La Policía que no deberíamos tener

La caída de Alejandro Astesiano, exjefe de la seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, formalizado por varios delitos vinculados a la falsificación de pasaportes, abrió otras investigaciones que terminaron involucrando a varios jerarcas policiales.

Desde el 25 de setiembre pasado cayó casi la mitad de las más altas jerarquías policiales.

Pero antes, desde el principio del gobierno actual, se expuso parte de la debacle cuando la mitad de los jefes de Policía o altos oficiales de todo el país debieron ser sustituidos y varios terminaron formalizados.

Bastó un año de gestión de Jorge Larrañaga como ministro del Interior, para borrar todo lo bueno que se había hecho desde mediados de los 90 con el inspector Roberto Rivero primero y luego con el inspector Julio Guarteche.

El lamentablemente fallecido ministro Jorge Larrañaga creyó que con consignas vacías de contenido, como “hay orden de no aflojar” o “a la Policía se la respeta”, lograría contener los altos índices de inseguridad. Pero solo logró empoderar a funcionarios que se sintieron impunes, además de desalentar a los buenos policías, que son la mayoría.

Luis Alberto Heber, que no estaba preparado para el cargo, heredó una situación que se le fue de las manos.

Parece que solo le interesa liderar el campeonato de asesinatos en disputa con el FA.

Doce policías se suicidaron en lo que va del año y un porcentaje altísimo está certificado por enfermedad. No existen estudios serios para saber por qué ocurre eso.

Tampoco se constata demasiado interés, sobre todo entre los jóvenes, para ingresar a una fuerza que tiene buenos salarios, en comparación con la media.

En la última semana ocurrieron algunos hechos que, una vez más, demuestran que esta no es la Policía que deberíamos tener.

Tacuarembó: una conspiración para desacreditar a abogado defensor

El pasado jueves 7, Joaquín Gamba, abogado defensor de oficio en Tacuarembó, y hasta el año pasado presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, presentó una denuncia penal contra el Comando de Investigaciones de la Jefatura de Policía de ese departamento por “simulación de delito”. Y además denunció a la fiscal Mabel Brites por un presunto delito de calumnia.

Según la denuncia, a la que tuvo acceso Caras y Caretas, unos días antes de su traslado, la fiscal Brites denunció ante la Suprema Corte de Justicia que el abogado Gamba estaba involucrado en la fuga de un detenido el 18 de abril pasado.

La fiscal aseguró que el hombre logró escapar porque el abogado defensor le había entregado la llave de las esposas. Citó además un caso similar ocurrido dos años atrás en un juzgado tacuaremboense.

La SCJ otorgó un plazo de 24 horas para que el abogado presentara sus descargos. El 4 de mayo Gamba respondió que “toda esta situación denunciada por la fiscal Brites era una maniobra de la Policía de Tacuarembó para sacar del medio a este defensor por las distintas denuncias por abusos policiales (de todo tipo) que suceden a nivel de la Dirección de Investigaciones”.

El máximo órgano de Justicia dispuso una investigación administrativa para intentar aclarar cómo ocurrió la fuga.

Gamba solicitó a la Fiscalía una audiencia para que se le informara si estaba en calidad de imputado en alguno de los dos hechos denunciados por la fiscal Brites. La Fiscalía respondió que no había ninguna imputación contra él.

En sus primeras declaraciones, el preso fugado, y luego recapturado, afirmó que su abogado defensor le había entregado la llave de las esposas y así logró escapar.

Pero el abogado afirmó que “ambos estaban en el garaje de Fiscalía, donde atienden a los defendidos, cuando el hombre con las esposas puestas se levantó, corrió la puerta y fugó. Yo le avisé enseguida a la Policía, que lo detuvo a un par de cuadras”, dijo.

A los pocos días de estar recluido, cumpliendo prisión preventiva, a través de su hermana envía una carta a la defensora de oficio, Ana Baladón, en la que afirma que “fue la Policía quien le dijo que debía declarar que Gamba le había dado las llaves de las esposas para que escapara. Y que si hacía eso, lo iban ayudar”. En la carta manifestaba estar “arrepentido de esa declaración”.

El 6 de junio pasado la abogada Baladón mantuvo una entrevista con el detenido, quien la autorizó a grabar y utilizar, en la que explica con detalles lo ocurrido el 18 de abril y reitera sus acusaciones contra el comando policial. Y luego las mantuvo ante el juez de la causa.

