"Desprolijo" y de "falta de transparencia" fueron algunos de los calificativos que utilizaron desde el Frente Amplio para definir la actuación del Ministerio de Defensa en los últimos tiempos.
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El ministro saliente, Javier García, compareció este lunes durante cuatro horas ante la Comisión de Defensa Nacional del Senado. El Frente Amplio (FA) tenía varios asuntos por los cuales consultar al ministro: la sanción al teniente Nelson Duarte, la compra de patrulleros océanocos para la Armada Nacional y la explotación laboral que sufrió un grupo de ciudadanos venezolanos.
En este último caso fue imputada la jefa interina de la sección notarial del departamento jurídico del Ministerio de Defensa por delitos de trata de personas y asociación para delinquir.
La senadora del FA Silvia Nane había manifestado en X que la abogada “no estaba en su función actual por carrera administrativa”, sino "porque el ministro Javier García y demás autoridades así lo entendieron conveniente." En ese sentido, afirmó que “fue una designación de confianza”.
García dijo en comisión que se trata de “una funcionaria de más de 30 años de antigüedad” en el ministerio, con un cargo presupuestado. Consultado por la resolución del año pasado que la designó jefa interina de la sección notarial, García manifestó: “Lo obliga un decreto de 2014. Cuando hay una vacancia, temporal o definitiva, hay que designar una encargatura interina”. No obstante, sostuvo que en este caso “estamos hablando de una oficina de un rango muy mediano”.
Asimismo, García dijo que la participación de la funcionaria del Ministerio de Defensa en la red de trata y explotación laboral en Artigas “fue en el área privada”.
Compra de buques
En cuanto a la compra de dos buques Offshore Patrol Vessels (OPV) al astillero español Cardama Shipyard, que nunca construyó ese tipo de patrulleros oceánicos, a un costo de 82,2 millones de euros, García aseguró que el proceso de adquisición ha sido público y transparente. “Es un proceso que tiene 20 años”, que empezó en 2004 y “ahora estamos culminando”, añadió.
Por su parte la senadora del FA Sandra Lazo, presidenta de la comisión, afirmó en una rueda de prensa que la compra de los buques OPV ha sido “desprolija” y “poco transparente”. Mencionó que en un primer momento el gobierno intentó que fuese “una operación competitiva”, pero después terminó siendo “una compra directa”. La compra ya fue autorizada por el Tribunal de Cuentas.
Lazo señaló que la oposición ha solicitado “en varias oportunidades” una copia del contrato con Cardama Shipyard, pero “no lo dan a conocer”. Afirmó que el FA avala la compra de los buques OPV para la Armada Nacional, “pero no a cualquier costo”.
Sanción a Duarte
Respecto de la sanción que recibió el teniente Duarte (30 días de arresto a rigor) por hacer “declaraciones públicas sin autorización”, García dijo que el castigo se impuso “por violar una norma disciplinaria” y afirmó que “no tiene nada que ver con las denuncias”. Desde 2014, Duarte ha denunciado irregularidades en el Ejército, tales como el supuesto uso de personal militar para instalar piscinas para una empresa privada y el presunto contrabando de bebidas alcohólicas desde el Chuy por parte de efectivos militares.
García aseguró que algunas de las denuncias de Duarte “se comprobaron”, pero “por omisión del Poder Ejecutivo anterior no se pudieron sancionar”.