Puerto de Montevideo: puente para pesca ilegal y narcotráfico

***

Esta misma semana, un informe de la fundación argentina Nuestro Mar estableció que “más de 700 buques extranjeros pesqueros (el director de Dinara dijo en Ecuador que son 2.000 barcos) que operan en el Puerto de Montevideo capturan ilegalmente recursos pesqueros argentinos en Malvinas y los migratorios originarios de ambos países en alta mar, violando Uruguay las declaraciones de la CELAC de 2011 y 2014, la resolución de la UNASUR de Asunción del 17/3/2012 y el Tratado del Río de la Plata de 1973/4.

En este puerto se recambia el combustible, se reemplazan tripulantes, se transbordan capturas, se arman y reponen alimentos e insumos de buques que pescan ilegalmente. Operaciones que representarían a Uruguay un ingreso de 300 millones dólares anuales, aunque violando todas las normativas”.

Recuerdan, además, que “los tres Estados ribereños de América del Sur oriental (Argentina, Brasil y Uruguay) suscribieron la ‘Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur’, y que esta es el ámbito adecuado para tratar también cuestiones relativas al trabajo esclavo, contrabando y narcotráfico que, atrás del descontrol en los puertos, van de la mano de la pesca ilegal”.

Jaime Coronel, director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) desmintió la información divulgada por la Fundación Nuestro Mar. “El puerto de Montevideo es seguro y no se desembarca pesca ilegal, porque se revisan las bodegas y se hacen seguimientos satelitales”, dijo en radio Sarandí.

Sin embargo, un informe de la Auditoría Interna de la Nación, realizado sobre la DINARA y publicado en su web en junio pasado, es lapidario y revela con absoluta claridad que en el Puerto de Montevideo no hay control sobre la pesca ilegal, además de estar fuera de control en otras irregularidades.

Desde la vecina orilla se congratularon con el informe de la AIN y señalaron que “sería bueno tener una auditoría de igual rigurosidad sobre los manejos de la Subsecretaría de Pesca de Argentina y los puertos de nuestro país”.

¿Qué dice la auditoría?

Según expresa el informe, los objetivos y alcances de la auditoría eran:

• “Evaluar el proceso de emisión y renovación de los permisos de pesca comercial industrial, así como las actividades de control implementadas sobre el aprovechamiento responsable y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, declarados legalmente de interés general.
• El alcance del trabajo de auditoría abarcó el período enero del 2020 a diciembre del 2022, sin perjuicio que para algunas pruebas se consideró un período más extenso. Se exceptuó del análisis la transferencia de titularidad de los permisos de pesca, la suplantación de buques pesqueros con permisos de pesca vigente; régimen de observadores técnicos; cobro de multas y tasas; y presentación y aprobación del proyecto previo al otorgamiento de los permisos de pesca”.
• Como resultado de los procedimientos realizados y en función de los hallazgos que se explicitan en informe detallado, “se concluye que el proceso de emisión y renovación de los permisos de pesca comercial industrial presentó debilidades de control interno, que no permiten asegurar que los mismos cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente, la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad e integridad de la información y la protección de los recursos hidrobiológicos”, afirma la auditoría.

Y eso se evidencia principalmente en:

• Ausencia en las actividades de control y seguimiento, a fin de garantizar que los permisionarios no se aparten de las autorizaciones otorgadas, en referencia a la cantidad y tipo de pesca y el estado y uso de los recursos hidrobiológicos que son parte de la soberanía territorial y alimentaria del país.
• El organismo no cuenta con un Registro de Pesca integral, la información es parcial y está segmentada en distintas áreas, no permitiendo realizar una trazabilidad del proceso, ni ejercer los controles necesarios para una adecuada y oportuna toma de decisiones.
• Demoras en la emisión y renovación de los permisos definitivos, lo que conlleva al otorgamiento de sucesivos permisos provisorios, desvirtuando el uso de esta figura.
• La estructura organizativa de la DINARA y sus canales de comunicación no son los adecuados, se denota una informalidad en los mismos, sumado a la falta de personal en áreas claves.

