La Policía como problema de seguridad

¿Cómo se llega a apoyar un régimen donde los derechos humanos no existen? Sencillo, la gente se agota de la inseguridad, de no contar con libertad de desplazamiento, de tener que vivir encerrada y atemorizada. Y también de la falta de respuestas.

Prestar atención a un problema que casi nadie toma en cuenta

Es la primera vez en muchísimos años que alguien con experticia en criminalidad es nombrado ministro del Interior. Antes de Carlos Negro se nombró a dirigentes políticos que, o se hicieron a golpes, o cometieron un sinfín de desatinos que terminamos pagando todos.

Las causas de la criminalidad existente pueden encontrarse en diferentes fuentes. También hay que asumir que hay gente interesada en que el crimen crezca. Para algunos es la esencia de sus negocios y para otros una fuente de poder. Pero hay un factor que nadie cuenta en ninguno de los análisis, y es la situación de la Policía y sus bolsones de corrupción.

El exdirector nacional de Policía, inspector, Julio Guarteche, consideraba que la corrupción era "el delito más importante a combatir". Advertía que un Estado corrompido es la puerta de entrada para el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos, “por lo que deshonrar el uniforme exigía una depuración institucional”. Agregaba que “el principal problema que enfrenta cualquier país no son los delitos comunes sino la corrupción institucional. Sostenía que si el delito prospera en una sociedad, generalmente se debe a que las autoridades no lo previenen, hacen la vista gorda o se benefician directamente de él”. Y reconocía que “cientos de policías debían ser dados de baja anualmente por prácticas corruptas o vínculos con el narcotráfico y el contrabando”.

Pues todo indica que a Guarteche muchos lo citan pero pocos lo han entendido. Concretamente durante los 10 años de Eduado Bonomi al frente del Ministerio del Interior se destituyó aproximadamente al 10 % de la fuerza. Un policía por día es acusado de corrupción o abuso de poder. Por un momento imaginen ustedes que el 10 % de actores en cualquier área, políticos, periodistas, médicos, municipales, jueces o fiscales, etc., fueran destituidos por esas mismas razones. Sería un escándalo nacional. Sin embargo, nada ha ocurrido con la Policía.

Después vino Jorge Larrañaga, seguramente bienintencionado pero sin ninguna preparación, y convocó de regreso al cargo a varios de esos viejos oficiales o policías dados de baja. Ante su desgraciado fallecimiento, lo sustituyeron Luis Alberto Heber y Nicolás Martinelli, dos improvisados. Ahora hay un exfiscal de Homicidios a cargo de ese ministerio, que se enfrenta con el grave problema que afecta a la fuerza que debe dirigir: demasiados policías vinculados al crimen.

En un mes, dos policías asesinaron a sus exparejas, a otras tres personas y luego se suicidaron. Se esgrimió una enfermedad mental como causa.

Hace una semana, dos policías de Colonia colocaron una falsa bomba en una automotora con la intención de distraer a los efectivos y poder robar una agencia de pagos. Uno de esos policías se paseaba por la ciudad luciendo símbolos nazis.

El domingo, tres personas fueron ejecutadas a balazos en una boca de pasta base en el Cerro. Fuentes policiales dijeron que se sospecha que los mataron para que no hablaran al otro día cuando estaba previsto allanar esa casa. O sea, claro como el agua, alguien informó a los narcos sobre ese allanamiento. Hay tres posibles fuentes: el fiscal que lo pidió, el juez que lo autorizó o la Policía que debía llevarlo a cabo. Ustedes elijan. Como hay muchos antecedentes sobre prácticas similares, parece obvio que el responsable es un policía desleal.

Antecedentes peligrosos

Hace 30 años, cuando el juez penal Homero Da Costa investigaba las actividades del narcotraficante Omar Clavijo, ordenó una serie de escuchas telefónicas que entonces tenían una complejidad que hoy no tienen. Los policías que respondían directamente al juez descubrieron así que un oficial de la Dirección de Investigaciones de Maldonado le pasaba a los narcos toda la información sobre allanamientos previstos. También lo hacía con delincuentes comunes.

Más acá en el tiempo, por orden de Fiscalía, un grupo de policías hizo durante meses tareas de inteligencia sobre una casa montevideana en donde funcionaba una boca y se sospechaba que había armas y hasta uniformes policiales. Un día se dio la orden de allanamiento, pero hubo que esperar hasta que saliera el sol. Al rato, el oficial a cargo del operativo dijo al fiscal: “Doctor, no encontramos nada, ni a los tipos. Les avisaron y usted sabe quién”. Los policías sospechaban de su propio jefe.

En el año 2014, y molesto con una decisión del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, un alto jerarca de Inteligencia hizo pública una detallada investigación sobre los barrabravas del fútbol. Fue destituido, pero la investigación judicial quedó arruinada porque los delincuentes se enteraron de quiénes eran investigados y a quiénes se les había pinchado su teléfono.

A principios del 2015, el comunicador Rafael Villanueva fue protagonista de un accidente de tránsito en el que falleció un motociclista. Cuando se investigó el teléfono de este hombre, la Fiscalía se enteró de que traficaba drogas y que un policía de Castillos le informaba sobre rutas liberadas.

Lo que ocurrió en el estadio Campeón del Siglo una semana atrás es algo que no tiene parangón. Se supone que la Guardia Republicana es una fuerza entrenada para atender conflictos y proteger a la población. Es obvio que gasear un estadio y disparar balas de goma hacia la multitud no debe figurar en los protocolos.

Efectivos de la Guardia Republicana fueron los que mataron a Ignacio Suárez, de 21 años, un hincha de Peñarol que el 13 de mayo de 2023 se incrustó en una reja al intentar saltar un portón. Las imágenes incluídas en la carpeta fiscal no dejan margen de dudas.

Según cifras oficiales, el 15 % de la fuerza policial está certificada. Son unos 5.000 policías a los que pagamos todos los meses, mientras por otro lado se reclama presupuesto para ingresar 2.000 efectivos. La mayoría de esos funcionarios esgrimen padecer una enfermedad mental como excusa.

El problema para los ciudadanos es cuántas de estas personas enfermas y armadas tienen la tarea de protegernos a diario.

Es cierto que la mayoría absoluta de policías son abnegados y honestos funcionarios que diariamente, y cada vez más, arriesgan su vida para proteger la de todos. Ellos también deben convivir con esos bolsones de corrupción sin saber de qué lado vendrá la próxima bala.