Sin embargo, la amplia participación de representantes institucionales que se canalizó a través de este grupo de trabajo es lo que ha lleva a integrantes del gobierno a confiar en que la iniciativa tendrá una alto "respaldo técnico", y que el resultado debe ser leído como el fruto del aporte de múltiples voces autorizadas, más allá del impulso inicial de Díaz.
Cambios en CPP
Uno de los cambios que ya ha trascendido, implica dejar sin efecto una norma aprobada en el gobierno anterior. La propuesta apunta a reinstalar la suspensión condicional del proceso, una figura que fue polémica desde el inicio del nuevo CPP, a través de la cual los imputados, siempre y cuando hubieran cometido delitos leves, evitaban el castigo de una pena tradicional de cárcel; en esos casos, las situaciones se resolvían con un acuerdo con las víctimas, y con el beneficio de la extinción del delito y, por ende, del antecedente judicial que podía quedar establecido.
Esa herramienta estuvo vigente hasta 2020 —cuando la Ley de Urgente Consideración aprobada en el gobierno de Luis Lacalle Pou la derogó—, luego de un recordado episodio sucedido en 2019, y que el ministro del Interior —y exfiscal de Homicidio— Carlos Negro trajo recientemente a colación: en marzo de aquel año, un hombre de 63 años que había comprado objetos robados acordó con la Fiscalía cocinar 100 torta fritas —a eso se dedicaba— y donarlas a una institución de beneficiencia.
"La suspensión condicional del proceso existe en todas partes del mundo. Acá al legislador se le ocurrió que eso estaba mal y lo sacó. Yo trabajé como fiscal y sé que era una medida muy apropiada en muchísimos casos y que le salvó la vida a mucha gente. Digo salvado la vida porque evitó que ingresara por el hurto en un supermercado de una caja de bombones y saliera integrante de una banda criminal destinada a ser delincuente toda su vida”, declaró el titular de Interior, en línea con lo que en su momento manifestaba la Asociación de Magistrados Fiscales, siempre en contra a que se eliminara la medida, y lamentando que se hubiera "ridiculizado" aquel caso ocurrido en Canelones.
Sea como fuere, para que esta modificación, y todas las otras —entre las que figura otorgar una mayor libertad a los abogados defensores a la hora de pedir que se recaben sus propias pruebas a los jueces— prosperen en el Parlamento, el oficialismo deberá, como siempre, batallar en Diputados para obtener las mayorías que no tiene.
