Fue cauto al punto de no mencionar las cifras que se manejaron, si es que se hizo, y reafirmó que “la situación es bastante más grave en el sistema penitenciario. Los índices de violencia son realmente preocupantes. Había un gobierno saliente que nos hablaba de que habían meseteado los homicidios y la violencia doméstica. Todos sabemos que esa realidad no se constata científicamente”.
Mientras el Ministerio del Interior conforma la hoja de ruta, hay un compromiso de ir aplicando lo propuesto en el programa del Frente Amplio y sus 30 medidas, que, en el tema de seguridad, reafirma el diputado Tucci, tiene que ver con la incorporación de 2.000 efectivos en el quinquenio y con llegar a 20.000 cámaras de videovigilancia en el mismo periodo.
A nadie escapa que muchas de las medidas a tomar dependen del mensaje presupuestal, y si se toma en cuenta lo anunciado por varios dirigentes del Gobierno de que al “Ferrari” le falta hasta el motor, la mano parece venir más compleja.
El Ministerio del Interior dejó en la agenda de bancada los temas que aquejan a la seguridad pública: los casos de violencia, del narcotráfico, de la operativa del crimen organizado, de la situación social y de la categoría que el Uruguay ha tenido, que siempre fue un país de tránsito. Es un país de tránsito y de acopio de drogas, y eso cambia naturalmente la organización del crimen en nuestro país.
Voces de convivencia
Caras y Caretas consultó la visión de varios actores que forman parte del “universo de la seguridad y la convivencia”, y sus expectativas sobre el Ministerio del Interior.
A pocos días del asesinato del agente de la Guardia Republicana Antony Carballo, cuyo crimen condenaron autoridades del Gobierno, el dirigente de la Comisión Directiva de la Unión de Policías de la Guardia Republicana, Carlos Piedra, expresó que “un aspecto clave es el cambio de rol del Dr. Carlos Negro, quien anteriormente tenía la función de juzgar a los policías y ahora, desde el Ministerio del Interior, su labor es respaldarlos. Su gestión dependerá del apoyo que brinde a las fuerzas de seguridad, lo que debe reflejarse desde la mejora de los salarios de los uniformados, entre otros. Asimismo, es imperativo atender las necesidades de la Guardia Republicana, una fuerza especial que requiere un presupuesto acorde a sus funciones. Es fundamental garantizar el pago de viáticos, PADO y bonificaciones que hoy no se están percibiendo. El reconocimiento de su labor debe reflejarse en términos presupuestales. Ahora, como ministro, el Dr. Negro enfrentará la presión de la sociedad, del poder político y del judicial en la toma de decisiones sobre la seguridad. Contamos con el factor humano necesario para enfrentar los desafíos, pero será responsabilidad de la cúpula ministerial y los jerarcas policiales estar a la altura de las circunstancias para gestionar eficazmente la seguridad del país”.
Para Tamara Savio, de MYSU (Mujer y Salud en Uruguay), “en particular en la violencia contra las mujeres y la violencia de género las estadísticas son alarmantes y muestran un crecimiento innegable en estos delitos, lo cual es inaceptable. Día a día nos enfrentamos a la trágica realidad de que cada vez más mujeres son asesinadas a manos de parejas, exparejas o personas cercanas, y en muchos de estos casos ya existían denuncias o incluso órdenes de alejamiento. Sin embargo, lo que se ha hecho hasta ahora ha demostrado ser insuficiente. Esperamos que se legisle e innove con el objetivo de abordar los múltiples aspectos que provocan el aumento de víctimas de violencia de género, que se manifiestan, no solo en homicidios y violaciones, sino también en agresiones físicas y psicológicas. Es imperativo contar con un sistema policial, judicial y normativo más sólido, que no solo se enfoque en la penalización, sino que, sobre todo, priorice la prevención. Hacemos un llamado a la sensibilidad y capacidad de las nuevas autoridades para reconocer la urgencia de estas cuestiones y tomar decisiones valientes. Además, entendemos que la sociedad civil juega un papel crucial en este proceso. Es fundamental su participación activa y protagónica en el impulso de políticas, la generación de una agenda efectiva y el control de los avances en estas áreas. Estamos convencidos de que combatir la violencia de género no solo implica enfrentar un tipo de violencia particularmente cruel y prevalente, sino que también contribuye a mitigar otras formas de violencia. Disminuir la violencia en general es esencial para fomentar un cambio cultural y en la convivencia en nuestra sociedad, así como para educar a las nuevas generaciones en el marco de los derechos humanos”.