La DINARA no cumple con sus tareas

Luego de hacer un minucioso detalle de las potestades y responsabilidades de la DINARA, el informe ingresa al detalle de los hallazgos. Entonces, las conclusiones son calificadas como de “riesgo extremo”.

La auditoría afirma que “la estructura organizativa establecida, las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad de la DINARA, no garantizan la consecución del objetivo de regular el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, lo que se realiza a través, entre otros, del otorgamiento de los permisos de pesca comercial industrial. Esto se fundamenta en que:

• La estructura organizativa está en proceso de cambios, no pudiéndose visualizar claramente en los hechos los cometidos de las diferentes áreas.
• Falta de políticas formales y actividades de control que sustenten las directivas de la dirección, su continuidad y/o actualización.
• Ausencia de líneas de reportes formales y de un continuo flujo de información para la gestión de las actividades que hacen al proceso de emisión de permisos. De acuerdo con lo manifestado por los encargados de área, no se realizan reuniones generales de coordinación, no existen manuales de funciones ni procedimientos, fijándose cambios en el proceso a través de mandatos verbales.

La dirección es caótica

La auditoría se expresa en forma crítica sobre la responsabilidad del director Jaime Coronel, afirmando que “la Dirección asigna, delimita y delega autoridades y responsabilidades sin planes de contingencia claves para la continuidad del proceso. A modo de ejemplo:

- El director designa a su sustituto para determinados asuntos, así como la delegación de su firma, ante cada instancia, a nombre de personas y no de cargos, existiendo tantas resoluciones como ausencias. Asimismo, por disposición expresa, dicha delegación no podrá ser objeto a su vez de delegación.

- Existen cargos acéfalos de relevancia, falta de personal y con causal jubilatoria sin que se cuente con un plan de transición, realizando modificaciones al proceso de acuerdo con dicha realidad.

- Se visualizan debilidades en la integración del Área Financiero Contable en función de la relevancia de sus cometidos.

- Consultado sobre los recursos humanos con que a día de hoy cuenta el organismo, el director manifestó haber realizado gestiones ante autoridades del MGAP, no habiendo proporcionado información respaldante que lo acredite”.

Como conclusión, el informe señala los riesgos a los que se encuentra expuesto el organismo:

• - Dilución de responsabilidad.
• - No detección de irregularidades por falta y/o debilidades de controles.
• - Inadecuado seguimiento de la gestión, lo que puede impactar en la toma de decisiones erróneas o a destiempo.
• - Incumplimientos normativos.

A su vez, la AIN establece una serie de recomendaciones:

1. Establecer y aprobar una estructura organizativa que se adecúe a la gestión de la DINARA, así como el diseño e implementación de un Manual de Funciones que contenga los cometidos y responsabilidades de cada área.

2. Revisar el criterio de delegación de firma del director nacional.

3. Reforzar el área Financiero Contable a fin de poder garantizar el ejercicio de sus cometidos.

4. Realizar y/o continuar las gestiones ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para el fortalecimiento del personal de DINARA.

5. Revisar los canales de comunicación de los funcionarios con la Dirección, así como los mecanismos por los cuales se dictan las directivas.

La auditoría suma otros datos extremadamente graves

Al analizar los riesgos a los que se encuentra expuesto el organismo, se afirma:

• Falta de integridad de la información por pérdida, errores de ingreso, manipulación o duplicación de los datos.
• Incumplimiento normativo en lo referente a los plazos de tramitación en los diferentes trámites.
• Toma de decisiones inadecuadas.
• La falta de seguridad de la información puede determinar el uso inadecuado de los datos personales contenidos en el registro, exponiendo al organismo a demandas judiciales, impactando en la imagen institucional.

Vía libre para la pesca ilegal

Al analizar los permisos de pesca provisorios y definitivos, la auditoría revela otra faceta del caos que expone al país a graves sanciones.

