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Política gestión |

Señales de alerta

Lo que nos deja la gestión económica del Gobierno de coalición

Incumplimiento del pilar 3 de la regla fiscal y ampliación del tope de endeudamiento marcan la gestión del Gobierno herrerista.

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Recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Uruguay ha comunicado que no se cumplirá con el pilar 3 de la regla fiscal, una situación que ha suscitado preocupaciones tanto en el ámbito económico como en el político, pero que muchos ya veníamos anunciando como una realidad que íbamos a enfrentar.

El anuncio fue realizado a través de un comunicado publicado en la página del MEF del pasado viernes 13 de diciembre. Este incumplimiento va acompañado de una decisión significativa: la ampliación del tope de endeudamiento del Gobierno central en un 30 %, pasando de 2.300 millones de dólares estadounidenses (U$S) a 2.990 millones de U$S.

Contexto y justificación

La decisión de incrementar el límite de endeudamiento se realiza en el marco del artículo 699 de la Ley n.° 19.924, promulgada el 18 de diciembre de 2020, que regula el presupuesto nacional para el período 2020-2024. El 13 de diciembre de 2024, el Poder Ejecutivo comunicó a la Asamblea General su intención de hacer uso de esta facultad, argumentando que los cambios sustanciales en los precios relativos, observados en la economía durante los años 2023 y 2024, han derivado en una merma significativa en los ingresos tributarios. Tal situación lleva a un aumento del endeudamiento neto, a pesar de que el gasto nominal se ha mantenido en línea con las previsiones iniciales de la regla fiscal implementada por la actual Administración.

Siempre hay una excusa para una pésima gestión fiscal. Es importante mencionar que esta cláusula fue invocada anteriormente en 2021 y 2023 debido a condiciones de emergencia sanitaria y climática respectivamente, lo que indica una tendencia preocupante en la fiscalidad del país.

Impacto en las proyecciones de resultados fiscales

La proyección de un resultado fiscal estructural de -3.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) se encuentra ahora en riesgo, lo que agrava la situación fiscal de la República. Según estimaciones del MEF, la pérdida de ingresos tributarios podría alcanzar el 0.7 % del PIB, lo que equivale a aproximadamente 600 millones de dólares. Esta caída en los ingresos se debe, en parte, a la reducción de los índices inflacionarios en el país que, aunque ha mejorado el poder adquisitivo de los hogares y ha contribuido al crecimiento económico, ha afectado negativamente los ingresos fiscales del Gobierno central.

Elementos económicos subyacentes

Los cambios en los precios relativos, producto de la caída de los precios internacionales de las materias primas y la distorsión de precios con respecto a Argentina, han tenido un impacto profundo en la economía uruguaya. Estas distorsiones han modificado la relación entre precios transables y no transables, afectando de manera directa las fuentes de ingresos fiscales. La reducción de la inflación, aunque beneficiosa en varios aspectos, ha llevado a una menor recaudación tributaria, lo que ha obligado al Gobierno a actuar con medidas de ajuste financiero, como lo es la ampliación del endeudamiento.

Perspectivas y conclusiones

La decisión de elevar el tope de endeudamiento es una muestra evidente de una pésima gestión de las finanzas públicas realizada por el actual Gobierno. Para adelante existe el profundo desafío de la necesidad de una revisión profunda de la política fiscal y de los mecanismos de previsión económica que rigen al país.

El incumplimiento del pilar 3 de la regla fiscal y la ampliación del tope de endeudamiento neto son señales de alerta para el futuro fiscal de Uruguay. Estas medidas, aunque son respuesta a circunstancias excepcionales, deberán ir acompañadas de un plan claro y sostenible que asegure que las finanzas públicas recuperen su solidez en el mediano y largo plazo, para lo cual existe experiencia y compromiso desde el Frente Amplio. La transparencia y la rendición de cuentas serán esenciales en este proceso para asegurar que se mantenga la confianza de la ciudadanía y de los inversores.

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