Explicó que “en el año 2005 el entonces canciller Reinaldo Gargano dio la orden y la vicecanciller Belela Herrera se ocupó personalmente de que se cumpliera”. Rostan agrega que fue “ella quien logró que las embajadas de Uruguay en el extranjero enviaran todos los documentos del periodo dictatorial. Fue gracias a Belela y a los archivistas Álvaro Corbacho y Mariela Cornes, más un número importante de funcionarios del Archivos Histórico-Diplomático, que estos documentos se encontraron y guardaron”.
A su vez, el pasado miércoles, Gabriela Valverde, subsecretaria del Ministerio del Interior, anunció la apertura al público de todo el archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), aunque no informó el período que comprende. Esta dependencia, creada por la estación de la CIA en Uruguay, que a mediados de los 60 funcionaba en el edificio de la Jefatura de Policía de Montevideo, tenía a su cargo todos los operativos represivos contra los tupamaros hasta que en setiembre de 1971, por disposición del entonces presidente Jorge Pacheco Areco, se crearon las Fuerzas Conjuntas, integradas por las Fuerzas Armadas y la Policía.
En los años de dictadura, la sede de la DNII, ubicada en Maldonado y Paraguay y dirigida por el inspector Víctor Castiglioni, se convirtió en un centro de detención y torturas.
Los archivos de Cancillería han sido públicos desde el año 2005 para investigadores, organizaciones de DDHH, periodistas y víctimas de la dictadura que también podían acceder a la información que se guardara sobre ellas en varias dependencias estatales vinculadas a la represión.
En principio son diez los documentos publicados en la web por Cancillería relativos a causas emblemáticas del Plan Cóndor y la participación uruguaya. Tres de ellos son, tal vez, los más importantes: uno sobre Wilson Ferreira Aldunate, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz; otro sobre el secuestro de Elena Quinteros desde la embajada de Venezuela en Uruguay, y un tercero sobre la difusión de noticias que daban cuenta del hallazgo de los hermanos Julien Grisonas en Valparaíso, Chile. La información que contienen ha sido difundida en el tiempo por investigadores, historiadores y periodistas. No es que haya allí algo nuevo. O sí, porque ahora la ciudadanía verá estampado en documentos oficiales cómo la Cancillería uruguaya, a cargo de Juan Carlos Blanco, y nuestra embajada en Argentina, a cargo de Adolfo Folle Martínez, entregaron a tres legisladores uruguayos a las fuerzas represivas de ese país. También podrá leer cómo la Cancillería uruguaya discutió internamente los argumentos a favor o en contra de entregar a Elena Quinteros a Venezuela, como si se tratara de una cosa y no una persona. Pero la discusión no deja ninguna duda acerca de que Elena fue asesinada y desaparecida por la dictadura, ya que reconocen tenerla en su poder.
Otro documento da cuenta de las gestiones para renovar el pasaporte militar del teniente de navío Jorge Tróccoli, quien entonces cumplía “tareas” en la Escuela de Mecánica de la Armada argentina.
Y en otro archivo se da cuenta de una crisis diplomática generada ante la negativa del Gobierno de los EEUU de otorgar el visado para que los coroneles José “Nino” Gavazzo y José Fons pudieran asumir como agregados militares en la embajada uruguaya en ese país. Fons, que era subdirector del Servicio de Información de Defensa, fue quien propuso en una reunión realizada en Chile que la operativa que desde ese momento desplegarían los servicios de inteligencia de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia pasara a denominarse “Plan Cóndor”.
Juan Carlos Blanco y la dictadura entregaron a Wilson, Zelmar y el Toba
Un documento proveniente de la embajada uruguaya en Argentina, fechado el 28 de junio de 1973 (al otro día del golpe de Estado), y dirigido al canciller Juan Carlos Blanco, solicita instrucciones a la Cancillería “sobre cómo actuar en caso de que se presentara ante alguna oficina consular un ciudadano requerido por la Justicia uruguaya y asilado en la República Argentina”.
El 25 de noviembre de 1975 la Cancillería informa a nuestra Embajada que “ha sido cancelada la validez de los pasaportes de Wilson Ferreira Aldunate, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz”. El mismo día la Embajada informa esta decisión a la sección consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, y agrega que “espera se informe a la Policía Federal, a la Dirección de Migraciones y a los distintos consulados”.
