La cancelación del proyecto Neptuno por parte del actual gobierno abrió un nuevo escenario para los productores de Rincón del Pino, San José, cuyas tierras habían sido expropiadas para la construcción de la planta en Arazatí. Según declaró a Agro de Búsqueda el productor Diego Bonino, la expectativa es que el Estado revierta las expropiaciones.
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El proceso aún depende de dos instancias clave: la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en la Cámara de Diputados, y el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). “Si bien las noticias son favorables, no hay que descansarse”, señaló Bonino, convencido de que los informes técnicos y científicos son “contundentes” en demostrar que Arazatí “no es un buen lugar para colocar una toma de agua”.
Reclamos de productores por lucro cesante
Los productores evalúan reclamar por el lucro cesante derivado de no poder explotar sus predios, aunque Bonino dijo que ese aspecto “queda en segundo plano” frente al riesgo que implicaba el proyecto. El dirigente señaló que las expropiaciones afectaron partes de los campos, sin desalojar viviendas, y que algunos productores siguieron trabajando hasta recibir notificación formal, asumiendo el riesgo de perder sus cultivos.
Sobre las ofertas iniciales de compra, Bonino aseguró que eran “vergonzosas” y no reconocían el valor real de la zona. El productor Ariel Link afirmó a Agro de Búsqueda en agosto de 2024 que el Estado ofrecía US$ 12.000 por hectárea, cuando el mercado paga hasta US$ 22.000, sin compensación por lucro cesante. “No era un tema de plata, ningún productor quería vender”, insistió Bonino.
Riesgo ambiental sobre el acuífero Raigón
La principal preocupación de los vecinos siempre fue el impacto ambiental. Bonino recordó que la obra implicaba riesgos de contaminación irreversible para el acuífero Raigón, en una zona con alta producción intensiva de papa, horticultura y lechería. “El impacto era de más de 1.500 hectáreas, 500 desaparecían y el resto quedaban afectadas por cambios en la napa freática”, explicó.
Estudios encargados por los propios productores, así como informes técnicos y una consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) —citada por Búsqueda— respaldaron la postura de que Arazatí no era la mejor solución y que Casupá ofrecía mayor seguridad hídrica. Bonino también criticó que OSE pagara casi US$ 500.000 a la Universidad de la República por estudios que luego “desestimó”, y reclamó un plan urgente para reparar pérdidas en la red de agua.
“Fue un gran alivio” escuchar la cancelación del proyecto, resumió Bonino, quien destacó el apoyo de la Presidencia y la reunión mantenida en San José con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y la intendenta Ana Bentaberri. Ahora, dijo, “cada productor decidirá si quiere seguir en juicio por lucro cesante o pasar la página y dedicarse a producir, que es de lo que vivimos”.
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