El famoso artículo 72 que impusó Manini Ríos obliga a los medios a “brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”.
También prevé un aumento de la concentración de grupos mediáticos, extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación, la eliminación de la participación pública y control ciudadano en los procesos de adjudicación de frecuencias.
Además, se plantea en el articulado que el Poder Ejecutivo podrá designar al director del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional (SIPRATEN) por un período de 6 años, unos 30 días a partir de votado. Es decir que este gobierno podrá designar en el tramo final de su gestión a las autoridades de un organismo público y que la permanencia de este supere el período de gobierno de cinco años.
Pedrián el veto de Lacalle Pou
A pesar del bloque oficialista en el Senado, en la Cámara Baja no parece haber, en principio, la misma sintonía. El punto que genera complicación en el seno de la coalición multicolor, tiene que ver con el aditivo referido a la regulación de contenidos que emitan los medios de comunicación.
“Incomodidad” fue la palabra que utilizó el diputado colorado Martín Melazzi, al explicar cómo fue tomada esta modificación. “Hay algún agregado que personalmente no comparto como es coartar de alguna manera la libertad de expresión de los medios de comunicación. Creo que es el artículo más polémico de lo que tenemos”, agregó.
En tanto, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, aseguró que si bien para la bancada de la coalición es un objetivo aprobar el proyecto, considera que hay una “excepción, obviamente, de este artículo”, referido a la regulación de contenidos.
El legislador indicó que "uno piensa que sería deseable que el presidente lo vetara". "No aporta nada a lo que es una muy buena ley", apuntó. Y recordó que la Constitución garantiza la libre expresión por lo que el aditivo de los cabildantes resultaría inconstitucional.