La polémica fue aumentando de tono y, a pesar de la conferencia de prensa por parte del propio Instituto Nacional de Colonización, donde se explicó el proyecto que ameritó la compra por un valor de U$S 32,5 millones, ahora sectores de la oposición piden la renuncia del presidente del Instituto.
El ministro de Ganadería Luis Fratti, consultado sobre el asunto, explicó: “Está enclavado en una zona clave, con acceso, riego y plantas cerca. Me parece de las mejores compras de Colonización en su historia”. Efectivamente, la Estancia María Dolores se encuentra en el enclave de la cuenca lechera del país en el Departamento de Florida.
El presidente de Colonización dijo en conferencia de prensa: “Somos conscientes de que estamos manejando dinero de la población, pero es dinero que se invierte en tierras es una inversión que está generando acceso a la tierra”. Viera dio una conferencia conjunta con el ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Matías Carámbula. Carámbula, al igual que Viera, destacó que se trata de “una inversión en tierra que permanece en el tiempo”.
El subsecretario del MGAP agregó que hay 1.700 familias que se postulan para ser colonas y el gobierno tiene que dar respuesta porque hay interés. Viera informó que decidieron comprar la tierra a solicitud de los propios productores y luego de un análisis del equipo técnico del Instituto sobre la calidad del campo. Los técnicos confirmaron que se trataba de “una oportunidad inmejorable, ubicada en la cuenca lechera, con todas las condiciones del suelo”, según Viera.
El presidente de Colonización anunció que el objetivo es que “en esta colonia se instalen 16 nuevos tambos, 16 familias y se estarían dedicando 2.000 hectáreas para postura, forraje, comida para un potencial de 100 productores con un problema de escala, lo que se transformaría en 10 millones de dólares por año de pasto a leche”.
La Comisión Nacional de Fomento Rural (la misma que impulsara José Batlle y Ordoñez para detener la expansión de la oligarquía ganadera en el país) se pronunció sobre el tema expresando que: “Esta inversión, al pasar a la propiedad pública, queda como patrimonio de toda la sociedad en el marco de un proceso marcado y continuo que se viene desarrollando en nuestro país que ha llevado a niveles históricos la concentración y la extranjerización de la tierra, y su incidencia en ningún caso desestimulará la inversión privada en el mercado de tierras. Para nuestra institución, la política de acceso a la tierra para la producción familiar debe desarrollarse independientemente de quien gobierne, constituyéndose en una política de Estado. La colonización genera riqueza genuina, desarrolla las economías locales, genera puestos de trabajo directos e indirectos, desarrollo territorial y arraigo en el medio rural".
Los “Dolores” de la estancia
En el otro extremo, la Asociación Rural del Uruguay también emitió un comunicado público donde sostiene que la compra realizada por el Instituto Nacional de Colonización va en detrimento del crecimiento económico del país. Plantea que estas medidas alejan las inversiones privadas y debilitan las finanzas públicas. Un latiguillo que siempre realiza la ARU en la defensa cerrada de las arcas del Estado, pues lo mismo decían de las políticas impulsadas por el batllismo a principio del siglo pasado y de los aumentos salariales y la creación de los ámbitos de negociación colectiva con los trabajadores rurales. La voz de los “malla oro” no podía estar ausente.
Junto con la compra, el otro tema que irrita a la oposición política y a las gremiales de los grandes propietarios rurales es que haya llegado a la Presidencia del Instituto de Colonización un colono. "Soy colono, lo dije desde siempre. Soy orgullosamente colono, lo dije cuando asumí", insistió el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera. Sus declaraciones ocurrieron luego de que la oposición, en nombre del senador colorado Robert Silva, pidiera su renuncia. La colona salteña Karina Henderson también asumió como directora del Instituto Nacional de Colonización (INC) en representación de las organizaciones privadas.
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Lucha de clases
En setiembre del 2021, de cara a la rendición de cuentas, realizamos una entrevista al entonces presidente de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (AFINCO), Diego Acosta —“colonización es un problema para la oligarquía terrateniente”—, donde esta asociación, que cuenta con más del 80 % del funcionariado afiliado, tiene claro cuál es el problema del Instituto para las clases dominantes en el medio rural. Advertía Acosta en su oportunidad: “El caso del instituto es un caso único en América, donde el Estado mantiene la propiedad de la tierra y entrega la fracción bajo una concesión de arrendamiento y, con esa renta, a lo largo del tiempo Colonización recupera la inversión. Si esa familia deja la fracción, se le puede adjudicar a otra familia que necesite. Nosotros, como sindicato, postulamos que desde el nacimiento del instituto hubo sectores de la sociedad, como la Asociación Rural y los herreristas, que se opusieron a su creación (idea de los batllistas y apoyada por sectores de la izquierda), y Colonización es un problema para la oligarquía terrateniente, cuyo representante político más directo justamente es el herrerismo. En la LUC se incluyeron dos artículos que son nocivos para el instituto que son el 357 y 358, uno que desafecta tierras del INC sacándolas de su órbita y el otro que no permite a los colonos ni trabajar ni residir en la fracción, lo que habilita a tener tierras a gente que no tiene perfil rural para la colonización, y eso va en contra de por lo que fue creado”.
