Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
PriceWaterhouseCoopers mas conocida por su sigla PwC Uruguay es una destacada y reconocida firma de plaza y una de las mas grandes en ser contratadas para realizar auditorias.
El mundo financiero que se ha impuesto sobre el de la producción se ha convertido en un gigante donde los Estados que no han generado mecanismos de control sobre el mismo han vivido verdaderas pesadillas, como en el caso de Uruguay durante el gobierno de Jorge Batlle; en otros casos donde los mecanismos existen, el prestigio de una empresa multinacional se convierte en razón suficiente para que nadie pregunte demasiado, hasta que aparece un amanuense demasiado curioso.
Alan Llofriu Stamato es un joven contador de 27 años que como muchos antes de recibirse y en pleno estudios, realizó varías prácticas de auditorias financieras, contratados por unos pocos pesos por Estudios encargados de dichos trabajos.
Al poco tiempo de recibirse en la Universidad de la República, la buena suerte parecía sonreirle ya que el 21 de octubre del 2021 Llofrui fue contratado por la firma PriceWaterhouseCoopers ( PwC Uruguay) para hacer la auditoria financiera sobre uno de los mas importantes bancos privados de la plaza uruguaya.
Pero a los pocos meses el joven contador que apostó redoblando los esfuerzos en su tarea, pasó a vivir ciertos “ruidos en la linea”.
La denuncia de Llofriu
PwC Uruguay hace años que tiene presencia en el sistema financiero y una de las firmas que realiza para el Banco Central del Uruguay, las auditorias en el Banco República, el Banco Santander, el Banco Itaú y otros dos bancos privados.
A Llofriu se le asignó realizar una de las auditorias sobre el Banco Santander; los auditores deben entre otros documentos firmar una declaración de Independencia funcional, técnica o familiar con respecto a la Institución auditada, y dichos informes para ser elevados al Banco Central del Uruguay (BCU) que luego los publica, deben ser entregados como máximo plazo el 31 de diciembre.
El 29 de diciembre, Llofriu recibe una llamada de otro auditor expresándole que extra oficialmente la socia senior gerenta de la empresa solicitaba que firmara la declaración de independencia técnica de una auditora que ya no trabajaba para la empresa. Llofriu sorprendido y mientras aquél pedido le hacia ruido, le dijo a quién trasladó el mensaje que se desentendiera del tema.
Una peripecia virtual
Llofriu se puso en contacto con la gerente senior A. Latorre expresándole que se negaba a realizar lo solicitado y se le respondió que firmar por otra persona ausente era una práctica habitual, que lo hacían porque no habían logrado localizar a la auditora y que una vez localizada ella firmaba el original, pero el plazo del 31 de diciembre los obligaba a presentar toda la documentación.
Le dijeron que se desentendiera del tema, aunque no le explicaron porque si era una práctica tan habitual y sin riesgos, se lo habían pedido a él.
Con esa situación, Llofriu entró en su licencia y en la segunda quincena de enero no estando dispuesto a trabajar sin reglas claras, y habiendo periodo a confianza en sus jefes inmediatos, se comunicó con el área de ética de PWC en Estados Unidos, la casa matriz.
De Estados Unidos lo contactaron y tomaron la denuncia; por un protocolo interno luego lo contactan de Perú donde lo intentan disuadir con el pretexto de que en América Latina los controles sobre éstas prácticas son mas flexibles, y sin dudas en Europa, ésto había ameritado sanciones.
Hasta donde a Llofriu le consta y por eso sigue adelante con la denuncia, los informes fueron entregados por lo que alguien firmó por la auditora ausente.
La denuncia llegó a oídos como era de esperar del socio líder en Uruguay Omar Cabral, quién se comunicó con Llofriu expresando su malestar por la denuncia realizada directamente a la casa matriz de la empresa, y empezando procesos de desvinculación de éste con la sede uruguaya.
