Niños, niñas y adolescentes víctimas del Terrorismo de Estado piden reparación

Las integrantes de Memoria en Libertad, Marisa Rodríguez y Olga Fernández, denuncian, en diálogo con Caras y Caretas, que existe un silencio e indiferencia por parte del Estado uruguayo así como también un desconocimiento del tema por parte de la sociedad. Dicen que los menores sufrieron abusos de todo tipo, manoseos, maltratos hasta incluso abusos sexuales.

“Hay una voz, que era los que éramos niños, niñas y adolescentes que la sociedad no conoce en general, salvo en pequeñas situaciones, porque entendemos que no solo se invisibiliza socialmente en estos 50 años sino que tampoco se conoce y se naturalizó incluso por parte de nuestros familiares que estuvieron detenidos, ellos te dicen incluso ‘pero tu ibas a la visita’. El tema es que nosotros no solo fuimos protagonistas directos del pasado reciente sino además que nosotros queremos, amparados en resoluciones internacionales y nacionales, un reconocimiento del Estado y una reparación en la rehabilitación física y mental pero también garantías de no repetición de la historia”, afirmó Rodríguez a esta revista.

“No sólo presenciamos detenciones, sino que también secuestros, y por ende traían consigo un montón de abusos no solo a los padres sino a los niños, que se perpetraron durante toda la dictadura, en las visitas de las cárceles, también situaciones en las escuelas y barrios con niños que eran familiares de presos o que tenían un familiar en el exilio. Además, habían situaciones de abuso que hoy veríamos como abusos institucionales. ¿Por qué no se condenan a pesar de que hay leyes que amparan a los niños? ¿Por qué nos cuesta tanto entender que también hubo abuso hacia los niños?”, se preguntó Fernández.

Afirmó que la reparación tiene que ver con que la sociedad acepte y conozca lo que sucedió, para que exista una condena y por ende no vuelva a repetirse. “Lo que existe es una naturalización de lo que pasó. Se dice ahora somos mejores y lo que pasó, pasó. Pero tenemos que asumir que estuvo mal y hay que dar cuenta de eso”, agregó.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo indicó el 6 de agosto de 2019 que los miembros del colectivo de Memoria en Libertad dijeron que “se sufrió racismo o xenofobia (...) desarraigo. Algunos fueron testigo y/o víctimas de violencia sexual siendo muy pequeños. Todos rememoran hechos de violencia militar y abuso de poder”.

Afirmó que tienen marcas psicológicas, tales como “estado de alerta, desconfianza, desprotección, temor, desvinculación afectiva, patologías psiquiátricas, fobias, angustia, inestabilidad emocional, baja autoestima, adicciones, vivencias de abandono, desamparo, intentos de autoeliminación que ocurren hasta en los nietos de los afectados directos”.

“Desconexión familiar, vínculos destruidos, problemas vinculares intrafamiliares con hijos, con pareja, conflictos intergeneracionales, mala relación con padres/madres, incertidumbre económica, inestabilidad laboral”, entre otros, agregó.

Las “terroríficas” visitas a familiares detenidos

El día que un menor iba a visitar a un familiar detenido podría ser el más terrorífico, contaron las integrantes del colectivo. “Cuando ibas a ver a un familiar detenido, decían ‘estos son los hijos de los sediciosos’ y te trataban con ese desprecio y te hacían vivir esas humillaciones que fueron muy fuertes, ya sean en las visitas en los cuarteles, Punta de Rieles y en el Penal de Libertad. Se vieron un montón de situaciones de manoseos, maltratos, abuso verbal y malos tratos que sin duda afectaron nuestra vida y también la de nuestros hijos. Éramos muy niños para vivir esas cosas, por ejemplo el tema de los allanamientos que es algo que padecimos mucho, cuando venían a los domicilios a buscar a nuestros familiares, entraban de forma muy violenta y muchas veces esos sujetos eran los niños porque ellos sabían que era algo que la persona que estaba siendo requerida apreciaba mucho”, afirmó Rodríguez.

Sostuvo que cuando tenía que visitar a su familiar en el Penal de Libertad, había una militar de nombre Amanda que era el “terror de todos los niños”. “Era una visita larga, venías con un paquete para el familiar, tenías que caminar dos kilómetros porque el autobus te dejaba en la ruta y tenías que caminar. Era bastante complejo, entonces nosotros que nos tocó la visita en el penal de libertad, sentimos el nombre Amanda y nos viene como un escalofrío, lo mismo pasa con la milica Ramos del penal Punta de Rieles, quienes fueron allí sienten terror por ella”, recordó.

“Un niño, cuando se reúne con otros, se ríe, juega, corre, salta, conversa. Tu tenías que hacer la espera en silencio, no podías moverte de la fila, no podías correrte por más que hacía frío, llovía, estabas al rayo del sol, tenías que quedarte. Después que dejabas el paquete, que ellos lo revisaban, terminabas esa parte y pasabas a lo que era la visita. Las esperas eran largas, te hacían pasar, te tenías que desnudar completamente, te revisaban porque entendían que podrías llevar algo escondido para el preso. De repente, la persona que te iba a revisar ese día se iba, entonces te dejaban desnudo 15, 20 minutos con un frío tremendo. Cuando te revisaban, tenían una estufa pequeña, pero muchas veces te apagaban la estufa a propósito y podían esperar hasta media hora y no podías vestirte. Tenías que levantarte muy temprano para ir a la visita, pero pasabas toda la mañana para poder ver al familiar, eso generaba muchos traumas porque éramos muy niños”, agregó.

