“Lo que ocurrió (el pasado 28 de diciembre) en el módulo 4 -del exComcar- fue una desgracia muy grande”, afirmó el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, que sostuvo que “el Estado es responsable" y que "tiene la obligación de repararlo". Y agregó: “Seis muertos nos indican algo muy grave, algo que no debió ocurrir”.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Tanto el comisionado como la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) recomiendan la creación de un grupo operativo de nivel interministerial para el corto plazo. "Asumimos que hay una situación de emergencia, entonces que en el corto plazo se forme un grupo", sostienen.
"Así como los ciudadanos tienen la obligación de cumplir con la ley, y si no la cumplen son sancionados y muchas veces enviados a la cárcel, cuando una persona está privada de libertad, el Estado tiene la obligación, no es una acción de buena voluntad, de dar un mínimo estándar de condiciones de vida. Cuando eso no se cumple, el Estado tiene la obligación de repararlo. Y no solamente la muerte, también cuando no hay tratamiento, cuando no hay asistencia", señaló durante una conferencia de prensa sobre el incendio intencional registrado en ese establecimiento carcelario.
"Estos muchachos que fallecieron no deben ser un número más, no debemos olvidarlos", dijo,
Recordó que “no es la primera vez que ocurren desgracias. Esta fue de una magnitud muy relevante y muy dolorosa, y creemos que debe marcar un impulso a transformaciones".
Petit señaló que no se han identificado a los responsables por lo que remarcó la importancia de colocar cámaras. "No es la primera vez que la hacemos. Llevo casi nueve años recomendando eso. Es un enigma para mí por qué no se cumple, la colocación de videocámaras de vigilancia, de prevención y también de prueba", afirmó.
De esta manera tanto el comisionado como la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) consideran que este hecho “marca una línea divisoria".
Jimena Fernández, titular de la Inddhh, sostuvo que "hay una situación de emergencia" y que "el Estado viene acumulando desde hace larga data una deuda con el sistema penitenciario que no está a la altura de lo que se espera de un país con nuestra fuerte tradición humanista".