La Comisión de Constitución y Legislación del Senado tenía previsto votar este martes el proyecto de ley de tenencia compartida, que regula la actuación de la Justicia ante casos de parejas separadas con hijos e hijas a cargo sin un régimen acordado entre las partes. En principio, la iniciativa sería aprobada con la mayoría de votos de la coalición de gobierno, pero se prevén modificaciones cuando ingrese a Diputados, dado que varias voces del sector Ciudadanos han planteado críticas y reparos. En un tema que genera polémica, también se pronunciaron en contra diversas organizaciones sociales.
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El ministro y líder de Ciudadanos, Adrián Peña, informó este lunes que seguramente no se votaría este martes el proyecto por la ausencia por covid-19 de Pablo Lanz, senador del sector que integra la comisión y negoció los cambios en la redacción. De todas formas, dijo que lo previsto es votarlo la próxima semana y que Ciudadanos, al menos en el Senado, daría sus votos.
El acuerdo en el Senado surgió luego de varios meses de negociación en la interna del oficialismo, e incluso un frustrado intento de votación en la comisión a finales de 2021, que se frenó por la postura contraria de Ciudadanos. Ahora, los senadores del sector colorado, Carmen Sanguinetti y Pablo Lanz, acompañarán la iniciativa, al aceptar los últimos cambios realizados.
Sin embargo en Diputados la historia puede ser otra. La diputada María Eugenia Roselló, del sector mayoritario dentro del Partido Colorado (PC), adelantó que no votará el proyecto tal como está redactado
Juntas, las bancadas de Ciudadanos y el Frente Amplio (que se opone a la iniciativa) reúnen en Diputados una mayoría escasa pero suficiente de 50 votos, que eventualmente podría bloquear el avance del proyecto de ley en el Parlamento. En la la interna de Ciudadanos no se ha discutido formalmente el tema, al margen de la postura de Roselló. El sector colorado cuenta con ocho legisladores en la cámara baja.
El proyecto, que generó posiciones muy encontradas, sostiene que ambos padres tienen derechos y obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo de los niños y adolescentes.
Sin embargo, la norma fue objeto de críticas de organizaciones sociales que creen que "se pone en riesgo la situación de niñas, niños y adolescentes victimas de violencia".