En un programa televisivo el ministro del Interior Luis A. Heber anunció que su cartera estudia la posibilidad de alquilar vehículos para suplir los patrulleros que están en reparaciones, una originalidad que no le pertenece y que dado el alto nivel de siniestralidad de los vehículos policiales y los antecedentes de especulaciones que el arreglo de los mismos ha dado, convoca a la cautela.
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No hay móvil
Un vecino siente ruidos en el fondo de su casa y llama a la seccional de su barrio para pedir auxilio policial; del otro lado del teléfono el oficial de guardia se disculpas que no cuenta con móviles disponible. Una anécdota de que de tan repetida es casi una leyenda urbana, aunque con dramáticos visos de angustia.
Es probable que para muchos ciudadanos la propuesta escuchada en un programa en que la seriedad periodística no es su fuerte, el anuncio de Heber sonara entre esperanzador y cómico.
Lo que Heber sí dejó claro es que hay una falta de móviles disponibles y un tercio de los 3.000 patrulleros que componen la flota policial están en reparación.
El alto nivel de siniestralidad de los móviles policiales (vehículos radiados en la jerga policial) es un problema que se arrastra desde hace años y la mayoría de los patrulleros que terminan en un taller no son a causa de daños sufridos durante los operativos.
Según parece responde a la constante impericia humana porque los efectivos policiales no cuentan con un adiestramiento mínimamente acorde a la conducción de vehículos para estos menesteres.
A eso se agrega todo el enmarañado mundo de los talleres mecánicos donde las reparaciones están teñidas por el submundo del negocio de repuestos y trabajos realizados para un organismo del Estado.
Fuentes de la Escuela Nacional de Policía informaron a Caras y Caretas que para la formación de agentes no hay una materia específica de conducción de vehículos que tienen la especificidad de cumplir la labor policial, aunque sí hay cursos especiales brindados por Policía Caminera y de Tránsito a cuerpos específicos, como Bomberos o Guardia Republicana.
Sí existe para suboficiales y la práctica se realiza sobre terreno en las tareas de patrullaje que la escuela realiza sobre una zona asignada en Carrasco, pero claramente no resulta suficiente.
El cierre del Cayma
En 2012 la cartera a cargo de Eduardo Bonomi decidió el cierre del Cayma, un taller exclusivo del Ministerio del Interior para reparación de su flota, pero que se prestaba a toda una serie prácticas, de las cuales algunas lindaban con la corrupción.
Muchos autos particulares de oficiales eran arreglados en el lugar y estaba a la orden del día el cambio de destino de los repuestos, además de otras prácticas más cotidianas, como cambios de aceite y neumáticos de vehículos particulares.
Hasta el día de hoy, el actual presidente, Luis Lacalle Pou, legislador entonces, cuestionó la medida planteando que el cierre del Cayma, a pesar de compartir los informes que probaban la corrupción, planteó que se dejaba librado el arreglo de la flota a talleres particulares, dando lugar a la especulación.
El ex subsecretario del Interior Jorge Vázquez informó a Caras y Caretas que esa afirmación carece de fundamento.
Al cierre del Cayma, el Ministerio del Interior celebró un contrato que duró hasta el año 2018 con el Centro de Talleres Mecánicos del Uruguay (CTMU), donde la reparación de la flota se realizaba en los talleres integrantes del centro y para evitar que por vínculos personales se pudiera privilegiar algún taller, un sistema computarizado asignaba el taller al vehículo de la dependencia más cercana al mismo.
A su vez generó una comisión interna de técnicos dependiente del ministerio, encargada de la evaluación de los arreglos y de los costos presentados y de los tiempos de reparación.
El acuerdo establecía que la unidad policial ingresada tenía prioridad sobre los otros vehículos a reparar.
Al mismo tiempo, el ministerio llevó adelante una compras aumentando la flota, logrando que en determinado momento la existencia de vehículos policiales fuera mayor que la de choferes, con lo cual se resolvía un problema crucial que era el uso 24 por 24 horas de la unidad; teniendo más vehículos que choferes, el uso de la unidad se reducía a una jornada de ocho horas y luego se lo dejaba “descansar”.
El plan de reposición de flota establecía la adquisición de las características de los vehículos según su uso operativo; un vehículo para ser usado como patrullero debía tener determinadas características distintas a aquellos utilizados para las funciones administrativas del ministerio, para inteligencia o para el traslado de personal selectivo como jueves y fiscales.
En el convenio con el CTMU se establecían cursos de capacitación de conducción, elemento no menor, ya que el problema de siniestralidad por impericia en el manejo para la función policial persistía y era alto.
