“Venimos reclamando desde hace años que la publicidad oficial se use con criterios justos y transparentes. A veces hubo avances, pero nunca suficientes. Aún hoy, el 95% de la publicidad estatal se queda en Montevideo y solo el 5% va al interior”, explicó Gómez.
¿Un gasto electoral disfrazado?
Una de las preocupaciones habituales en torno a la publicidad oficial es su uso con fines partidarios, especialmente en años electorales. Sin embargo, Gómez aclaró que en 2024 no se registró un aumento abrupto con respecto a 2023. Aunque el gasto creció en términos absolutos durante el quinquenio, no hubo un salto significativo que pudiera ser interpretado como una estrategia del gobierno para influir en el electorado mediante los medios.
“Lo que sí vimos fue un crecimiento sostenido desde 2022, luego de la caída durante la pandemia en 2020 y 2021. Pero no hay evidencia de un aumento electoralista en 2024”, señaló.
Por otro lado al comparar con el anterior año preelectoral del gobierno del Frente Amplio (2019), sí hay un cambio considerable porque el gobierno de Lacalle Pou gastó mucho más. Empresas públicas como UTE, ANTEL y BROU aumentaron su inversión en publicidad entre un 50% y un 76%.
Desde la perspectiva de OBSERVACOM, este gasto tiene un fuerte impacto en la libertad de expresión. “Nos interesa menos como tema económico y más en cuanto a cómo puede afectar la sostenibilidad de los medios. En cómo esa plata puede influir en las líneas editoriales. Si esa plata va a unos medios porque son favorables al gobierno y no a otros porque son críticos”.
“Claramente hay en volumen, muchísima más plata gastada en publicidad oficial por el gobierno de Lacalle Pou que por el gobierno de Tabaré Vázquez en el último año. Eso es indiscutible”, dijo Gómez. En especial, resaltó el papel del Ministerio de Turismo, que fue el mayor anunciante entre los organismos estatales, incluyendo campañas dirigidas al exterior.
Las campañas de bien público: ¿Instrumentalizadas?
Otro tema que se puso sobre la mesa fue el aumento percibido en las llamadas campañas de bien público, que legalmente deben emitirse sin costo por los medios de comunicación. Estas campañas no constituyen técnicamente publicidad oficial, ya que no implican pago, pero sí pueden ser utilizadas con fines propagandísticos si se abusa de los contenidos.
“Hay una delgada línea que se cruzó. Vimos campañas donde el gobierno rendía cuentas de su gestión, lo cual no entra dentro de lo que se entiende como ‘bien público’. Es un uso que roza lo electoral”, advirtió Gómez.
A pesar de varios intentos legislativos para regular el uso de la publicidad oficial, Uruguay sigue sin una ley específica que establezca criterios claros y justos de asignación. Incluso cuando el Parlamento aprobó un artículo que reservaba el 20% del gasto para medios del interior, la disposición nunca se implementó.
“Seguimos sin una norma que garantice transparencia y equidad. La publicidad oficial puede afectar la libertad de expresión, porque si se otorga de forma arbitraria, condiciona la sostenibilidad y la línea editorial de los medios”, concluyó Gómez.
Los datos revelados por OBSERVACOM confirman que el gasto en publicidad oficial creció significativamente durante el gobierno de Lacalle Pou. Aunque no se encontraron pruebas de un uso descaradamente electoral en 2024, la concentración del gasto en empresas públicas, la exclusión de medios del interior y el uso discutible de campañas de bien público plantean la necesidad urgente de una ley que regule este instrumento con criterios democráticos.
Embed - Pasaron Cosas miércoles 11 de junio 2025. Gasto en publicidad oficial en el gobierno de Lacalle Pou
