Esquemas de fraude y errores de control
Andrade detalló que el fraude se organizó a partir de un cambio en el mecanismo de otorgamiento de ayudas del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc). “Durante años, los apoyos se daban en materiales de construcción a nombre del trabajador. A partir de 2023 se cambió el sistema y se empezaron a emitir cheques al portador a nombre del referente del fondo, Bruno Bertolio, lo que violó todos los controles históricos”, explicó.
Según Andrade, la elección de Bertolio como representante del fondo fue una “responsabilidad política” del Sunca, que debe asumirse. “Hay una cuota de responsabilidad institucional por no haber previsto que quien asumió como suplente tras una tragedia (la muerte del anterior responsable) iba a organizar un esquema de fraude”, expresó.
Además, identificó un segundo momento crítico en 2024, cuando una funcionaria de la red ejecutó transferencias sin pasar por directiva. Sin embargo, enfatizó que “no hubo cientos de transferencias a gente que no existía”, como se ha insinuado. “En 2023 fueron 42 pedidos fraudulentos aprobados por la directiva donde fallaron los controles. En 2024 hubo otro esquema, más puntual, que también se denunció”, puntualizó.
Rechazo al uso político del caso
Andrade lamentó que los fondos sociales, que por décadas brindaron asistencia a miles de trabajadores y sus familias —desde útiles escolares y cursos gratuitos hasta apoyo odontológico, psicológico y ayudas habitacionales— hoy estén en el centro del escándalo por la conducta de unos pocos.
“Es doloroso, porque estos fondos han sido una herramienta social extraordinaria. Hoy son noticia no por todo lo que hicieron bien, sino porque se violentaron controles. Pero una cosa es reconocer errores, y otra muy distinta es permitir que se construya una narrativa falsa para desacreditar políticamente al sindicato y al Partido”, advirtió.
Investigación continúa sin dirigentes del Sunca ni del PCU imputados
El fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, aclaró públicamente que no existen dirigentes del Partido Comunista ni del Sunca en calidad de imputados, y que no hay pruebas documentales de desvío de fondos hacia esas organizaciones.
En la causa ya fueron condenados tres exsindicalistas por delitos de apropiación indebida, estafa y asociación para delinquir, con penas de entre dos años y dos años y tres meses de penitenciaría. La investigación sigue abierta respecto a otros posibles involucrados.