El abogado Gamba afirma haber sido agraviado por la fiscal Brites “quien sin ninguna prueba se hizo eco de lo señalado por la Policía”.

El detenido fue nuevamente formalizado por la Justicia sin que la fiscal imputara el delito de autoevasión como se afirma “lo había hecho en otras oportunidades”.

Finalmente, en su denuncia, el abogado defensor solicita que “se adopten precauciones ya que esta Policía es la que va a continuar trabajando con este defensor y seguramente no desista de su intención de querer involucrarlo intencionalmente en algún hecho delictivo para que de una vez por todas no ejerza más su función de garante de las personas detenidas, que se ven a menudos sometidas a actitudes delictivas de la misma Policía”.

La próxima semana Fiscalía comenzará a investigar la denuncia presentada por Gamba.

Maldonado: complicidad con una agresión

El pasado jueves aproximadamente a las tres de la tarde Gabriel Pérez, un jardinero que reside en el balneario Ocean Park, transitaba en bicicleta portando una garrafa de 3 kilos de su propiedad que iba a cargar en un comercio de La Capuera.

En determinado momento, y según su relato, una camioneta Ranger matriculada en Argentina se cruzó violentamente en su camino impidiéndole avanzar. Una mujer que conducía el vehículo, descendió y a los gritos de “ladrón” le preguntó dónde escondía lo que les había robado.

Casi enseguida llegó otra camioneta furgón de la que descendieron tres hombres, que comenzaron a agredir al jardinero. Primero lo tiraron al piso, metieron su cabeza en el agua de una cuneta, mientras lo golpeaban reiteradamente. Luego lo subieron al mismo furgón, lo llevaron al destacamento policial de Sauce de Portezuelo, afirmando “aquí les traemos otro” y se fueron.

Pérez estaba visiblemente golpeado, aun así lo alojaron en una celda hasta que fue derivado a Investigaciones de la seccional de Piriápolis.

La Fiscalía no fue informada de ninguna de estas actuaciones.

Los cuatro agresores, tres hombres y una mujer todos de nacionalidad argentina, conocían al jardinero porque les había cortado el pasto en varias oportunidades.

Vecinos de Ocean Park dijeron que “los argentinos se han constituido como un grupo parapolicial” y ya han agredido a otras personas. Una fuente policial dijo que hace unos días le dieron “terrible” paliza a un presunto ladrón.

Ese mismo jueves, antes de agredir a Pérez, el grupo ya había realizado otro “arresto ciudadano” contra un delincuente que luego fue formalizado.

Además, en redes sociales señalan a sospechosos, pero sin pruebas.

El grupo se muestra muy activo y cuenta con cierta complacencia policial.

“Tenemos miedo”, dijo un vecino a Caras y Caretas.

Las denuncias realizadas a través de diferentes medios visibilizaron la situación y promovieron la actuación de Fiscalía.

Según aseguró la diaria, “Jefatura omitió informar que el denunciante, Gabriel Pérez, no llegó voluntariamente al destacamento, sino que fue entregado en un supuesto ‘arresto ciudadano’ realizado por los tres hombres a los que luego denunció. Tampoco menciona que, en estado de shock y notoriamente golpeado, fue esposado y alojado en una celda, según relató a varios medios en las últimas horas, ni hace referencia a la liberación de la víctima, tras un periplo de varias horas entre el destacamento de Sauce de Portezuelo e Investigaciones en Piriápolis.

En cambio, el comunicado policial señala que Pérez (cuyo nombre no es citado) fue “derivado a un centro asistencial” y que “el certificado médico primario indicó que tendría un hematoma a nivel ocular derecho”.

El próximo miércoles los cuatro argentinos deberán declarar como imputados y para ello fueron emplazados aunque no se dispuso ninguna cautela, por lo que la defensa del hombre agredido teme que los acusados regresen a su país.

En este caso la Policía no actuó en defensa de un ciudadano agredido, ni denunciaron a los agresores como establece la Ley de Flagrancia.

Cerro Largo: un acomodo desmoralizante

Esta misma semana, el periodista Gabriel Pereyra informó sobre un caso de “acomodo” que “desmoraliza a los policías”.

La Jefatura de Cerro Largo llamó a concurso para ingresar a ese organismo.

Uno de los postulantes salió en el lugar 162. Pero “por una orden superior se alteró la lista y quedó en el lugar 30”, señaló Pereyra.