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Política Gobierno |

A contramano

La más grosera demagogia del gobierno multicolor

Para definirse como artiguista, se requiere ser popular y amparar a los desposeídos, progresista, antiimperialista y antioligárquico.

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La polémica decisión de la Administración Nacional de Educación Pública, que determinó que en cada salón escolar se coloquen cuadros que reproducen las imágenes de José Gervasio Artigas, José Pedro Varela y Enriqueta Compte y Riqué, no sintoniza, en modo alguno, con la teoría y la praxis que ha signado la paupérrima gestión de la devaluada coalición republicana que padecemos hace ya más de tres años.

La resolución, que dividió la opinión de los actores políticos y hasta de historiadores entre el elogio y la crítica, está inspirada exclusivamente en un intento por maquillar la desteñida gestión de las autoridades de la ANEP, a través de la reivindicación de tres figuras señeras de nuestra historia. Lo cierto es que el pensamiento de estos personajes está reñido con las prácticas autoritarias, tanto de la cúpula de la ANEP como del gobierno nacional.

Si bien Artigas es la única figura que reúne unanimidades en el sistema político y en nuestra sociedad, su preclaro ideario está en las antípodas de la ideología de este cada vez más decadente gobierno derechista.

En efecto, José Gervasio Artigas, que más que un héroe fue un caudillo revolucionario y un jefe militar, promovió un proyecto político federalista, que concebía a la Banda Oriental como una provincia autónoma, pero no como un país propiamente dicho.

Desde ese punto de vista, Artigas no puede ser considerado un prócer uruguayo, porque Uruguay jamás estuvo en su imaginario. Fue el mito el que lo transformó en un héroe uruguayo y en un triunfador, pese a que sus ideas fueron derrotadas y -traicionado- debió marcharse exiliado a Paraguay.

Incluso, el caudillo no era por cierto un mero nacionalista, sino un internacionalista puro, que adhirió a la prédica de los caudillos y libertadores Simón Bolívar y José de San Martín, quienes proclamaban el imperativo de construir una patria grande de Estados latinoamericanos.

El único partido político uruguayo que adhiere a esa tesis desde su propia fundación, hace ya 52 años, es el Frente Amplio. Esa postura colisiona con los partidos derechistas que integran el gobierno, que históricamente se han puesto recurrentemente bajo la égida y el paraguas imperialista de Estados Unidos. La dictadura que padecimos durante 12 años de espanto, que contó con la colaboración de referentes blancos y colorados, es un buen ejemplo de esta afirmación, que es, naturalmente, irrefutable.

Ni siquiera Cabildo Abierto puede reivindicar a Artigas en la medida que es un partido progolpista que ciertamente no comulga con la tesis antiautoritaria y antiimperialista del prócer.

Por supuesto, la ideología de este gobierno es rabiosamente antiartiguista y para nada sintoniza con la célebre frase del revolucionario oriental, contenida en el Reglamento de Tierras de 1815: “Que los más infelices sean los más privilegiados”.

Muy por el contrario, para la denominada coalición republicana o multicolor, la privilegiada es la élite empresarial que gobierna nuestra economía. Es decir, los socios que le financiaron la campaña al presidente.

El proyecto político de este gobierno ruinoso es todo lo contrario y está condensado en las reflexiones del propio presidente Luis Lacalle Pou, quien afirma que “los malla oro” -es decir la oligarquía- son los que mueven la máquina productiva del país.

Precisamente, su gobierno se ha dedicado a favorecer a ese rancio patriciado, con generosos subsidios y exoneraciones cuyo monto trepa a la friolera de más de 3.000 millones de dólares anuales.

Naturalmente, mientras la riqueza está cada vez más concentrada, el año pasado los salarios y las jubilaciones se mantuvieron estancados y, luego de la pérdida registrada durante 2020 y 2021, el poder de compra está casi 3% por debajo de la prepandemia.

Incluso, es tan grosera la acumulación de capital en manos de la rosca burguesa, que en apenas tres años los depósitos bancarios crecieron 10.000 millones de dólares, mientras aún hay 350.000 uruguayos que viven bajo la línea de pobreza, 42.000 más que en 2019, y todavía funcionan ollas populares y los comedores del Mides.

Obviamente, no puede haber algo más radicalmente antagónico que la política de tierras de este gobierno y el reglamento artiguista. Hoy observamos, con indisimulado estupor, una concentración cada vez más acentuada en manos de poderosos latifundistas dedicados al agronegocio, algunos de los cuales ocupan cargos en la administración encabezada por Luis Lacalle Pou. Al respecto, contrariamente a lo que afirman los voceros de la Asociación Rural y de la Federación Rural, el agro no mueve la economía del país porque no redistribuye ni derrama riqueza. No en vano, este lucrativo negocio solo genera el 8% de los puestos de trabajo según lo consigna el propio Instituto Nacional de Estadística, con retribuciones escandalosamente magras propias del trabajo esclavo.

Mientras el Reglamento de Tierras de Artigas era realmente una reforma agraria, que fue tomada en parte por el programa del Frente Amplio en su primera comparecencia en las urnas en noviembre de 1971, la praxis de este gobierno no propende al reparto, sino a la apropiación del patrimonio tierra y de la plusvalía por parte de los hacendados.

Por ende, invocar a Artigas es una postura meramente demagógica, que se nutre más del mito introyectado por fórceps que de la historia, porque sitúa al caudillo en un pedestal que nunca ostentó y bastardea groseramente la verdad cuando afirma que fue un héroe uruguayo porque Uruguay como país no existía ni siquiera en su imaginación.

Para definirse como artiguista, se requiere ser popular y amparar a los desposeídos, progresista, antiimperialista y antioligárquico, cuatro conceptos que solo están presentes en el acta fundacional del Frente Amplio. En tanto, la derecha que nos gobierna es exactamente lo contrario: regresiva, antipopular, proligárquica y proimperialista.

Tampoco se justifica la reivindicación de José Pedro Varela, el fundador de la escuela pública, quien proclamaba que “la educación era necesaria para el ejercicio de la ciudadanía”.

Ese concepto colisiona radicalmente con la denominada “transformación educativa” que desde este año está aplicando el gobierno, que apunta claramente no a formar ciudadanos críticos y empoderados de sus derechos, sino a adiestrar fuerza de trabajo y mano de obra para el mercado laboral.

Naturalmente, los groseros recortes presupuestales que ha padecido el sistema educativo -con pérdidas de cientos de horas docentes y fuentes de empleo- van en línea con el no tan soterrado propósito de desmantelar a la educación pública, deleznable objetivo que solo es funcional a la enseñanza privada destinada a las élites económicas que pueden pagarla.

El pensamiento de la eminente educadora Enriqueta Compte y Riqué, precursora de la educación inicial, va también a contramano de los planes regresivos del oficialismo. “Se debe dejar crecer, dejar pensar, dejar hacer, y no intervenir contra el crecimiento, el pensamiento y la acción”, expresaba la pedagoga. Esta reflexión es incompatible con el talante represivo de las autoridades de la ANEP.

La decisión de imponer la colocación de imágenes de Artigas, Varela y Compte y Riqué en los salones escolares es un burdo gesto demagógico de un gobierno mentiroso, improvisado y de sesgo autoritario.

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