La LUC, al modificar el régimen de agravantes (artículo 36 del Decreto Ley N.º 14.294, promulgado en el año 1974, en la redacción dada por el artículo 74 de la Ley N.º 19.889), estableció que, si se aplicaba alguno de los numerales del artículo 36, la pena mínima volvía a ser de cuatro años.
La modificación del mencionado artículo, según alertaba España, “contribuye a empeorar la situación, a que pueda haber mayor hacinamiento, o que se den situaciones de mujeres que son derivadas a diferentes lugares del país, lejos de sus familias, lo que incide en que no las visiten, a veces por falta de recursos, y que vivan su privación de libertad en un contexto de mucha desolación”.
En aquella entrevista, la abogada definió a esta modificación que posibilitó la LUC como “desproporcionada, selectiva y clasista”, advirtiendo que profundizaría la desigualdad y violencia que padecen las mujeres. Ejemplificó la desproporcionalidad señalando que "hay personas condenadas a 4 años de prisión por querer ingresar 17 gramos de marihuana", ya que la normativa vigente no distingue ni sustancias ni cantidades, resultando en castigos desmedidos para delitos considerados leves.
España también destacaba que estas mujeres, además de enfrentar la desproporcionalidad de la condena, "no tienen forma de redimir esa pena" por la exclusión de los delitos de estupefacientes del régimen de redención por trabajo o estudio, lo que calificó como "un sinsentido” con el concepto de rehabilitación.
"Está demostrado que los delitos vinculados al microtráfico tienen un grado de peligrosidad, riesgo y reincidencia nulo", señalaba la abogada en 2022. También advertía que el encarcelamiento de estas mujeres, a menudo extorsionadas y en situación de vulnerabilidad, generaba impactos negativos sobre terceros, en especial sobre sus hijos e hijas, que quedan en una situación de particular vulnerabilidad.
El nuevo proyecto
De alguna manera, las predicciones se cumplieron. La imposición de una pena mínima de 4 años, sin posibilidad de que el juez considere diferentes contextos, provocó un aumento dramático en el encarcelamiento femenino y un significativo aumento del hacinamiento. Mientras la población carcelaria general creció un 5,2 % entre 2021 y 2022, la cantidad de mujeres presas se incrementó un 13 % en el mismo periodo, según consigna la exposición de motivos del actual proyecto de los legisladores frentistas, citando un informe presentado por el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, con datos correspondientes al 2020.
También destaca que el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Penitenciario documentó que para 2023 la tasa de ocupación era peor para las mujeres (136 personas cada 100 plazas) en comparación con la de los varones (122). Otro dato alarmante es que el aumento de mujeres privadas de libertad también implicó un mayor aumento de niños y niñas viviendo en cárceles.
El perfil de las mujeres encarceladas por estos delitos, de acuerdo al documento mencionado en el proyecto, es claro: son en su mayoría pobres, vulnerables, con hijos menores a cargo y que han sido sometidas a presión o extorsión por sus compañeros o familiares privados de libertad. Se involucran en el mundo del delito por supervivencia debido a sus condiciones socioeconómicas. Además, se ha constatado la sobrerrepresentación de personas sin antecedentes penales previos (primarias).
En este escenario, el proyecto de ley presentado recientemente por el diputado Alejandro Zavala y la diputada Magela Rinaldi, ambos representantes del Frente Amplio, busca poner fin a esta desproporción. La iniciativa, que se basa en un aporte inicial del doctor Diego Camaño, propone eliminar la imposición de una pena mínima obligatoria de cuatro años de prisión efectiva para el delito de ingreso de estupefacientes a cárceles, devolviendo al juez la facultad de evaluar el caso a caso, la vulnerabilidad de la persona y la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la privación de libertad.
La nueva iniciativa legislativa, que sustituye el artículo 36 y deroga expresamente el artículo 60 del Decreto Ley N.º 14.294, busca corregir la "distorsión en el régimen de dosimetría penal". El núcleo de la propuesta es mantener los agravantes para el delito, pero sin establecer una pena mínima fija. Esto le restituye al juez la posibilidad de evaluar el contexto, la cantidad de droga (generalmente mínima), así como considerar si la persona es primaria (sin antecedentes). También posibilita aplicar medidas alternativas a la prisión, especialmente para mujeres que son jefas de hogar o que están a cargo del cuidado de terceros.
