Tal como lo había anunciado el director de OSE por el Frente Amplio (FA), Edgardo Ortuño presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) una demanda de anulación del proyecto Neptuno, aprobado por la mayoría del directorio, al entender que su aprobación fue realizada en forma irregular.
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Ortuño en su escrito, realizado al amparo del artículo 313 inciso 2 de la Constitución de la República, reclama la anulación de la Resolución 1.144/22, “ya que la formación de la voluntad del Órgano se encuentra viciada por haberse emitido irregularmente”.
Entiende que el directorio resolvió la aprobación mediante “un procedimiento de urgencia, sin justificación razonable, y apartada de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Directorio”. Esto “supuso resolver un asunto trascendente y complejo, que implica asumir importantes riesgos y un costo millonario para la Administración, en 24 horas, sin tiempo para su debido análisis y estudio”.
Agrega que “se adoptó resolución sin contar con los informes de los servicios técnicos especializados de OSE”, incluso no hubo “tiempo razonable para estudio, análisis y asesoramiento sobre la documentación recibida 24 horas antes de su tratamiento, imprescindible para la toma de una decisión informada, como establece el art. 3 del Reglamento Interno del Directorio, responsable y conforme a los criterios éticos y de buena administración”.
La Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) aprobó el proyecto Neptuno el pasado 15 de noviembre. Consiste de la toma de agua del Río de la Plata a la altura de la localidad de Arazatí, en el departamento de San José. Fue anunciado por el presidente Luis Lacalle en conferencia de prensa.
Sostiene OSE que con esta iniciativa se asegurará el suministro de agua al Área Metropolitana hasta el año 2035.
Una empresa privada construirá y gestionará la planta, mientras que OSE se dedicará a la distribución.
Durante la conferencia en la Torre Ejecutiva Lacalle dijo que se trata de la inversión “más grande en esta área de los últimos 150 años en el país. Es una inversión que va a superar los US$ 200 millones” (…) “Es una inversión que hace a la seguridad para poder tener agua potable sin perjuicio de sequías o de fallas técnicas”.