Presidente de Crysol alega que los daños ya fueron reparados

La coalición de gobierno aprobó en el Senado, presionada por Cabildo Abierto, un proyecto de Ley que pretende "reparar económicamente a los militares fallecidos en actos de servicio", según cuestiona Gastón Grisoni, presidente de Crysol, en UyPress (Agencia Uruguaya de Noticias).

Grisoni cuestionó, al igual que dirigentes del Frente Amplio, que Cabildo Abierto aprovechó la oportunidad para "negociar" sus votos en la Cámara de Senadores por la aprobación del proyecto de la Reforma Jubilatoria, a cambio de aprobar su proyecto de Ley en la semana anterior.

Logró el envío del proyecto con la firma de todos los ministros y del propio presidente, su ingreso y aprobación en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara el martes 27 de diciembre y su votación al otro día en el Plenario. Un procedimiento alejado de las prácticas democráticas y parlamentarias, según fundamenta Grisoni.

Antigua Ley

Uno de los fundamentos manejados para la aprobación del proyecto en la sesión del Plenario de la Cámara de Senadores fue que "las víctimas de la violencia no estatal durante el período pre-dictadura y durante el terrorismo de Estado no habían sido reparadas y que había muertos de primera y de segunda categoría", según el Ministro de Defensa Nacional Dr. Javier García.

Sin embargo, el Artículo 115 de la Ley 14.106 de marzo de 1973, aprobada aún en democracia (bajo el gobierno de Bordaberry), "repara" a los militares víctimas de la violencia no estatal.

En dicho artículo se estipulaba que "Fíjase en $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) la prestación que deberá pagar el Estado por concepto de reparación de daño moral o físico, a los causahabientes del personal militar fallecido con motivo o a causa de la lucha antisubversiva", cuyo monto se aplicaría en la adquisición de una vivienda por medio de la Comisión de Vivienda de las Fuerzas Armada. Con la aclaración de que la casa tendría carácter de bien familiar, por lo que no se podría vender mientras los hijos no fueran mayores de edad; y si la familia fuera propietaria de una casa al momento, se indemnizaba a efectos de acrecentar los recursos del núcleo familiar.

Modificaciones

Posteriormente se modificó la Ley, dándose nueva redacción a la misma con el decreto Ley número 14.265, promulgado en setiembre de 1974, donde se cambiaba el monto estipulado anteriormente y se categorizaban los fallecidos en superior y subalterno.

Según la nueva redacción: "Fijase la prestación que deberá pagar el Estado por concepto de reparación a los causahabientes del personal militar fallecido con motivo o a causa de la lucha antisubversiva en los siguientes montos en Unidades Reajustables (...). Para los causahabientes del personal de categoría Superior: 2.480 (dos mil cuatrocientas ochenta) Unidades Reajustables (UR). Para los causahabientes del personal categoría Subalterna: 2.170 (dos mil ciento setenta) UR".

En este sentido, Grisoni afirma que "los militares tenían un marco legal habilitante para ser reparados, y lo fueron según consta en informes".

"Cuesta creer que Cabildo Abierto, liderado por el general retirado Guido Manini Ríos, secundado por el coronel retirado Raúl Lozano, no estuviera al tanto", opinó el dirigente de Crysol en dicha columna.

El nuevo proyecto

El nuevo proyecto de Ley aprobado indica: "Reconócese el derecho a la reparación de todas aquellas personas que hayan sufrido daños en su persona y bienes, como consecuencia de hechos ilícitos cometidos, entre el 1º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, por integrantes de organizaciones armadas de carácter ideológico o imputables a estas".

Se estipula que el Estado asuma la responsabilidad de las reparaciones de carácter moral, social y económico. Por lo cual, como dice su artículo quinto, el Estado se compromete al pago a las víctimas o sus causahabientes a través de una "pensión reparatoria que se determinará por la reglamentación que apruebe el Poder Ejecutivo".

Según Grisoni, mediante este proyecto de ley, "con la complicidad del resto de los integrantes de la coalición gubernamental", se pretende "quitar gravedad a las desapariciones forzadas, a los secuestros de niños, a los asesinatos, a las torturas, a las calamidades sufridas por miles de exiliados y de insiliados forzosos".

En este sentido, el dirigente critica sobre quién recae la responsabilidad de los hechos que ocurrieron. Considerando que "Los funcionarios del Estado tienen la obligación de respetar las normas de Derechos Humanos y asegurar el pleno usufructo de ellas a toda la ciudadanía", entonces "El accionar de los particulares nunca puede ser equiparado ni igualado al de los funcionarios del Estado".

Por lo tanto, desde su perspectiva, Grisoni entiende que de la manera en que se presentó el proyecto, por como se manejó públicamente, se quita "gravedad, importancia y significado a los delitos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado como crímenes de Lesa Humanidad en la Sentencia Diana Maidanik y otros, de noviembre de 2021 y que está, aún, pendiente de implementar por parte del gobierno".