La Junta Departamental de Maldonado y su poca transparencia

La Junta Departamental de Maldonado es un buen ejemplo de todo lo que no se debe hacer desde el poder. El Partido Nacional tiene 21 ediles, mayoría absoluta, y no necesita de nadie más para imponer su voluntad. El Frente Amplio cuenta con 9 ediles y el Partido Colorado con uno.

En particular durante el presente período legislativo han incurrido en varias prácticas antidemocráticas. Por ejemplo, no votar la extensión del tiempo en el uso de la palabra a un edil opositor que los había criticado; retirarse de sala cuando se cuestiona al gobierno, votar proyectos de resolución entre “gallos y medianoches”, como ocurrió el pasado viernes 30 modificando la ordenanza de construcciones para José Ignacio.

La ausencia de transparencia en los gastos de publicidad es notoria. Ni la intendencia ni la junta informan sus criterios de distribución de la pauta publicitaria. Según el Presupuesto Quinquenal, al final de este período la intendencia habrá gastado algo más de 5 millones de dólares para autopublicitarse y comprar afinidades en los medios.

En tanto en el año 2020, en plena pandemia y con toda actividad reducida al mínimo, la Junta gastó 500.000 dólares en publicidad. Y el actual presidente prometió el día que asumió “realizar varias campañas públicas”.

Los criterios de distribución y el verdadero sentido y conveniencia de esas campañas no los conoce nadie. La experiencia indica que ningún medio, definido opositor por ellos mismos, recibe publicidad oficial.

El propietario de un medio importante de Maldonado confesó a Caras y Caretas, que “si lo critico, Antía me quitará los 85.000 pesos de publicidad que me paga cada mes”

Se votaron su propio sueldo

En julio de 2015, apenas asumió el nuevo gobierno encabezado por el intendente Enrique Antía y a propuesta de varios ediles blancos, la junta decidió votar un sueldo para cada edil.

La decisión es violatoria de la Constitución de la República, del Estatuto del Funcionario Público, el gasto es observado todos los años por el Tribunal de Cuentas y la Jutep, encabezada por Ricardo Gil Iribarne, condenó “por ilegal” lo que denominó “sueldo oculto”. Pero además es ilegal por donde se lo mire ya que ninguna autoridad electa puede votar su salario, sino que este se establece en el período anterior.

La propuesta de los blancos fue acompañada por los ediles frentistas que respondían a Darío Pérez y por uno de los dos ediles colorados.

Hoy ese sueldo supera los 100.000 pesos, no paga aportes al BPS ni tampoco IRPF. En realidad ni siquiera se sabe quién lo cobra.

Todos los meses el presidente de la junta ordena depositar en una cuenta bancaria y a un nombre determinado por cada bancada, una cifra que surge de multiplicar el sueldo por la cantidad de ediles. Luego cada una hace el reparto.

Hay ediles que aseguran que no lo cobran, pero nadie ha explicado qué se hace con el dinero.

Este año el legislativo departamental gastará aproximadamente 1.000.000 de dólares con ese único destino. El dinero, como todo el presupuesto de la junta, lo aporta la Intendencia de Maldonado.

Un ciudadano de origen colorado, indignado con esta situación, presentó una documentada denuncia ante la fiscalía a cargo de Schubert Velázquez, que nunca citó a nadie y a mitad del año pasado ordenó el archivo.

A mediados de diciembre pasado, Velázquez fue traslado a Montevideo para hacerse cargo de la Fiscalía Penal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 1er turno.

En problemas con la ley

A principios del año 2014, la periodista Mónica Robaina denunció en el semanario Brecha una trama de defraudación contra la DGI por un monto estimado en unos 500.000 dólares.

El principal protagonista era el entonces edil y hoy diputado herrerista Rodrigo Blás, quien a través de su inmobiliaria vendió el fraccionamiento Valle Di Saronno, contiguo a Laguna del Diario, subfacturando cada lote. Junto a él estaba Darwin Correa, entonces edil y actual presidente de la junta, quien estaba a cargo de la sucursal de Blás Propiedades en la ciudad de Maldonado.

Una inspección de la DGI le encontró a Correa varias cuadernolas en las que constaban los montos de las ventas y lo verdaderamente declarado.

Después de más de un año de investigación, el organismo recaudador le aplicó una multa cercana a los dos millones de dólares al titular de la inmobiliaria, es decir, Rodrigo Blás. Además lo embargó para cobrar los adeudos.

A la vez presentó una denuncia penal contra el titular y varias personas integrantes de la misma empresa acusándolos de haberse organizado para defraudar a la DGI.

“El 15 de mayo de 2019 el fiscal del Crimen Organizado, Luis Pacheco, resolvió archivar el caso, a pesar de que encontró culpable a Blás. La decisión se basó en el artículo 11 de la instrucción de priorización de la persecución penal en el sistema no acusatorio. Lo curioso es que el mismo día que Pacheco priorizó la persecución de este delito. Si Pacheco lo hubiera tomado en cuenta, Blás habría terminado procesado”, informó el sitio 180.com.