“En ambas modalidades se constataron debilidades, las que no brindan seguridad razonable de que se esté autorizando a empresas que cumplan con todos los requisitos legalmente requeridos”, expresa el informe, y señala las irregularidades una por una:

• No se cuenta con la intervención de Industria Pesquera sobre la habilitación sanitaria y de Flota y Captura para verificar si el barco ha cumplido con la actividad mínima exigida por la normativa.

• Si bien el sistema VUCE tiene las pestañas para adjuntar la documentación requerida, no siempre se realiza, permitiendo continuar con el trámite.

• El permiso electrónico es una hoja sin identificación con el logo oficial del organismo emisor y carece de un código QR u otro sistema de verificación, que permita dar las garantías de que el mismo no pueda ser adulterado. A este respecto, el director manifestó que luego de su firma se genera automáticamente un mail a Prefectura Nacional Naval, lo que en acuerdo con dicho organismo sería suficiente para su validación y formalidad. Solicitada la documentación que dé cuenta de dicho acuerdo, el mismo no fue proporcionado. Sin perjuicio, no se entiende suficiente, en la medida que requiere del actuar de otro organismo externo al control de DINARA y que el permisionario debe llevar el permiso en el barco pudiendo tener controles estando en altamar.

• No se consideran los permisos provisorios y sus renovaciones emitidos anteriormente, constatándose permisos emitidos electrónicamente que se superponen en fechas con el existente, conviviendo dos números de trámite respecto a un mismo permiso.

• Del análisis de la muestra correspondientes a todos los permisos provisorios emitidos respecto a un buque, se detectaron días sin permisos válidos entre el vencimiento y la renovación. Si bien los permisos provisorios se habilitan por normativa mientras se tramita el definitivo o su renovación, los tiempos insumidos para su emisión han determinado que sea un instrumento de uso regular y permanente, desvirtuando su finalidad. A modo de ejemplo, se han emitido 67 permisos provisorios sucesivos en un caso de trámite de renovación.

El informe establece los riesgos a los que se encuentra expuesta la DINARA:

• Otorgar permisos de pesca comercial industrial para explotar recursos del país a empresas que no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa.

• Generar la conducta de la irregularidad, utilizando las empresas las debilidades de la administración para operar en forma irregular.

• Colusión de intereses entre las partes vinculadas.

• Toma de decisiones inadecuadas o a destiempo.

• Empresas pescando sin contar con la habilitación debida.

• Impacto negativo en la imagen institucional.

Uruguay está expuesto a sanciones internacionales

El caos constatado sobre la adjudicación de permisos pesqueros contraría las recomendaciones de la FAO, que se agravan cuando Uruguay es parte de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y del Estado Rector del Puerto (Ley 19.017; Decreto 323/17).

Estas irregularidades podrían ser motivo suficiente para que los mercados internacionales descarten al Puerto de Montevideo como estación de carga y descarga de productos pesqueros. Situación que debería llevar a la Cancillería uruguaya, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Comisión del Tratado del Río de la Plata -por aplicación de los art. 74, 80 y 82 de este, las normas de la FAO y el Preámbulo y los art. 59, 87 y 116 a 118 de la CONVEMAR- a efectuar urgentes y profundas correcciones, por cuanto la categorización de evidencias “extremas” por parte de la Auditoría están indicando que “las debilidades detectadas son muy significativas”, pudiendo poner en riesgo recursos pesqueros originarios de ambos países, tanto en la Zona Común de Pesca, la Zona Económica Exclusiva y en alta mar, como los argentinos en Malvinas, cuya soberanía el Uruguay ha reconocido expresamente, aunque de esta forma se esté convirtiendo en una retórica sin ningún efecto práctico.

Las irregularidades y ausencias de controles portuarios significan promover el mejor escenario para la pesca ilegal, el narcotráfico, el trabajo esclavo y la evasión fiscal.