Otro intento de habilitar allanamientos nocturnos

El texto presentado por Botana y Da Silva en su fundamentación tiene “guiñadas” para todo el espectro político. Esto es, impulsando los allanamientos nocturnos, tal como propone su correligionario Carlos Camy; una nueva interpretación de la definición de hogar, como propone el diputado colorado Gustavo Zubía; y poniendo énfasis en el respeto irrestricto a los derechos humanos durante el procedimiento, tal como vienen reclamando varios dirigentes de la oposición.

Tu nuevo hogar

El artículo 11 de la Constitución establece que “el hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.

Este precepto constitucional que viene rigiendo prácticamente desde la primera redacción de la Carta Magna sería modificado, especificando como excepción que “si se destina total o parcialmente, en forma permanente o transitoria, para cometer uno o más delitos, perderá la protección constitucional”.

Esto posiblemente deba ser acompañado de una modificación del Código de Procedimiento Penal, ya que el artículo 195.2 del CPP expresa, sobre el allanamiento y registro domiciliario, que “se entiende por morada o habitación particular, el lugar que se ocupa con el fin de habitar en él, aun cuando sólo sea en forma transitoria”.

Esa modificación ya está redactada en el proyecto de ley y establece que “también podrá efectuarse el registro en horas de la noche, ya sea en presencia o ausencia de sus moradores, cuando el juez entienda, de acuerdo a la información recibida, que existen fundadas sospechas de que se esté cometiendo alguno de los siguientes delitos”: violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal, privación de libertad, secuestro y homicidio especialmente y muy especialmente agravado”, y toda una serie de delitos vinculados al narcotráfico, que llama la atención que, siendo el motivo principal del presente proyecto, no quede plasmado claramente en el texto y se remita a las leyes y decretos sobre el mismo.

En lo que parece una señal tranquilizadora para sus detractores, el artículo 4 deja claramente establecido que “los funcionarios actuantes durante el allanamiento deberán respetar los derechos constitucionales de los ocupantes, incluyendo el derecho a ser informados de la razón del mismo, el de no ser sometidos a tratos crueles e inhumanos, el de que no se recopilen ni registren datos personales no relacionados con la investigación en curso, el de permanecer en silencio y el derecho a no declarar sin la presencia de un representante legal si así lo desea, tratando de preservar, en la mayor medida posible, la intimidad, la dignidad y el honor de las personas afectadas”.

Se opte por el camino del proyecto de Camy o éste de Espacio País, la redacción busca respaldo en votos de la mayoría de los legisladores de la oposición y del oficialismo.

Cabildo Abierto, por ejemplo, está en la tesitura de que la Asamblea General vote un proyecto que en octubre del 2024 sea ratificado en las urnas, o apoyar el de Camy que implica un número de firmas de los legisladores y que la Corte Electoral convoque a ratificarlo electoralmente.

También están en carrera los proyectos de Zubia y de Lust.

Este nuevo proyecto sobre allanamientos nocturnos (más allá de que forma parte de las medidas que el nacionalismo entiende necesarias), es el primer proyecto de ley como una suerte de carta de presentación de la bancada de Espacio País, la alianza de los sectores blancos Espacio 40 (liderado por el ministro de Defensa Nacional, Javier García, cuyo senador es Da Silva) y Mejor País, conocido coloquialmente como “el grupo de los intendentes”, que está integrado por el senador Botana y los intendentes Enrique Antía (Maldonado) y José Yurramendi (Cerro Largo), entre otros.

En diálogo con Caras y Caretas el senador Botana expresó que el proyecto no busca competir con el de Camy, que también van a firmar, sino que plantea una forma que podría permitir utilizar la herramienta de los allanamientos nocturnos lo antes posible.

Al igual que el senador Da Silva, que entiende que el camino o la forma de resolverlo es lo que está en debate, el objetivo es el mismo, por lo menos en el oficialismo.

En el proyecto de ley, Botana y Da Silva recuerdan que el allanamiento nocturno fue planteado en el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2006) y se siguió en el de Mujica, pero no obtuvo los votos en el Parlamento en el 2008; un proyecto del emepepista diputado por San José, Walter De León, presentado en el 2012, y en el mismo año por Ope Pasquet, en el 2016 el senador Pedro Bordaberry y sobre las elecciones del 2019, la campaña y posterior plebiscito “Vivir sin miedo” del extinto Jorge Larrañaga.

El subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, dijo a Caras y Caretas que apoya cualquiera de las dos iniciativas, en tanto la de Espacio País permite poner en breve tiempo a funcionar la herramienta y el camino de la reforma constitucional mediante elecciones consolidarlo.

Cautela

Varios senadores del Frente Amplio consultados por Caras y Caretas ante el proyecto de Espacio País se han expresado con cautela, justificando que aún no han estudiado el proyecto de ley.

Para la oposición política, fustigar al Gobierno por la expedición del pasaporte a Marset le quita margen de maniobra para no habilitar una escalada en la represión al narcotráfico, aunque seguramente, y con pérdida de iniciativa política, terminen apoyando el camino de que el tema se resuelva en las urnas.

No escapa a su lectura que en la instancia plebiscitaria impulsada por Larrañaga obtuvo un 46,8 %, lo que representó 1.136.298 votos, y que en una encuesta de equipos consultores a junio del 2020, un 72 % de los consultados apoyaban la medida de allanar durante la noche.

Sin cálculos políticos, los que siguen planteando reparos al proyecto son la Asociación de Defensores Públicos y el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (SIFPOM).

En el caso de los primeros, si bien no dieron una opinión definitiva, pues están estudiando el proyecto, uno de los reparos tiene que ver con, por ejemplo, el registro de los procedimientos para su evaluación, registro fílmico que a pesar de la compra de máquinas GoPro no se ha extendido a la mayoría de los funcionarios policiales, y las dificultades que han encontrado los defensores para acceder a la información de las distintas unidades policiales y del propio Ministerio del Interior.

El artículo 4 del proyecto prevé que los “allanados” puedan solicitar la presencia de un representante legal, pero, si en el caso de los defensores de oficio, la limitación de defensores impide el patrocinio durante el día, es fácil imaginarse lo que sucederá en la noche.

Para el SIFPOM, sus reservas sobre la propuesta se mantienen en los mismos términos; considera que no hay una preparación de la policía para actuar en un escenario de un allanamiento nocturno a una vivienda o conjunto de viviendas, y que tampoco visualizan una inversión en la infraestructura y tecnología necesaria.

Se plantean además que para llevar adelante un procedimiento tan complejo, en algún lugar debería quedar claramente establecida la responsabilidad de los jerarcas al frente del operativo, pues de lo contrario imaginan un panorama donde los funcionarios policiales de menor rango, sean los que paguen los costos de las posibles vulneraciones de derechos que se puedan cometer y las correspondientes responsabilidades penales.

La Asociación de Fiscales y de Magistrados también tiene a estudio los proyectos y han decidido no expresarse por el momento.

La cautela expresada desde la oposición política y los operadores judiciales parecen confirmar que a Uruguay le llega la hora de habilitar los allanamientos nocturnos y el “olfato político” de varios de los consultados, de cara a un año electoral parece indicar que se estaría ratificando en las urnas.