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ASOCIARMELa investigación por presuntas irregularidades en los balances de la AUF volvió a encender la polémica. En Fiscalía las explicaciones no cierran.
Fiscalía analiza denuncia contra la AUF
Caras y Caretas Diario
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La prensa informó en los últimos días que, con el aparente propósito de actualizar a los denunciantes sobre el curso de la investigación en Fiscalía.
El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, recibió en la sede de Fiscalía a los presidentes de Liverpool y Cerro Largo, José Luis Palma y Ernesto Dehl. La reunión, sin embargo, lejos de aclarar, dejó nuevas dudas y versiones contradictorias sobre la causa iniciada hace un año por 12 clubes profesionales contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), por presunto desvío de fondos y falsificación de balances.
El encuentro sirvió para que Rodríguez comunicara a los dirigentes que ya se elaboró un informe contable sobre los estados financieros de la AUF, elaborado por un perito de la propia Fiscalía. Según explicó, la demora en el trámite se debió a la falta de contadores disponibles en la institución, lo que había paralizado la investigación durante meses. El penalista Marcelo Domínguez, representante legal de los clubes denunciantes, confirmó a Caras y Caretas que recién ahora la Fiscalía pudo acceder a la información contable de la AUF, que en todo momento les fue negada a las instituciones. “Los denunciantes nunca tuvieron información de la AUF porque sus autoridades se negaban sistemáticamente a dárselas a los clubes”, señaló Domínguez, quien agregó que el presidente Ignacio Alonso siempre se justificó en el principio de confidencialidad. Solo a través de la Fiscalía se logró obtener esa documentación.
La investigación se originó en setiembre del año pasado, cuando una docena de clubes denunció irregularidades en los balances de la AUF. Según señalaron, en los estados contables de 2021, 2022 y 2023 no figuraban ingresos provenientes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), lo que configuraría una maniobra de ocultamiento. “Los denunciantes estaban en lo cierto”, aseguró tras la reunión el abogado de Palma, convencido de que las pericias y el levantamiento del secreto bancario de cuentas en el Banco República y el Banco Santander confirmaron las sospechas iniciales.
José Luis Palma, uno de los principales impulsores de la denuncia, volvió a apuntar directamente contra el presidente de la AUF, Ignacio Alonso. “Hace años vengo denunciando situaciones gravísimas, pero el gran responsable no da la cara”, dijo a la prensa, y reclamó un debate público. Advirtió además que, de no concretarse ese intercambio, convocará a una conferencia de prensa “más larga que la de Bielsa, pero mucho más entretenida”, en la que detallará lo que, según él, se ha intentado ocultar en la interna de la asociación.
Dehl, por su parte, también se mostró conforme con el rumbo de la investigación, al entender que se avanza hacia una definición largamente reclamada por los clubes que integraron la denuncia: Artigas, Bella Vista, Cerro, Defensor Sporting, Fénix, Juventud, Liverpool, Mar de Fondo, River Plate, Rocha y Uruguay Montevideo, entre otros.
Además de los ingresos de Conmebol no declarados, la causa incluye otra denuncia sobre el uso de garantías duplicadas. Según consta en el expediente, la AUF habría solicitado un préstamo de nueve millones de dólares ante el Banco República utilizando como respaldo cuentas a cobrar que, apenas dos semanas después, fueron presentadas como garantía en otra operación crediticia. La situación encendió alarmas en el sistema financiero: el BROU decidió recortar esa línea de crédito a 7,8 millones de dólares y catalogó a la AUF en categoría de riesgo 4. La maniobra, sumada a los balances deficitarios, complicó aún más la posición institucional del organismo rector del fútbol uruguayo.
Pese a la aparente normalidad con que Rodríguez explicó las dificultades técnicas de la investigación, es cuestionable la llamativa lentitud y la manera en que la Fiscalía ha encarado el caso. Se subraya que la sede que dirige —especializada en delitos económicos— debería tener plena competencia para analizar operaciones de triangulación de fondos, desvíos contables o duplicación de garantías bancarias, sin necesidad de demoras que parecen más propias de pericias extremadamente complejas. De hecho, el propio Rodríguez estuvo a cargo en 2013 de causas de alta complejidad en crimen organizado, como el caso por lavado de dinero contra el extesorero del Partido Popular de España, Luis Bárcenas.
El accionar del fiscal y sus explicaciones no convencen a nadie, cuando se atribuye la demora a la falta de peritos y responsabilizando públicamente a funcionarios subordinados, porque no se condicen con el principio de jerarquía que regula el funcionamiento de la Fiscalía General. Según este marco legal, la responsabilidad última recae en quien dirige la investigación, lo que vuelve difícilmente aceptable que un año entero se haya perdido sin avances significativos.