El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe militar en el vecino país y dos meses después las fuerzas represivas secuestraron y asesinaron a Zelmar y al Toba. Wilson se salvó por segundos de ser atrapado y logró salir del país ayudado por fuerzas democráticas que enfrentaban a la dictadura.
Los cuerpos de los exparlamentarios compatriotas aparecieron dentro de un automóvil estacionado. En la valija estaban también los cuerpos de Rosario Barredo y William Whitelaw, ambos exmilitantes tupamaros y que habían tenido responsabilidades en Chile. Pero después del golpe contra Salvador Allende renunciaron a la organización privilegiando la acción política.
En los mismos días fue secuestrado, asesinado y desaparecido el médico uruguayo Manuel Liberoff.
Estas muertes fueron producto del Plan Cóndor. Y a partir de entonces se desató la cacería contra uruguayos asilados en Argentina. También contra niños y mujeres embarazadas. Por ejemplo, fueron secuestrados Simón Riquelo y María Claudia García de Gelman.
El debate sobre la conveniencia o no de entregar a Elena Quinteros
En un memorándum fechado el 2 de julio de 1976 se debate sobre qué hacer con Elena Quinteros, detenida el 24 de junio de ese año. Cuatro días después y con artimañas logró convencer a sus captores de que les iba a entregar a algunos contactos y la llevaron a la misma cuadra donde estaba la embajada de Venezuela. En un descuido, logró escapar e ingresó gritando y pidiendo asilo al jardín de la sede diplomática, pero los represores invadieron la embajada y la secuestraron. Desde entonces permanece desaparecida.
La acción originó una severa crisis diplomática que terminó con la ruptura de relaciones del Gobierno venezolano, encabezado por Carlos Andrés Pérez, y la dictadura uruguaya. Las relaciones recién se retomaron durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti.
El memorándum publicado ahora por Cancillería da cuenta de las alternativas que se discutieron entonces sobre “si entregar o no a la mujer” (sic).
“No entregar a la mujer”: Cancillería dice que “no se puede persistir en que la acusación venezolana carece de elementos de juicio. Este género de alternativa, si bien tiene la ventaja de no entregar la prueba de un acto ilícito y de evitar cualquier tipo de declaración, tiene las siguientes desventajas:
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Determinaría con seguridad el rompimiento de relaciones con Venezuela, con las consecuencias políticas, diplomáticas y económicas consiguientes e imposibles de evaluar.
Deterioraría aún más la imagen internacional del país, ya lesionada por una campaña internacional y menguando nuestra credibilidad como un país serio.
Se nos presentaría como violadores de instrumentos internacionales vigentes como la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y el derecho de asilo.
Determinaría la apertura de una brecha frente a los esfuerzos por aislar al país.
Provocaría una actitud hostil de otros países occidentales.
Daría políticamente razón a la campaña internacional que soportamos.
Todo lo antedicho repercutirá en los organismos internacionales que integramos.
“Entregar a la mujer” tendría las siguientes ventajas:
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Evitaría el rompimiento de relaciones con Venezuela.
Ratificar nuestra posición de cumplidores de los compromisos internacionales.
Sería una posición explotable internacionalmente a nuestro favor.
Desventajas de entregarla:
1 – Apareceríamos haciendo la entrega bajo presión venezolana.
2- Reconoceríamos la comisión de un acto ilícito.
3 – La mujer podría hacer declaraciones en nuestra contra.
Primó la posición de no entregarla.
Este debate, que hoy suena hasta increíble por la ausencia de respeto a una vida, fue una constante de los dictadores donde, por efecto del Plan Cóndor, las personas detenidas eran tratadas como objeto de intercambio entre países.
Según la información que ha podido obtenerse hasta ahora, luego de su secuestro Elena fue trasladada al “300 Carlos” (ubicado el Batallón 13, entonces de Caballería Mecanizada y luego Infantería), torturada durante meses y ejecutada a principios de noviembre de 1976. El informe que realizaron las Fuerzas Armadas al presidente Tabaré Vázquez en el año 2005 afirmó esa versión.
(N de R) Los documentos se pueden leer en el siguiente link:
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/politicas-y-gestion/archivos-emblematicos-del-plan-condor
