Como si con los contenidos no fueran suficiente para estar alarmados, hay también un problema de forma advertido por la sección jurídica del Parlamento que informa que el Art. 76 del proyecto crea cargos y viola lo dispuesto por la Constitución al no ser establecido por una ley de presupuesto. Viola el Art. 229 de la Constitución: no se pueden crear cargos en los 12 meses anteriores a las elecciones.
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APU rechazó amenazas contra periodista
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APU rechazó aprobación de la ley de Medios.
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Prensa o mordaza
Desde la Asociación de la Prensa Uruguaya se emitió un comunicado alertando sobre los riesgos que esta ley plantea, en un comunicado público emitido a pocos días de su aprobación, apostando a una reflexión por parte de los legisladores del oficialismo, tomando en cuenta las contradicciones que presentaron entre ellos.
El comunicado expresaba: “Ante la decisión de la coalición gobernante de avanzar en el trámite parlamentario de la Ley de Medios, el Consejo Directivo Central de la APU reitera su total y enfático rechazo a esta iniciativa por considerarla notoriamente regresiva, autoritaria y violatoria de principios constitucionales elementales, como la libertad editorial y las libertades de expresión y de prensa.
El oficialismo no sólo avanzó en esta ley con una votación express en el Senado que sorprendió hasta a la propia vicepresidenta de la República, sino que sigue sin escuchar el enfático pronunciamiento de decenas de instituciones, organismos y autoridades nacionales e internacionales que rechazan esta normativa.
Simplemente para enumerar algunas de las opiniones contrarias expresadas recientemente, recordamos a la UNESCO, al Alto Comisionado de DDHH de Naciones Unidas, a la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la Red IFEX de Libertad de Expresión, a la institución Reporteros Sin Fronteras, a la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, a la Red Voces del Sur y al Comité de Protección de Periodistas.
También, como Asociación de la Prensa Uruguaya planteamos la gravedad de esta situación ante la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), que expresaron su total respaldo a nuestro sindicato y a la crítica y reclamo nacional e internacional que se están planteando.
Increíblemente, el próximo martes dos partidos socios de la coalición gobernante votarán la norma por ‘convicción’, aunque con argumentos absolutamente contrarios.
El Partido Colorado lo hará con la convicción de que el presidente de la República vetará el polémico artículo que establece expresamente –entre otros elementos de suma gravedad para los estándares de libertad de expresión y de prensa– la obligación de los medios de brindar opiniones y comentarios de manera ‘seria’, ‘completa’ e ‘imparcial’ bajo pena de que el Estado los sancione.
El partido Cabildo Abierto también votará el proyecto con total convicción de que el presidente de la República no vetará el polémico artículo.
Si no fuera tan grave y sobre todo de nefastas consecuencias, toda esta definición política con ‘convicciones’ tan enfáticas y contrapuestas sería risible.
A todo este lamentable panorama se suma el hecho de que todo esto se empuja contra viento y marea en plena contienda electoral.
Exhortamos, una vez más, al sistema político y en particular a los partidos integrantes de la coalición de gobierno a que no avancen en una norma que –a todas luces– es inconveniente.
Sería deseable que el próximo martes los señores diputados reflexionen sobre la decisión que están tomando y no acompañen con su voto esta iniciativa”.
Ante el hecho consumado de la aprobación, APU no descarta la presentación de un recurso de amparo, pero muchas medidas ahora se están valorando en el conjunto de organizaciones y sindicatos involucrados en forma directa por el tema.
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Trabajadores de Antel nucleados en Sutel pararon este martes en reclamo por la nueva Ley de Medios.
Correo de voz
SUTEL se viene movilizando en contra de la aprobación de esta ley y realizó movilizaciones que los tuvieron como protagonistas en las barras de la Cámara de Diputados. Al inicio del tratamiento parlamentario, los representantes de SUTEL que se encontraban en las barras de la Cámara de Representantes fueron desalojados.
En la web del Pit-Cnt se encuentra la crónica de la jornada de la votación: “El martes 6 de agosto, SUTEL realizó un paro de actividades de 24 horas en rechazo al proyecto de Ley de Medios. La paralización de actividades comenzó a las 12 horas del martes y finalizó a las 12 horas de este miércoles 7. El martes se realizó una concentración desde las 13 horas en la Torre de ANTEL y luego una marcha hasta el Palacio Legislativo donde se analizaba el proyecto de ley del Ejecutivo.
Un grupo de representantes de SUTEL se apostó en las barras de la Cámara de Diputados para presenciar la sesión. Sin embargo, en un momento del debate, hizo uso de la palabra el legislador colorado Martín Melazzi, quien levantó la mirada hacia las barras, donde se encontraban los trabajadores de SUTEL, y expresó: “Somos grandes defensores de ANTEL”. El hecho motivó la reacción de los sindicalistas que comenzaron a pronunciarse a viva voz contra la expresión de Melazzi. Por lo tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Ana Olivera, procedió, de acuerdo al reglamento, al desalojo de las barras.
