Después de mucho tiempo el proyecto de prisión domiciliaria para personas mayores de 65 años impulsado por Cabildo Abierto comenzará a tratarse en el Senado.
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Este martes a las 15.00 sesionará la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, que como primer punto del orden del día tiene el proyecto de ley sobre prisión domiciliaria para privados de libertad mayores de 65 años. Luego de varios meses, el Partido Nacional (PN) presentará oficialmente un proyecto alternativo, que sube la edad límite a 70 años, pero que también beneficia a represores presos en Domingo Arena.
El lunes, luego de la reunión de la bancada de la cámara alta del PN, la senadora Graciela Bianchi, coordinadora de bancada y vicepresidenta de la comisión, señaló en rueda de prensa que en la sesión del martes presentarán oficialmente el proyecto alternativo, que elaboró la senadora blanca Carmen Asiaín, “con asesores de los distintos senadores” nacionalistas, en el que “todos” participaron. Dijo que el proyecto “estuvo en suspenso durante un tiempo, porque hubo otros de más apuro”, sobre todo el de la seguridad social, y resaltó que hace “casi dos años” que están estudiando el tema.
En agosto de 2021, Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley que establece la prisión domiciliara para reclusos mayores de 65 años. La iniciativa entró por el Senado, a la Comisión de Constitución y Legislación, donde se trató hasta diciembre de ese año, recibiendo a distintas delegaciones, pero luego quedó en la nada. El proyecto generó el inmediato rechazo del Frente Amplio (FA) y dentro de la coalición manifestaron algunas diferencias. Por ejemplo, en el Partido Nacional (PN) se planteó subir la edad del beneficio a 70 años.
El senador del FA Enrique Rubio, integrante de la comisión, resaltó que desde el principio dijeron que el proyecto es “totalmente injusto, dados los delitos que se les han imputado por parte de la Justicia, en juicios prolongadísimos, con todas las garantías”, a quienes están presos por crímenes de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado. Por lo tanto, “conceder ese beneficio no se justifica de modo alguno”, si bien ya está previsto en nuestra legislación, “y los jueces lo han aplicado para determinados casos, por razones de salud u otras”.
Rubio no tiene dudas de que el proyecto de CA tiene nombre y apellido, fue “diseñado para determinado grupo de personas”, y además “vulnera violentamente la separación de poderes”, porque “impone automáticamente” por ley la prisión domiciliaria “con independencia de los procesamientos judiciales”. Además, el senador resaltó que el proyecto fue “muy analizado” por especialistas, como penalistas, y “no se encontró a nadie importante que lo defendiera desde el punto de vista del derecho penal”.