Según narran otras autoridades de aquel período, las cifras que se daban de vehículos radiados (unidades que estaban en reparación o por ingresar a reparación) era 50%, pero este era un dato mal manejado.
En su momento, el director nacional de Policía Federico Laca solicitó que se detallaran cuáles eran los motivos de “radiación” del vehículo y ahí se descubrió que en la misma bolsa entraba un vehículo que iba a realizar un cambio de aceite junto a otro que había quedado hecho un “acordeón” por un accidente de tránsito.
Con el tiempo los términos del acuerdo empezaron a flexibilizarse y la presión lograda por la oposición política en el tema seguridad pública más el cambio del Código de Proceso Penal llevo a que la gestión vehicular pasara a un segundo plano, hasta que el convenio cayó y las unidades pasaron a ser reparadas en distintos talleres, bajo la modalidad de lentos y burocráticos llamados a licitación.
Police rent a car
Raúl Pereira, dirigente del Sindicato Policial de Maldonado, “reclama” la autoría intelectual de la propuesta que el ministro Heber hizo pública.
Los funcionarios policiales del departamento sabían del desgaste de los vehículos de la flota policial con la que contaban, y en plena pandemia vieron cómo muchas arrendadoras de vehículos estaban pasando por una crisis que obligaba a muchas a su cierre.
Elaboraron un proyecto producto de una conversación con el entonces ministro de Turismo y residente del departamento Germán Cardoso, para que este lo presentara al extinto ministro Jorge Larrañaga.
El proyecto preveía que una arrendadora entregara a la Policía un vehículo en alquiler mientras se preparaba el coche policial, pero el proyecto nunca prosperó.
La Policía de Los Ángeles en Estados Unidos trabaja con el mismo criterio, aunque el detalle de los costos para el Estado no los conocemos a cabalidad.
Algo más que arreglar
Varias voces coinciden en que si no se adopta con energía la capacitación en manejo defensivo para todos quienes cumplen la tarea de chófer de las unidades, el problema persistirá y se traslada (con los nuevos costos que implicaría) a los autos arrendados.
Para Patricia Rodríguez, del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, la medida de alquiler no la ve muy efectiva y piensa que debería en primera instancia re adecuarse el sistema de gestión vehicular.
Plantea que hay una serie de vehículos destinados al uso particular de la oficialidad que podrían destinarse a las tareas de patrullaje u otras actividades operativas, al igual que otra parte de la flota que debería tener igual destino, si estamos ante “una emergencia en seguridad pública”.
La mosca en la oreja
Otros organismos del Estado, como por ejemplo UTE, hace tiempo que recurrieron a este procedimiento de alquiler de vehículos; es de perogrullo decir que claramente no se puede pensar en los mismos términos en un vehículo utilizado para ese organismo que para la función policial.
Pero el zumbido ineludible de una mosca en la oreja es pensar en cómo se resolverá, tomando en cuenta los costos para el Estado (es decir, para todos los contribuyentes), esta nueva propuesta.
Sería deseable que la empresa que gane la licitación para suministrar los vehículos no perteneciera o integraran vínculos personales o familiares de la actual administración de gobierno, pero no ha sido desde 2020 la práctica habitual, reconociendo además el estrecho vínculo de muchos funcionarios del gobierno con el mundo empresarial e importador.
Sin ir más lejos, por recordar un solo caso, el responsable de la empresa de colocación del software de Sincove para la flota del Ministerio de Defensa era el primo del presidente de la República.
Pero para no hacer conjeturas tomando en cuenta solo los antecedentes, Caras y Caretas intentó (una vez más desde el año 2020) contar con la versión del director nacional de Policía, Luis Calabria, y del subsecretario, Guillermo Maciel, quienes al cierre de esta nota no se han comunicado.
Mal negocio alquilar
Cuando el Estado compra un vehículo, el mismo es adquirido exento del pago de una serie de impuestos. Si el auto ingresa y luego es comprado por particulares o alquilado, en este caso incluso por un organismo oficial como el Ministerio del Interior, sobre el precio base se agrega un 20% por Despacho de Aduana, un 30% del Imeva y un 22% de IVA.
Si el precio base, por ejemplo, son 10.000 dólares irá sumando 2.000 más 3.000 más 2.200, teniendo solo hasta allí un costo de US$ 17.200
En el caso de vehículos utilizados para la función policial, es de esperar un porcentaje adicional por el desgate que sufre el vehículo y un costo que la empresa absorberá en el precio, ya que debe agregar al mismo una serie de implementos mínimos que necesitará para la operativa policial, más la mano de obra calificada para su instalación (sirena, blindaje, protección de parabrisas, etcétera).
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