De hecho le llegaron a ofrecer trabajar para la filial Argentina, pero éstos ya estaban al tanto de la denuncia realizada contra la uruguaya, tuvo una conversación sobre la posibilidad de un nuevo contrato pero el tono no era nada amigable, por lo que empezar a trabajar con el mote de “funcionario complicado” no era un opción para Llofriu.
Cuando Llofriu anunció su intención de presentar la denuncia en la fiscalía uruguaya, desde Estados Unidos le volvieron a ofrecer otro empleo, aumentando su categoría y le aseguraron que sobre algunos socios de PWC Uruguay, se habían tomado sanciones.
La cultura del “gancho”
En Uruguay la cultura del “gancho”, es decir firmar por otra persona es una práctica mas habitual de lo que la gente se puede imaginar.
Bajo el pretexto de tener que presentar un documento en determinados plazos y bajo la ausencia del titular, en varios organismos se realiza por la vía de los hechos.
En el Poder Judicial por ejemplo, las notificaciones que se deben entregar en mano y debe ser firmado por la persona notificada, ante un error de la dirección que es imposible lograr la ubicación real, para no demorar un proceso, se suele firmar como si la persona lo hubiera recibido.
Varios despachos de legisladores suelen habilitar a sus asesores firmar con “su firma” para algún pedido urgente de materiales de proveeduria; a nadie se le ocurre desconfiar que por esa vía algún asesor terminara instalándose un kiosco o papelería, y no hay organismo que habilite la inspección, pericia caligráfica mediante, de todos los documentos públicos que circulan por el país.
Sin embargo, es una clara falta ética, una falsificación, que no debería dar lugar con su práctica a ningún tipo de suspicacia, sino fuera, porque en el mundo financiero y de las grandes multinacionales, la suspicacia está a la orden del día.
Este incidente parece darle la razón a Llofriu cuando se pregunta, que otros documentos bajo éstas prácticas circulan en PWC y son entregados al BCU u otro organismo.
Si bien PWC Uruguay como otras filiales recibe inspecciones de la casa central, no hay manera ni condiciones de poner la lupa sobre cada una de las firmas de los documentos, cuando además mucho de esos trabajos, son realizado por auditores que trabajan fugazmente para la empresa.
Llofriu presentará denuncia en fiscalía y en la Justicia Laboral.
La lupa sobre las auditorías
El rol de los auditores y de las auditorías no es la primera vez que se convierte en una situación sobre la que los poderes públicos y la opinión publica no han prestado atención, por que se entiende una tarea mas que necesaria.
Pero la parcialidad político partidaria con el gobierno del auditor sobre el Antel Arena, fue una primera señal de alarma.
A pesar del debate público nadie parece tener muy claro quién controla a los auditores, a las empresas auditoras, que organismos se pone por encima para fiscalizar que la tarea se viene desarrollando con la mas absoluta transparencia y diligencia.
La denuncia de Llofrui centra la mirada hacia una de las empresas que por su sola luminaria, nada haría pensar que debería ser objeto de observación.
En la página de PwC Uruguay se puede encontrar con destaque que : “PwC es una de las organizaciones de servicios profesionales más destacadas del mundo. Nos enorgullece que nuestros servicios agregan valor, ayudan a mejorar la transparencia, confianza y consistencia de los procesos del negocio. Si bien conducimos nuestro negocio en el marco de las normas profesionales, leyes, reglamentaciones y políticas internas aplicables, también reconocemos que estas normas, leyes, reglamentaciones y políticas no regulan todos los patrones de comportamiento.
Es por ello que contamos además con un Código de Conducta para todos los miembros y firmas PwC. Este Código está basado en nuestros valores y los lleva al próximo nivel: demostrar nuestros valores en acción”.
Sobre que las leyes “no regulan todos los patrones de comportamiento”, está basada la denuncia de Llofriu.
Dejá tu comentario
Te puede interesar