¿Mando militar o mando político?

El artículo 77, numeral 4, de la carta magna expresa: “Los militares en actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”.

No son planteos caprichosos. Ni tampoco refieren a desconfianzas fruto del pasado reciente. Son mecanismos de resguardo democrático para tener reglas claras y evitar excesos que comprometan la estabilidad del país.

La editorial polémica

El comandante del Ejército escribió el editorial de la revista n.° 47 de “La Fuerza de Todos”, en el que repasa las labores de la Fuerza durante el año 2023 y plantea opiniones sobre el escenario electoral del 2024. Al respecto, dijo: “El país estará inmerso en una campaña electoral, una más, será un buen momento para escuchar propuestas, de eso se trata la democracia, quizás también escuchemos opiniones que no nos gusten”. Y más adelante escribió: “Cuando se mienta o se ofenda a la Fuerza, deberemos buscar mecanismos que nos permitan reparar ese daño hacia el público interno, pero también hacia el público externo, así lo haremos, de la forma que elijamos, dentro de lo que la ley nos permita, en la oportunidad que definamos, pero con la firmeza de siempre”.

A pesar de las limitaciones constitucionales, las afirmaciones de Stevenazzi son una manera sutil de inmiscuirse en la campaña electoral. ¿Que sería una ofensa?, ¿quién la define? ¿Será una ofensa la discusión acerca de la doctrina militar o del presupuesto militar? ¿Será una ofensa la discusión sobre las misiones de paz en el exterior? ¿Será una ofensa la discusión sobre las tareas que deben recaer o las que no, sobre las Fuerzas Armadas? Son preguntas legítimas que cualquier lector se puede hacer.

Como se puede observar, el hilo es muy delgado. Por supuesto, nadie es ingenuo como para no identificar una ofensa real, de las que se caen por su propio peso. El problema es qué pasa con el resto, con todo lo que podría considerarse ofensa sin que lo sea y termine transformándose en una excusa perfecta para incursionar en un terreno de opiniones políticas.

En general, las ofensas propiamente dichas contra la institución militar no han estado presentes en las campañas electorales más recientes. Por lo tanto, no es buena cosa arrojar dudas sobre las intenciones de quienes realicen planteos críticos relativos a la defensa nacional, o incluso del factor militar. Es perjudicial para la convivencia democrática sembrar dudas infundadas sobre un tema que debería ser debatido por el conjunto de la sociedad. Uruguay carece de una cultura de defensa nacional, entre otras cosas porque existe una tendencia a considerar estos temas como relativos a la experticia militar, cuando es mucho más que eso. La integra, pero no es la única.

Es cierto que pueden existir en sectores sociales determinados prejuicios sobre la profesión militar, pero no menos cierto es que en filas castristas también existen prejuicios sobre los civiles en general, o sobre determinados colectivos políticos y sociales en particular. El problema es que estas brechas o diferencias legítimas que puedan existir no se resuelven con el Ejército debatiendo ideas que a juicio de un comandante sean ofensivas. El Ejército, al igual que las demás fuerzas, deben encargarse de lo que establece la Constitución y la ley. Su misión nada tiene que ver con la intromisión en debates políticos, por más que alguien lo considere injusto.

Por supuesto que el Ejército o cualquiera de sus integrantes tiene derecho a molestarse con declaraciones que eventualmente pudieran ser ofensivas. Pero ello no le otorga derecho ni marco legal para intervenir en una discusión política ni en una campaña electoral. En todo caso, si existiera una situación de este tipo, lo que corresponde es que sea el mando político quien responda a las posibles ofensas y no las Fuerzas Armadas. Salvo que alguien pretenda que integrantes de las Fuerzas Armadas sean los encargados de debatir, cosa que no solo está prohibido, sino que además sería muy peligroso. Las Fuerzas Armadas cumplen órdenes y asesoran cuando se les pide, cualquier otro desvío no puede pasar inadvertido por nadie, sea del partido que sea.

En este sentido, es preocupante que ni el ministro de Defensa Nacional, Javier García, ni el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, hayan hecho al menos un llamado de atención al comandante del Ejército luego de sus expresiones. El silencio en situaciones así no es bueno para el fortalecimiento democrático, porque otorga credenciales que no corresponden. Cabe preguntarse si el ministro García estaba al tanto de lo que escribiría Stevenazzi en el editorial de la revista, o si este último pidió autorización para opinar de esa manera. Porque de ser así, sería todo mucho más grave.

Un antecedente reciente

No se trata aquí de criticar al Gobierno por criticar, como habitualmente se dice. Al Frente Amplio también le duelen prendas al respecto en cuanto al vínculo con comandantes del Ejército y sus apariciones públicas. El manejo de la situación con el entonces comandante en jefe, Guido Manini Ríos, demostró debilidades y contradicciones internas de la fuerza política de izquierda. Si bien el actual senador de la República tuvo sanciones luego de varios exabruptos, se lo dejó “crecer” de manera inexplicable. Fueron varias las oportunidades en las que Manini Ríos violó la Constitución ingresando al debate político respecto a la reforma de la caja militar y tratando de mentirosos a algunos ministros del Gobierno de Tabaré Vázquez.

Eso de por sí fue grave. Y es peor aún porque recientemente se conoció, a través de confesiones del mismo general, que mientras ejercía su cargo de comandante organizó un partido político, Cabildo Abierto. Un hecho de enorme preocupación que prácticamente ha pasado desapercibido en el debate público sin consecuencias de ningún tipo. Las señales fruto de la inacción muestran debilidad o complicidad de los responsables políticos, lo que sería trágico para el destino del Uruguay.

Las medidas deben tomarse a tiempo y no dejar crecer elementos que van contra la ley y la disciplina militar. Uruguay necesita de fuerzas armadas bien formadas, altamente disciplinadas, mejor equipadas para defender al país y ejecutar las misiones y tareas asignadas por la ley. Bienvenido sea un debate profundo, honesto y estratégico acerca de cómo desplegar estos objetivos.

Pero lo que no se puede permitir es que se ingrese en un terreno de desvíos institucionales que sólo conducen a un debilitamiento de la democracia. Debe quedar claro, las Fuerzas Armadas no pueden estar al servicio de ningún partido político ni de ningún candidato, tampoco al servicio de corporativismos. No está bien que se las utilice para intervenir en el debate político bajo los pretextos aquí analizados. Esperemos que el comandante del Ejército no se preste para sacarle las castañas del fuego a nadie, ni que tampoco se le permita en caso de que pretenda hacerlo.