El exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, fue imputado este jueves por reiterados delitos de peculado, tráfico de influencia, cohecho simple y cohecho calificado, el marco de una investigación de la fiscal Stella Alciaturi por maniobras detectadas el año pasado con materiales de construcción de la Intendencia, causa por la que fueron imputadas una veintena de personas, entre ellas, varios funcionarios municipales. Deberá cumplir arresto domiciliario por 180 días, con tobillera electrónica.
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El artículo 153 del Código Penal establece que "el funcionario público que se apropiare el dinero o las cosas muebles, de que estuviere en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado, o a los particulares, en beneficio propio o ajeno, será castigado con un año de prisión a seis de penitenciaría y con inhabilitación especial de dos a seis años".
Varios detenidos
Besozzi, que renunció a su cargo para postularse a la reelección, fue detenido en las últimas horas junto a otros seis jerarcas de la Intendencia de Soriano.
Se trata del secretario general Daniel Gastán, el exdirector de Jurídica que ahora está al frente de la Auditoría Germán Cavalero, el director de Obras Pedro Nocetti, el prosecretario Gonzalo Castillo (antes secretario personal de Besozzi), el director de Logística Jonathan Torres, y también un primo de Besozzi, Pedro Besozzi que es contador y director de Hacienda.
Por este caso, fue imputado y condenado un funcionario dirigente del sindicato de municipales de Soriano, y un policía que ofrecía servicios de albañilería con materiales robados de los depósitos de la Intendencia.
El caso
La causa tomó estado público a mediados del año pasado a partir de una maniobra que consistía en robar combustible y materiales de obra de la Intendencia de Soriano y venderlos a particulares.
A partir de las pericias telefónicas, la fiscal Alciaturi pudo vincular en la maniobra hasta un capataz general de la comuna. Se determinó, a su vez, que dirigentes de Adeom Soriano fueron responsables de incendiar el emblemático teatro 28 de Febrero, donde funcionaba la Asociación de Empleados y Obreros Municipales.
Con este incendio, se pretendía quemar documentos que demostraban una serie de irregularidades en el manejo de los dineros que mensualmente se les descuenta a los funcionarios para pagar compras y gastos en comercios.
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