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Política Ambiente | Punta Ballena |

Preocupación

Ministerio de Ambiente decide sobre Punta Ballena

Mientras la Unión Vecinal de Punta Ballena trata de evitar la construcción de 29 edificios sobre las rocas de Punta Ballena, el ministerio de Ambiente busca cumplir con la ley que lo obliga a hacer públicos sus informes y convocar a una audiencia pública.

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Mientras la Unión Vecinal de Punta Ballena, acompañada por diferentes organizaciones sociales, promueve una serie de movilizaciones tratando de evitar la construcción de 29 edificios sobre las rocas de Punta Ballena, el Ministerio de Ambiente se organiza para cumplir con la ley que lo obliga a hacer públicos sus informes y convocar a una audiencia pública.

Algo más de 30.000 personas han firmado hasta ahora en diferentes plataformas para oponerse al proyecto edilicio. En tanto el pasado domingo a la tarde centenares de vecinos se congregaron sobre el lomo de la Ballena para expresar su disgusto y preocupación.

“En Maldonado ya hemos soportado demasiados proyectos edilicios que destruyen nuestro ambiente, es hora de decir basta”, dijo uno de los vecinos.

Otro señaló que “a medida de que la gente se va informando acerca de lo que quieren hacer aquí, la participación crece. Nadie quiere perder este paseo público que es de todos”.

Por otro lado, informes científicos aseguran que con esas construcciones “serán afectadas gravemente una 457 especies de flora y fauna que tienen allí su hábitat”.

Diferentes propuestas son discutidas por los vecinos, quienes han recurrido asesoramientos legales y ambientales.

Todas coinciden con que no se debe permitir esa construcción. Pero los problemas surgen cuando se menciona la posibilidad de expropiar. En una de las reuniones se estimó en 80 millones de dólares el costo de la expropiación, una cifra lejana para las posibilidades de la Intendencia de Maldonado e incluso del gobierno nacional.

Sin embargo, consideran que si el ministerio de Ambiente, en uso de sus potestades, decide oponerse al proyecto de construcción, el valor de esas tierras no superaría los 4 millones de dólares, lo que hace mucho más accesible la expropiación.

Por lo pronto el informe ambiental puesto de manifiesto por esa secretaría de Estado calificó como C el proyecto, es decir, afecta el entorno natural.

Los vecinos han solicitado que se postergue por 90 días la convocatoria a audiencia pública a los efectos de responder el manifiesto ministerial.

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