser evaluada. ¿Está en condiciones de asumir una medida alternativa? ¿O está en un nivel de consumo problemático tal que no puede proyectarse más allá de su consumo? Entonces podemos saber qué hacer con esa persona. Se necesita ese estudio previo.

Y se necesitan técnicos para hacer eso.

Por supuesto. Por eso nuestra recomendación. Hoy tenemos un sistema divorciado. ¿No podemos correr las banderas políticas, al menos en este tema? ¿Qué han hecho otros países? ¿No podemos copiar las buenas experiencias?

¿Qué han hecho?

Estudian a cada preso. ¿La persona delinquió para consumir una droga? Si es así, se le da un tratamiento. Demos recursos para que las pericias que se hacen sean serias y los diagnósticos confiables. Si la persona está bien evaluada, sabes quién es rehabilitable y trabajas con él en ese sentido.

El diputado Gustavo Zubía suele decir que hablar de rehabilitación es propio de “Frutillitas”.

Seré una “frutillita”. Está claro que no todos son rehabilitables, pero un porcentaje sí. Y vale la pena, porque nos beneficia a todos. Si la gente no lo quiere mirar desde el lado humanista, que lo vea del lado egoísta. Si de 14.500 presos podemos rehabilitar a 4.500 yo estaría contenta y me quedaría mucho más tranquila, porque son 4.500 que salieron del delito.

"Hay varios errores (en quitarle importancia a homicidios entre narcos). Yo no quiero que Uruguay sea una Ciudad Juárez. No quiero acostumbrarme a ver que apareció uno con un tiro en la cabeza, quemado y maniatado. Nadie sabe si no va a terminar herido en una balacera cruzada. Y en esos barrios vive mucha gente que no es delincuente".

Y el eslogan de Cabildo Abierto “se acabó el recreo”, ¿no iba en línea con el reclamo de cárcel, cárcel, cárcel?

Yo soy técnica, no política. Y como tal no creo en la cárcel a mansalva. Puede ser para algunos delitos, como los sexuales. Pero no creo que si tú robaste un celular para poder venderlo y comprar paste base, tengas que ir cinco años preso. Porque quizás si en lugar de eso te pongo en un plan de rehabilitación y te enseño un oficio, te pueda transformar en una persona útil.

Las cifras de robos y rapiñas caen, pero los homicidios suben. ¿Estamos más seguros como dice el gobierno?

Depende de lo que sea seguridad. Los números son los números, y no los discuto. Pero las cifras de denuncias a mí no me dicen nada, porque la gente ya no denuncia. Y los homicidios son el único delito que no se puede esconder, porque allí está el cadáver.

Existe una tendencia a restarles importancia a los homicidios originados en disputas o venganzas de narcos.

En eso hay varios errores. Yo no quiero que Uruguay sea una Ciudad Juárez. No quiero acostumbrarme a ver que apareció uno con un tiro en la cabeza, quemado y maniatado. Nadie sabe si no va a terminar herido en una balacera cruzada. Y en esos barrios vive mucha gente que no es delincuente. Pero insisto: hay que atacar la demanda de droga, no la oferta. Y la demanda la sacas con tratamientos, que hoy en Uruguay no estamos dando. El Fonasa no los costea.

¿En las cárceles hoy no hay experiencias educativas?

Sí, hay, pero no son suficientes. Una de las ideas que yo tenía era hacer convenios con el IPA o con Magisterio, para dar clases dentro de las cárceles. Lo tomo del ejemplo de lo que vi en Estados Unidos, donde llegan un paso más: hay clases universitarias en la cárcel. En Uruguay hoy tenemos cárceles enteras con apenas un solo maestro.

"Hay que atacar la demanda de droga, no la oferta. Y la demanda la sacas con tratamientos, que hoy en Uruguay no estamos dando. El Fonasa no los costea"

Usted dijo que todo el Comcar tiene apenas un solo psiquiatra.

Sí. Había otros dos que renunciaron. Hoy queda uno o quedaba, porque estaba por jubilarse. Iba dos veces por semana y veía a 70 personas, en una cárcel que tiene 4.600 presos y un 85% de ellos con problemas de consumo. ¿A quiénes atendía? ¿Existen los estudios que determinan quién de verdad necesita atención? Con un solo psiquiatra, más que médico debería ser vidente.

¿No se puede actuar con un poco de creatividad y realizar un convenio con algún actor privado o universitario que logre mejorar esa situación?

A mí se me ocurría que la Junta Nacional de la Droga pudiera financiar el salario de un psiquiatra para que fuera atractivo trabajar en el Comcar.

Es importante. Porque si no ponemos técnicos, vamos a seguir poniendo curitas en fracturas.

Nota: fragmento de entrevista extraído de El Observador