Desarraigo y estigmatización

Fernández recordó que otra consecuencia para los niños, niñas y adolescentes fue la interrupción del estudio. “No hubo solamente la persecución de los padres sino el truncamiento de los proyectos familiares y de las infancias de muchas de las personas que fueron perseguidas y eso es lo que no se da a conocer”, agregó.

Para el caso de los niños que tuvieron que vivir el exilio, indicó que el desarraigo no solo sucede en ese sentimiento de extrañar el país de orígen, sino con quedarte sin acceso a determinada formación cultural e identitaria. “Los compañeros del interior para visitar a su familiar implicaba muchas veces faltar a la escuela, eso generaba una estigmatización. Había otras clases de abusos más graves aún, hubo hasta abusos sexuales dentro de la cárcel con los niños e incluso en los allanamientos”, afirmó.

Secuelas

Rodríguez y Fernández sostuvieron que lo vivido ha generado secuelas a nivel emocional, afectivo, psicológico y hasta físico. “Quedaron secuelas a nivel emocional, afectivo, psicológico y físico que perduran hasta el día de hoy. En muchos casos tuvimos problemas para acceder a un trabajo digno, para reinsertarnos a nivel social, a nivel de vínculos afectivos, familia, amigos, pareja, tuvimos un desarraigo muy fuerte en el caso de aquellos que estuvieron en el exilio, todo eso dejó huellas. A más de 50 años de lo sucedido, nuestro colectivo no fue reparado ni reconocido por el Estado. Fueron agentes del Estado los que cometieron esos abusos en contra de nosotros”, dijo Rodríguez.

“Ni que hablar de la salud. Hay un montón de cosas que se han ido manifestando con el tiempo y en muchos de los casos empiezan a ser explícitas cuando empezamos a ser padres o madres”, afirmó Fernández.

Origen del colectivo

El colectivo se fundó en el año 2008, luego de que empezaron a surgir varios análisis históricos que cambiaron la forma de entender el lugar que ocupan los niños en la historia. “Llegamos desfasado al análisis de la historia reciente porque también hay un montón de análisis históricos que se empezaron a dar después. El protagonismo de niñas y niños en materia de derechos se fue generando posteriormente a partir de los 80. El lugar que tienen los niños y niñas en la escena internacional, nacional, política y en las instituciones no es el mismo que hace 20 años ni mucho menos hace 40. Lo mismo pasa con los derechos de la mujeres y con la conceptualización de lo que son los abusos, la tortura, la diferenciación de esos conceptos empieza a darse después. A medida que fuimos creciendo, fuimos madurando con esas nuevas ideas”, indicó Fernández.

A partir de la declaración de los derechos del niño, “no dimos cuenta que somos sujetos históricos y que teníamos una voz invisibilizada por las instituciones”, argumentó.

“Cuando vino la democracia a Uruguay, en el 85 se empiezan a escuchar aquellas experiencias de hombres en cárceles y en el exilio, todo eso escandalizó a esa sociedad pacata que no sabía que se habían vivido esas situaciones. Ante todo eso, nosotros como generación nos silenciamos, aquellas memorias horrorizaron mucho a la sociedad. Cómo uno va a narrar determinadas experiencias cuando esta gente está narrando cosas realmente fuertes, cárcel, torturas. Recién en 2008 nuestra generación irrumpe”, recordó Rodríguez.

A partir de la convención de los derechos del niño, “ya no se lo concibe como algo delicado a proteger, sino que se lo reconoce como sujeto de derechos”, explicó.

Sin reconocimiento

Rodríguez y Fernández indicaron que ningún gobierno reconoció la situación de los niños, niñas y adolescentes durante la dictadura a pesar de que organismos internacionales han pedido que el Estado uruguayo cambie su postura.

En febrero del 2022, Memoria en Libertad decidió reclamar la situación ante la ONU. El 14 de julio del 2022, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias advirtió que “preocupa que las leyes de reparación existentes en el país no incluyen a niñas, niños y adolescentes como víctimas directas de violaciones a derechos humanos durante el período 1968-1985”.

A pesar de esta resolución, el Estado uruguayo sigue sin reconocer la situación, indicaron las integrantes de Memoria en Libertad. “Queremos que se cumpla lo que dice la ley, una ley que no nos concibe como sujetos históricos sino como hijos de, ni siquiera eso se está cumpliendo, que es lo mínimo de lo mínimo. No hemos tenido respuesta del Estado aunque hemos buscado canales de comunicación. La reparación que está contemplada en la ley tiene que ver con asistencia en salud. No recibimos reparación económica. No la estamos pidiendo. Queremos en este momento que se cumpla con lo que dice la ley, que es en el marco de la salud”, agregó Fernández.

Rodríguez afirmó que las leyes reparatorias no abarcan a menores. “Tenemos dos leyes que rigen la atención en salud para el colectivo que no se están cumpliendo, que es ley 18.596 del año 2009 y el decreto 297-10 y ley 19.859 del año 2019. Dicen que nuestra generación debe tener a través del Ministerio de Salud Pública una atención vitalicia, el tema es que esa ley no se está cumpliendo. En 2019 no se renovó la licitación, entonces se dejó de trabajar. Nosotros necesitamos una atención física y psicológica”, agregó.

“No fuimos reparados económicamente, esa es una idea que se quiere imponer en el gobierno cuando se dice ‘qué reclaman si todos cobran’. Hay un imaginario social sobre eso y es totalmente falso y es algo que debemos aclarar siempre. No ha habido una reparación económica a niños, niñas y adolescentes a excepción de algunos casos”, indicó.