Para la Plataforma Infancias y Adolescencias, que viene realizando intensas campañas públicas para detener la hemorragia de infancias y adolescentes heridos o asesinados por armas de fuego, denominada “no son balas perdidas”, “aún no ha culminado el primer trimestre de 2025 y se han registrado públicamente 23 situaciones de violencia con armas que en 19 casos terminaron con niños/as, adolescentes y jóvenes heridos de bala. Otras 4 situaciones tuvieron el peor desenlace. Exhortamos al sistema político todo a extremar los esfuerzos para el abordaje de este tema crítico como prioridad absoluta. Vivimos en una sociedad en la que cada vez nacen menos niños y niñas que paradójicamente están cada vez más desprotegidos. No podemos naturalizar números que representan prácticas vulneratorias e inhumanas. Apuntamos a la reacción y acción efectiva de todo el sistema político en torno a un tema que exige urgentes respuestas con mirada articulada, intersectorial y sin colores partidarios”.
Cárceles
A pesar del deterioro carcelario en el último período, integrantes de Fam Pres (familiares de presos) albergan fuertes expectativas en el cambio de autoridades.
Stella Maris, activista por la situación de los derechos humanos de las PPL cuenta que “ya venimos con un trabajo previo con la senadora Bettiana Díaz, conversando mucho sobre expectativas que hemos planteado desde los familiares y que no implican estrictamente el gasto de dinero. Hemos visto que se está avanzando en lo que tiene que ver con los reclamos sobre atención a la salud; se están llevando adelante en el Comcar, que comenzó por módulo 4, entrevistas privado por privado para que podamos tener un conocimiento claro de cuál es su estado de salud. Se ha solucionado el módulo 10, el tema del agua se está trabajando en el 11, así que tenemos buenas expectativas desde Fam Pres. Estamos esperando una reunión con el presidente, con el secretario de Presidencia, pero venimos trabajando en el día a día. También trabajamos con los Ofucipe, a mí me parece que aunar los esfuerzos es lo que va a llevar a que esto salga adelante”.
A pesar de las altas expectativas sobre las nuevas autoridades, Stella Maris plantea que “siempre trabajo con el concientizar a las familias del estado en el que se recibió el sistema carcelario, así que no se van a generar milagros, pero estamos conformes con lo que se está viendo y obviamente las expectativas son amplias. Tenemos pensado desde Fam Pres dar dos informes anuales de cosas que se han solucionado y que se van mejorando para poder, cada vez que cerremos un año, ver cuáles fueron los pasos que dimos”.
Desde una visión más interna, Jonathan Perdomo, dirigente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (OFUCIPE), considera que tomar en cuenta la visión de los trabajadores y trabajadoras a la hora de diseñar políticas es fundamental: “Todo cambio en la conducción del Ministerio del Interior representa una oportunidad. Una oportunidad para mejorar un sistema que desde hace años se encuentra en una crisis profunda y sostenida. Nuestras expectativas hacia las nuevas autoridades parten, en primer lugar, de ser escuchados, y, en segundo lugar, de poder participar activamente en las que se adopten medidas. Hasta ahora, ningún gobierno ha logrado empatizar verdaderamente con quienes trabajamos en este sistema. Nuestra tarea continúa sin ser reconocida como insalubre, trabajamos en condiciones muy malas, con niveles alarmantes de sobrepoblación carcelaria y sin una política que piense en el bienestar de los trabajadores a largo plazo. Por eso, uno de los temas urgentes que creemos debe abordarse es la creación de un régimen jubilatorio especial para el personal penitenciario. Es inviable sostener durante años esta tarea sin consecuencias severas para la salud física y mental.
También queremos destacar que la situación del sistema no solo afecta a los trabajadores, sino también a las personas privadas de libertad. Y es nuestro rol como representantes del Estado atenderlas en condiciones muchas veces inadecuadas. Desde la OFUCIPE venimos impulsando iniciativas concretas como el hábeas corpus correctivo colectivo, que busca atender cuestiones básicas y estructurales. Para que haya un cambio real, es necesario implementar políticas públicas que trasciendan al partido político de turno. Atender de verdad al sistema penitenciario es atender a la seguridad pública en su conjunto”.