Puede entenderse que, si se tratara de un ciberdelito, una trama con criptomonedas o algo similar, la sede judicial no contara con los recursos a disposición. Pero la denuncia de los clubes radica sobre giros bancarios, triangulaciones de fondos realizadas en la plaza local, distribución arbitraria de ingresos que les pertenecen y otras cosas sobre las cuales no solo existen documentos, sino que pasaron por instituciones bancarias. Debería ser el pan y manteca de una fiscalía especializada como esta, pero se nos está haciendo creer que estarían investigando algo así como las causas de la explosión del Challenger. Y no se trata de un juzgado de Paz decidiendo sobre una pensión alimenticia…
Lejos de constituir “excepciones”, las complejidades contables y financieras que parecieran atribular al fiscal Gilberto Rodríguez son el pan y manteca de lo que conocemos en forma general como “crimen organizado”. La vasta experiencia internacional sobre el tema demuestra que en estas causas quedan invariablemente implicadas personas que a priori no encajan en el prototipo criminal. Nos referimos a profesionales que ponen en forma permanente sus talentos al servicio de las asociaciones delictivas, hasta el punto de asumir ellos mismos el papel de participantes.
En regiones o países no acostumbrados a la presencia de organizaciones criminales, la participación de funcionarios públicos y empresarios resulta en muchos casos funcional para las actividades de las organizaciones delictivas, que además de los clásicos medios violentos, utiliza prácticas corruptas destinadas a infiltrarse en el sistema económico con el objetivo de adquirir la gestión o el control de actividades económicas, de concesiones, autorizaciones, contratos y servicios públicos, para obtener beneficios o ventajas.
Esto no es muy lejano a la esencia de lo que denuncian los clubes. Más en concreto, que la AUF está siendo manejada desde Asunción por los mismos individuos que controlan la Conmebol y que tienen ostensibles conexiones con la criminalidad organizada regional, además de vínculos con redes internacionales. Todo a la luz del día. Creo que cualquier lector de diarios o escucha de radios podría asociar de memoria los nombre de Horacio Cartes, Alfonso DomInguez, su padre Domínguez Dibb, Marset y Bordaberry.
Es todo tan evidente que nos hacer recordar que la mejor forma de disimular un elefante blanco es en el tumulto de una estampida de elefantes grises. Examinemos con la denuncia que se tramita en otra sede fiscal al club Boston River por posible lavado de activos. El propietario es un venezolano, dueño de un banco con sede en Venezuela y Líbano, al que en España se investiga por oscuras operaciones realizadas con fondos provenientes de Catar. ¿A alguien se le ocurrió cruzar las causas? Por supuesto que no, mientras jugamos en el bosque esperando ese día precioso en la semana en que la “contadora” puede dedicarse a la acusación presentada por AUF. Que conste que no nombramos a los contadores, ya que nos parece una falta de protección innecesaria andar ventilando sus nombres al éter.
Finalmente, una reflexión sobre el funcionamiento del sistema bancario. Lo que quedó registrado como “duplicación de garantía” no puede quedar como un tema menor, ya que hace a la esencia del funcionamiento del sistema. Los bancos —mucho más que los bancos centrales— crean pasivos, a los cuales conocemos como depósitos bancarios y que son el lubricante fundamental para el funcionamiento de una economía. Esos depósitos son transferidos diariamente de una cuenta a otra, doméstica e internacionalmente. Quienes los detentan cuentan con la tranquilidad de que, al momento de pagar o recibir esos pagos, esos fondos estarán. Pero la liquidez y seguridad de esos pasivos depende de la existencia de activos sólidos en los balances de los bancos, cuya recuperación eventual se enmarque dentro de altos grados de certeza de cobro. Si mañana los depositantes percibieran que esos activos no tienen respaldo, o peor aún, a nadie importara sobre la suerte de los préstamos, estaríamos sembrando las semillas de una crisis bancaria. Emitir depósitos despreocupándose sobre qué hacen los deudores con las garantías otorgadas sería peligrosamente similar a emitir dinero sin ningún tipo de respaldo. Y eso en esencia es lo que hizo Conexión Ganadera: emitir dinero sin respaldo, y sin que el Banco Central del Uruguay se diera cuenta de que le había surgido un competidor no autorizado.
Afortunadamente para las redes de crimen organizado las causas no se cruzan y las investigaciones dependen de una contadora que debe repartir su tiempo entre varias sedes y causas. Ignoro si el fiscal Gilberto Rodrguez ha elaborado una teoría del caso o si el camino elegido es fatalmente el archivo de la denuncia de los clubes, pero no se entiende cómo se puede menospreciar que dos directores del BROU se hayan acercado a la fiscalía a denunciar un ilícito flagrante como el de duplicar una garantía con el propósito de engañar al banco y obtener un préstamo, y al fiscal no se le mueva un pelo. Seamos sinceros, si un ciudadano común lo hace, va preso, y no se necesita ni un contador ni un perito para analizarlo.
Si los que mintieron son los directores del BROU, deberían ir presos ellos. Entonces, ¿qué es lo que hay que investigar? Si es verdad, es verdad; si es falso, es falso. Lo que el fiscal no puede es esconderse detrás de malas excusas para evitar pronunciarse sobre denuncias que son relevantes y que se ve que al Dr. Gilberto Rodríguez le queman.
