"En principio, así como está presentado, difícilmente cuente con nuestro apoyo, pero podemos proponer alguna modificación que permita que lo acompañemos", afirmó el senador colorado Adrián Peña en relación al proyecto de ley que busca otorgar prisión domiciliaria a reclusos mayores de 65 años de edad.
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Este martes, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República, continuó con el tratamiento del proyecto de prisión domiciliaria del Partido Nacional (PN) y se recibió a los representantes del Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay "Dra. Adela Reta". Según indicó Peña, solo faltaría la visita del comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, instancia prevista para el 13 de junio. “Ahí estaríamos concluyendo la tanda de invitados y citados para opinar sobre el proyecto”, comentó Peña. Luego cada partido fijaría posición y el proyecto podría votarse en comisión.
Sobre el proyecto, adelantó que ni el Partido Colorado ni el sector que lidera -Ciudadanos- tienen una posición definida, aunque "seguramente" podrían "proponer algún cambio", ya que como está es difícil que lo apoyen.
El senador frenteamplista José Carlos Mahía reiteró la oposición de su partido a apoyar el proyecto."Es un indulto que aparece tapado y que nosotros no acompañamos", dijo, ya que significaría otorgar el beneficio de prisión domiciliaria "a quienes secuestraron o torturaron siendo parte del Estado".
A su vez, recordó que ya hubo casos de represores con enfermedades graves que tuvieron prisión domiciliaria, tomando en cuenta su estado de salud. “Tal como está redactado es algo encubierto», sostuvo.
La iniciativa del PN propone modificar el Código del Proceso Penal para autorizar a los jueces a dictaminar la excarcelación a partir de los 65 años en determinadas circunstancias. En cambio, a partir de los 70 años el beneficio “se impondrá de oficio y sin más trámites”, salvo en algunos casos, como por ejemplo, personas procesadas por delitos de abuso sexual, violación o crímenes de lesa humanidad.
El principal cuestionamiento a la iniciativa es que la mayoría de los represores de la dictadura cívico-militar no fueron imputados por crímenes de lesa humanidad, sino por delitos de homicidio, tortura y secuestro, entre otros. Por lo tanto, con la aprobación del proyecto se beneficiarían más de 20 represores condenados por violaciones de los derechos humanos recluidos en la cárcel de Domingo Arena.