A su manera, el partido Por los cambios necesarios, integrado por exmilitantes de Un solo Uruguay, expresa en un comunicado público sobre los 32 millones de dólares de la inversión: “¿32 millones les parece mucho? ¿Cuántos cargos políticos de designación directa hay en cada periodo de gobierno para acomodar correligionarios, familiares, amicis, para recaudar, además, con un porcentaje de esos sueldos, las arcas de los propios partidos que los designan? ¿Diez, quince, veinte mil cargos?, ¿cuántos? Que no es solo plata entrando en sus cuentas sino también otros beneficios que pueden ser un secretario, vehículo y chofer y otros, que con plata ajena todos los números dan bien. Tomemos la del medio: 15 mil cargos de al menos 6 mil dólares significan 90 millones de dólares por mes. POR MES. Tres estancias de lujo como la tan cuestionada para que una elite que no elegimos, que no aprobó el ciudadano contribuyente, viva la Dolce Vita, mientras nos preguntamos por qué el Uruguay es tan caro.
Tres estancias por mes compraríamos con ese dinero, que podrían generar 1 millón de dólares por mes para las arcas del Estado nuestro si sacamos del medio la plaga devoradora de progreso y mejor futuro, los malos administradores públicos, los corruptos, los incompetentes, los que utilizan la herramienta política en propio beneficio. Ese es un costo demasiado alto para una sociedad pequeña. El colono paga por lo que recibe, esta gente no devuelve nada, solo quita, algunos ni siquiera se presentan en el lugar donde deben cumplir tarea. Cada año el poder político transfiere de la sociedad uruguaya a unos cuantos correligionarios, el mayor establecimiento rural del país, 620 mil hectáreas que no van a producir nada, solo se perderán en el buen pasar de esos pocos orientales”.
Los papeles
La adquisición del bien fue acorde al artículo n.°35 la Ley de Colonización que establece: “Todo propietario, antes de enajenar un campo de una extensión igual o superior al equivalente a 500 hectáreas de índice de productividad Coneat 100, está obligado a ofrecerlo, en primer término al INC, el que tendrá preferencia para la compra por igual valor y plazo de pago. La falta de cumplimiento de la parte enajenante de las obligaciones impuestas por este artículo determinará la nulidad absoluta del negocio jurídico”. “Los ofrecimientos deberán presentarse en la casa central del INC o en cualquiera de las oficinas regionales. El INC dispondrá de un plazo de 20 días hábiles para expedirse acerca de si acepta o no la oferta, transcurrido el cual sin expedirse se entenderá que no hay aceptación. El ofrecimiento deberá presentarse original y copia, se ajustarán a los requisitos formales que establezca la reglamentación que se dicta en la materia”. Documentos asociados a la normativa del artículo 35 de la Ley n°. 11.029 y sus modificativas: cálculo de la superficie equivalente en hectáreas Coneat 100, instructivo, modelo, permuta, fusión de sociedades, liquidación de sociedades, posición institucional respecto de la ley n.°19.577, vigencia de las constancias y certificados del INC.
Tratando de sintetizar la situación, el diputado de Canelones por el Frente Amplio, William Martínez, y que ha seguido este tema, manifiesta: "Este es un campo que el Instituto Nacional de Colonización hace opción de compra. Es un campo que se encuentra ahí en el límite entre Florida y Canelones, cercano a la ciudad de Chamizo por ruta 12. Son 4400 hectáreas con muy buena infraestructura de riego que están en un enclave estratégico, la cuenca lechera que vale 32 millones y medio de dólares. El Instituto de Colonización hizo una tasación y está dentro de los precios normales para la zona y para ese tipo de campo. Se hizo con la herramienta del artículo 35. Justo hubo algunos anuncios en el cortejo de Pepe Mujica y se dijo que era un homenaje al Pepe, pero hay que desmitificar eso y decir que, en sí, es un homenaje comprar tierra, un homenaje a lo que son nuestros valores y nuestro rumbo político".
Mientras la oposición halla en esta compra un elemento para agilizar su desgastada agenda política, el Instituto creado a impulsos de algunos dirigentes colorados y blancos sigue cumpliendo con su rol, tal cual se encuentra estampado en la ley que lo creó: “DEL CONCEPTO DE COLONIZACIÓN. Artículo 1. A los efectos de esta ley, por colonización se entiende el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural”.
