* Reducir el hacinamiento (redistribución o realojamiento).
* Solucionar la falta de personal para garantizar seguridad y acceso a actividades (espacio libre, trabajo, educación).
* Mejorar la infraestructura eléctrica y sanitaria.
El Tribunal de Apelaciones confirmó sustancialmente dicha sentencia y otorgó 210 días para cumplirla.
En ese lapso, el INR solicitó varias prórrogas (150 días y luego 100 días adicionales), sin dar respuestas ni soluciones.
A pesar de los informes y audiencias realizadas durante 2024 y 2025, persistieron estos incumplimientos, motivo por el cual, la Fiscalía solicitó la aplicación de astreintes (sanciones económicas diarias).
Los incumplientos señalados por la Justicia
Al respecto, el Juzgado Letrado en lo Penal de 44º aceptó el pedido de Fiscalía. Apuntó que "han transcurrido más de dos años desde la sentencia definitiva sin cumplimiento integral, lo que desnaturaliza el carácter urgente del habeas corpus".
En la resolución detalla los tres aspectos advertidos que no fueron solucionados:
Literal a) (redistribución de reclusas): "Se considera cumplido en términos generales, aunque el hacinamiento persiste debido al aumento de la población (de 719 mujeres en 2023 a 820 en diciembre de 2025)".
Literal b) (falta de personal): Incumplido. El personal es insuficiente para garantizar seguridad y acceso a derechos (actividades, recreación, educación).
Literal d) (infraestructura eléctrica y sanitaria): Incumplido. Si bien hubo reparaciones, no se acreditó que se hayan eliminado los riesgos para la vida y salud de las internas.
Resolución final
La Justicia declaró el incumplimiento del Ministerio del Interior – INR respecto a los literales b) y d) y le impuso una sanción económica de 10 Unidades Reajustables (UR) -$18.518 aprox.- por cada día de incumplimiento, hasta que se acredite el cumplimiento efectivo de las obligaciones pendientes.
Según establece la Ley 15.982, tras pasar unos días de la sentencia el dinero se reparte en partes iguales entre el Poder Judicial y la otra para la parte demandante, en este caso los funcionarios penitenciarios que fueron quienes realizaron la denuncia.
Al respecto, el presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen), Germán Gutiérrez, expresó que todavía no tienen definido el destino del dinero que percibirán.
Críticas al proyecto de descentralización del INR presentado por Negro
El sindicato señala que este fallo "evidencia la necesidad -como política de Estado- de que las cárceles salgan de la órbita del Ministerio del Interior".
Sobre el proyecto de ley presentado por el ministro Carlos Negro, entiende que es "muy gradualista". Según Gutiérrez, la descentralización tiene que ser de una manera "rápida", que "incluya el pase de los 5 mil policías penitenciarios -que cumplen funciones en el INR- a prestar servicios en el nuevo Instituto Nacional de Reinserción".
Asimismo, el Sitrapen sostiene que es "imperiosa" la "creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", porque Uruguay hoy "carece" de un ministerio que elabore "políticas de acceso a la Justicia" y de "defensa de los derechos humanos" en los centros penitenciarios.
Por otra parte, Gutiérrez cuestionó a todo el sistema político por que todavía no se ha nombrado al nuevo Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, tras la salida de Juan Miguel Petit.
Al respecto, advirtió que "es la figura más garantista, la persona que vela -desde el punto legislativo- por las derechos de las personas privadas de libertad" y la que "le da transparencia a las condiciones de reclusión todos los establecimientos -penitenciarios- de Uruguay".