Este proyecto se alinea con las demandas de diversos actores sociales, desde los feminismos y organizaciones de derechos humanos hasta organismos nacionales como el Comisionado Parlamentario Penitenciario.
Devolverle al juez la humanidad
El impulso para "desandar el camino" apresurado de la LUC, en palabras del diputado Zavala, tiene anclaje en la realidad carcelaria. Durante una entrevista en el programa "Legítima Defensa" de Caras y Caretas, el legislador aseguró que, si bien la norma es genérica, "básicamente ha afectado a las mujeres jóvenes y pobres," muchas de ellas imputadas por el intento de ingresar "pocos gramos de marihuana a la cárcel". Zavala agregó que, en muchos casos, estas acciones no se dan en un contexto de libre albedrío, sino en "contextos complicados" donde, en general, el ingreso es "para su pareja que ya está presa o para un amigo de la pareja". Esta situación, documentada por la academia, confirma que "tampoco es que ellas son muy libres al momento de tomar la decisión de hacer esta tentativa de ingreso de marihuana".
Zabala sostuvo que el resultado de la LUC al imponer una pena mínima de 4 años generó una "explosión en particular de las cárceles de mujeres", propiciando un severo hacinamiento. En tal sentido, el diputado aportó un dato desgarrador: "Hoy hay 58 niños viviendo, niños y niñas viviendo con sus madres" en prisión.
De acuerdo al legislador, “lo central” del proyecto presentado es “devolverle al juez la posibilidad de discernir, de evaluar, de tomar otros caminos que no sean los cuatro años de pena mínima de prisión”, ya que la LUC provocó que "el juez pierde la discrecionalidad para evaluar los contextos".
Estrategias y negociaciones en el Parlamento
En cuanto a la estrategia para lograr la aprobación del proyecto, sobre todo en Diputados que es donde el FA no tiene mayoría, Zabala informó que las conversaciones “ya están sucediendo”. Por otro lado, manifestó expectativas en que el involucramiento de la diputada Rinaldi en el proyecto, que es la presidenta de la Comisión de Género, ayude a que otras legisladoras de otros partidos que integran esa Comisión puedan "hacerse eco" de la problemática.
Informó también que el proyecto será tratado en la Comisión de Constitución y Código, donde está previsto invitar a personas u organizaciones con experticia en el tema, como el Comisionado Parlamentario y organismos de Derechos Humanos, para que aporten su mirada. El diputado señaló que el proyecto es flexible, asegurando que, si bien tienen un diseño legal, "no estamos casados con nuestra propuesta". Lo que verdaderamente les preocupa, enfatizó, es "solucionar este problema. Disminuir el hacinamiento y que estas mujeres sean evaluadas en su contexto y no imponerles mínimas de cuatro años".
Consultado sobre el posible impacto que tendría la aprobación del actual proyecto en las mujeres ya privadas de libertad por microtráfico, Zavala sostuvo que en los casos donde una mujer fue condenada a cuatro años o más por este delito, si la nueva ley permite una pena alternativa o menor su defensa podría solicitar la revisión de la sentencia, si es el único delito por el que está imputada.
Para finalizar, Zavala dio cifras concretas sobre la dimensión de la crisis: "En el año 2023, por ejemplo, fueron 51 mujeres las que fueron presas justamente por este delito”, y estimó que, en cifras acumuladas desde que se votó la LUC, "quizá 200 mujeres hayan sido condenadas por este hecho".
Estos números confirman la urgencia de la reforma y anticipan la posibilidad de que, de prosperar la iniciativa, un significativo grupo de mujeres, encarceladas por un delito de bajo riesgo y sin antecedentes, puedan acceder a una revisión de su pena que les permita recuperar la libertad, acceder a una pena alternativa y, en muchos casos, retomar el vínculo con sus hijos, hijas o familiares a cargo.
