Lugano se reunió con ANCAP antes de polémica licitación del portland

El directorio de Ancap fue convocado el 18 de mayo pasado para analizar el pliego de asociación de la industria del cemento portland y cal de Ancap. Con 3 votos a 1 se aprobó un pliego licitatorio que “no pasó por el Parlamento porque este proyecto asociativo necesita de una ley específica y de un debate parlamentario”, dijo Vicente Iglesias, representante del Frente Amplio en el directorio del ente petrolero. Agregó que “se pasará de la producción y comercialización a simplemente vender piedra” y añadió que “se absorben pasivos, se generan incertidumbres en los puestos de trabajo porque no resulta vinculante su continuación, se entrega la totalidad del negocio a manos de privados y no se resuelve parte del déficit tan señalado por los promotores de esta asociación. Ancap seguirá asumiendo costos”, dijo Iglesias. Este esquema asociativo tiene un plazo a todas luces excesivo y la participación de Ancap en esta asociación se estima en porcentajes mínimos. Iglesias precisó a Caras y Caretas que “la participación planteada para Ancap sin informe técnico que avale es entre 10% y 30%. El plazo es de 40 años prorrogable seis veces por diez años. Total, 100 años”. El representante del Frente Amplio en el directorio de Ancap también relató que contó con muy pocas horas “para estudiar los documentos finales luego de presentado el pliego licitatorio; incluso solicité un aplazamiento que fue negado”. Iglesias subrayó que en la privatización o “asociación con privados, Ancap tendrá una participación ínfima en la privatización al tiempo que las pérdidas continuarán existiendo porque no hay una obligación efectiva para esas empresas de invertir”.

Por su lado, la presidenta de Fancap, Natalia Belo, y el secretario general de la Federación de Trabajadores de Ancap, Manuel Colina, se pronunciaron públicamente en un video realizado por el sindicato sobre los perjuicios de la privatización de la industria del pórtlad. Belo indicó que “no se respetará la competencia porque cualquier empresa que no participe de la licitación puede igualar y quedarse con la licitación y no respeta la ley de minería porque no se establece quién y en qué proporción explotará la piedra caliza, si será Ancap o si será la empresa privada”. El recurso natural al que hizo referencia la presidenta de Fancap está valuado en 10.000 millones de dólares y es la materia prima del cemento portland”. Por su lado, Manuel Colina dijo a Caras y Caretas que “el directorio de cuatro personas no puede tomar una decisión que implica la privatización y la entrega de los recursos naturales del país, además de la incertidumbre en los puestos de trabajo de 500 trabajadores”.

Colina coincidió con Iglesias en que “el tema debe pasar por el Parlamento”, como lo establece la Constitución, porque es un recorte a la P de Ancap en un acto administrativo discrecional sin intercambio con los trabajadores ni en el Parlamento”.

Colina indicó que “contra la privatización de la industria del portland haremos todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance y desde el punto de vista jurídico y sindical nos vamos a parar muy fuerte”.

En febrero de 2021 el gobierno modificó un decreto firmado por la anterior administración que favoreció a los propietarios de la empresa cementera Charrúa, Diego Lugano y Diego Godín. En el año 2019 se había decretado regular la comercialización del cemento portland con el fin de "garantizar" las exigencias esenciales de calidad y seguridad del producto usado en el país. Las empresas, según la disposición, debían ofrecer con la fecha de vencimiento del producto, que no podía ser superior a los 90 días desde su despacho, estableciéndose sanciones. Sin embargo, la empresa de Lugano y Godín incumplió el decreto trayendo cemento al país “sin controles y con beneficio en impuestos”, como denunció Fancap en esa oportunidad. Ante esto, en 2021, un decreto firmado en enero de ese año cambió exigencias para el cemento estructural y amplió el plazo de vencimiento del producto a 150 días.

Por su lado, el gremio de la construcción, Sunca, que cuenta con 300 de los 500 trabajadores en la planta de cemento portland ubicada en Paysandú, definió una movilización a nivel nacional hacia Montevideo el 30 de mayo próximo. Su presidente, Richard Ferreira, dijo a Caras y Caretas que “hay riesgo de 300 fuentes de trabajo, que son contratados tercerizados y que están amparados por el Sunca”. Agregó que más allá de esfuerzos en el Ministerio de Trabajo para que se aseguraran las fuentes de trabajo en el marco de esta privatización, nos encontramos con que el pliego no recoge la propuesta y no asegura la estabilidad laboral en ninguna de las cuatro plantas, Minas, Montevideo, Paysandú y Treinta y Tres”.

“Reclamamos -continuó Ferreira- ámbitos de negociación que aseguren lo que en algún momento fue el compromiso del presidente Lacalle Pou: la estabilidad laboral que decía que la asociación no traería aparejada la pérdida de puestos de trabajo. Eso, a la luz del pliego, no es verdad y el Sunca se movilizará a lo largo y ancho del país”.

El presidente del sindicato de la construcción resaltó que “el pliego de licitación solo sugiere que se ponderará la empresa que asegure los puestos de trabajo, pero dependerá del privado que se asocie si acepta la sugerencia o no”. Además, advirtió que “la empresa privada que se asocie puede traer su personal para operar las plantas y que esta gente que tiene más de 10 años de trabajo quede por el camino. Cualquier empresa que no tenga un compromiso del Estado en mantener los puestos de trabajo, al tener mayoría en la asociación, tomará las decisiones que quiera”.