El análisis del proyecto continuó; no obstante, al llegar a las 20 horas, la sesión finalizó sin que se aprobara la iniciativa, porque no se votó la prórroga de hora en tiempo y forma. Este miércoles continúa el análisis del proyecto.
En la sesión del miércoles 7 sí se votó la prórroga, que culminó sobre las 2 am del jueves 8 de agosto.
La secretaria general del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL), Florencia Leymonié, dijo al Portal del Pit-Cnt que la Ley de Medios “no tiene una sola medida que favorezca a ANTEL; son todas cláusulas que fortalecen la posición de las empresas de los canales privados de televisión y lo mismo sucede con Claro y Movistar”.
“Hubo legisladores del Partido Colorado que pusieron el grito en el cielo y dijeron que no votaban, y ahora la van a votar sin chistar, la misma ley, los mismos artículos, sin modificaciones, todo este mamarracho que sólo mata a ANTEL y que, por si fuera poco, saca del sarcófago lo más oscuro de las normativas de la dictadura y pretende instalar un artículo que valida la censura previa”, cuestionó la dirigente sindical.
“Tenemos claro que a ellos no les tiembla el pulso a la hora de votar leyes contra las empresas públicas y contra los intereses de las y los uruguayos, pero vamos a dejarlo todo, ahí vamos a estar”, sentenció.
SUTEL rechaza, asimismo, “las medidas que favorecen a los dueños de los grandes medios de comunicación con disposiciones que determinan el no pago por el uso de los recursos del Estado y las renovaciones automáticas de autorizaciones y licencias”, y “los cambios normativos que establecen mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación, que atentan contra la pluralidad y la transparencia, eliminan mecanismos de control social y suprimen la institucionalidad creada en la actual Ley de Medios vigente”.
Cuestionan las medidas que “afectan a ANTEL, empresa pública y estatal, que implican ceder la línea del negocio de datos fijos y el acceso a internet a sus competidores, al tiempo que pone al servicio de sus competidores la inversión realizada en despliegue de tecnología”.
SUTEL expresa enfáticamente que rechaza “los cambios normativos que establecen mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación, que atentan contra la pluralidad, la transparencia, eliminan mecanismos de control social y suprimen la institucionalidad creada en la actual Ley de Medios (particularmente la CHASCA), dando el poder de tomar decisiones discrecionales al Poder Ejecutivo”.
Mirando de afuera
Desde el exterior también se dieron señales de preocupación por la aprobación de la Ley de Medios.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-OEA también planteó su preocupación, tipificando la Ley de Medios como “censura previa e impacto en la concentración mediática”.
No es la primera vez que RELE y CAinfo llaman la atención sobre lo que viene pasando en Uruguay en materia de libertad de expresión. En su informe anual, en el que incluye un capítulo sobre la situación de Uruguay, da cuenta de las denuncias de un “creciente clima de hostigamientos y acusaciones contra periodistas y medios críticos” por parte de voceros oficiales, especialmente a través de redes sociales, y señala que eso puede afectar “las garantías para la libertad de expresión y el espacio informativo”.
La RELE ya había expresado su preocupación sobre el proyecto de Ley de Medios, aprobado el pasado 14 de mayo en el Senado, y le pidió a la Cámara de Diputados que “resguarde el respeto de los estándares internacionales sobre libertad de expresión” en las etapas legislativas que quedan a su cargo. La CIDH subrayó que comparte algunas inquietudes “expresadas por organismos internacionales y locales, que han advertido que la aprobación del proyecto podría implicar censura previa y generar impactos en la concentración de medios, la transparencia y la participación ciudadana”.
La Sociedad Interamericana de Prensa, por su parte, rechazó las “regulaciones a contenidos audiovisuales” contenidas en el artículo 72 del proyecto de ley, que establece el “deber” de brindar información “completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”.
Tormentas internas
A poco más de 12 horas de aprobado el proyecto de ley, el presidente Luis Lacalle Pou firmó el veto del artículo 72 de la Ley de Medios. El veto estaba redactado y está siendo firmado por los ministros para ingresarlo al Parlamento, indicaron desde Presidencia. Esperan que ingrese a la última hora de este jueves o el viernes por la mañana, ya que en el Gobierno están estudiando la situación porque la ministra de Salud Pública, Karina Rando, y de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, de Cabildo Abierto, podrían no firmar el veto, ya que su partido fue quien propuso el artículo de la ley.
SUTEL y APU incluyeron en su agenda una ronda de actividades y conversaciones con los candidatos presidenciables a fin de comprometer al nuevo gobierno a derogar los artículos aprobados.