A fines de 2020 el edil Darwin Correa, descontento con una intervención del edil Nelson Lages (FA) aprovechó que este salió de sala y lo golpeó desde atrás provocándole lesiones, además de la rotura de un vidrio.

En mayo de 2021el juez Diego González lo procesó “como autor penalmente responsable del delito de Lesiones Personales Intencionales”

Correa es además de edil y operador inmobiliario, presidente de la Liga Mayor de Fútbol de Maldonado. En agosto del año pasado OFI lo suspendió por 17 partidos por amenazar a un árbitro.

La sanción implicaba la prohibición del ingreso a los partidos que dispute la selección de Maldonado en todas sus categorías y en cualquier escenario que juegue el equipo.

Durante el primer gobierno de Antía (2000-2005) Correa integraba el sector que lideraba el edil herrerista Alfredo Lara. Ambos fueron durísimos opositores a la gestión del intendente. Lara terminó como director en el primer gobierno del frenteamplista Óscar de los Santos y Correa apenas se desempeñó como tercer suplente de Blás en la junta.

Con el regreso de Antía al gobierno, Correa pasó a ser un ferviente defensor de la gestión. Creció económicamente y ahora no vacila en obtener beneficios de la intendencia para dos instituciones deportivas que integra. Recientemente se adjudicó un predio público para que se construyera un lugar de entrenamiento para la Liga Mayor que preside. También el club de rugby Los Lobos obtuvo un predio en el fraccionamiento del mismo nombre ubicado en la rambla de la Brava y avenida Roosevelt.

El caso del edil blanco Adolfo Varela es paradigmático.Integró la lista de Blás, pero antes de la elección se pasó al sector liderado por Juan Sartori, por lo que fue electo por dos sectores diferentes, pero optó por ocupar la banca herrerista, lo que ocasionó un severo conflicto en la interna.

En noviembre pasado el programa Santo y Seña lo acusó de haber estafado a varias personas con la venta de criptomomedas. Varela negó la información, pero los testimonios difundidos lo dejaron en evidencia.

Simón De Vitta, inversor de la empresa InBierto propiedad de Varela, denunció haber perdido cerca de 60.000 dólares. Contó, además, que dentro de todos los depósitos que realizó, en una oportunidad lo hizo a una cuenta bancaria que le pasó Varela y cuyo titular es la “Agrupación Política Todos hacia Adelante por Maldonado”, que pertenece al Partido Nacional. “Me dijo que lo enviara ahí porque tenía una cuenta bloqueada”, contó al mencionado programa de Canal 4.

Tras ser consultado por Santo y Seña, Varela negó la acusación y expresó que “ni en pedo” solicitó esa transacción a la cuenta bancaria del PN. Sin embargo, De Vitta presentó el comprobante por el dinero mencionado, con fecha del 18 de marzo de este año y número de transacción 396264, realizado en la red de cobranzas Abitab.

Conflicto de intereses

La comisión de Obras de la Junta Departamental es el organismo más codiciado por la mayoría de los ediles.

Allí se trata todo lo referido a nuevas construcciones, fraccionamientos y desarrollo urbano del departamenfo.También se consideran y aprueban las excepciones a las ordenanzas requeridas por los inversores. Normalmente el plenario del Legislativo vota todo lo aconsejado por su comisión.

Cinco ediles blancos miembros de la Comisión de Obras, que la integraron hasta principios de diciembre pasado, son operadores inmobiliarios.

Darwin Correa asumió a fines de noviembre como presidente de la Junta, es socio en Blás Propiedades. Desde entonces ya no integra la referida comisión.

Javier Sena es inmobiliario y presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este. Fue quién propuso “regalarle” 40 metros más de altura al proyecto Cipriani. Luis Artola es un poderoso empresario que opera en varios rubros, también el inmobiliario. Alejandro Infante es empresario en el mismo ramo y Pedro Gava es el principal de una de las inmobiliarias más importantes de Piriápolis.

Estos últimos cuatro continúan como miembros de la Comisión de Obras.

En tanto el edil Christian Estela, también integrante de la referida comisión, debe ser el más conocido de todos a nivel nacional. Aparece periódicamente en los videos de Zin TV diciendo “le dio pa’ que tenga, pa’ que guarde y pa’ que ponga a enfriar”.

Curioso personaje que hace unos 20 años operaba un pequeño almacén en el barrio San Antonio, lugar de trabajadores ubicado en la periferia de la ciudad. Al final del primer gobierno de Antía pasó a residir en la avenida Roosevelt frente al sanatorio Mautone. Para explicar el cambio dijo públicamente que “un amigo le regaló un yacuzzi y no tuvo más remedio que construir una casa”.

Un testigo lo acusó como “prestamista” durante las audiencias judiciales que terminaron con un exdirector de Cultura blanco, preso por una millonaria estafa realizada desde su profesión de escribano.

Desde el segundo gobierno de Antía, Estela opera el parador municipal Papa Charlie, ubicado en parada 8 de la Brava. La adjudicación está a nombre de su esposa y recientemente fue extendida por 10 años más.