La reforma jubilatoria impulsada por el presidente Luis Lacalle Pou, sigue arriba de la mesa y con visiones diferentes tanto en el oficialismo como en la oposición. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo en las últimas horas que apoya la reforma jubilatoria tras la reunión con el presidente Luis Lacalle Pou en la residencia de Suárez y Reyes, donde hizo entrega de "un memorándum con una docena de puntos" para el proyecto. "Cabildo va a apoyar la reforma de seguridad social, pero pretende que esos puntos sean considerados", dijo el dirigente cabildante y enfatizó que "es necesaria la reforma”.
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Asimismo, afirmó que un equipo técnico del partido se reunirá con los redactores del proyecto. "Ahora estamos proponiendo mejoras en el anteproyecto, en general, en todos los sectores", dijo y remarcó: "Hay cambios para hacer para mejorar el anteproyecto".
A comienzos de agosto, desde Cabildo hicieron observaciones sobre el régimen de pensiones planteado en el proyecto. "Creemos que afecta a las viudas, por ejemplo”, dijo Manini entonces y agregó que había “algunas objeciones” sobre las bonificaciones de la Policía.
FA estudia informe técnico
La Comisión de Seguridad del Frente Amplio (FA), creada para el estudio de la reforma que impulsa el gobierno, presentó a la Mesa Política un informe técnico sobre el anteproyecto del Poder Ejecutivo.
Ahora la cúpula política de la fuerza de izquierda se apresta a considerar el documento técnico de análisis del anteproyecto de reforma jubilatoria del gobierno, que determinará la posición política que adoptará el Frente Amplio para dar respuesta al presidente Luis Lacalle Pou y fijar su postura para el debate parlamentario.
El documento de 37 páginas, fue elaborado por la Comisión de Seguridad Social del Frente Amplio, coordinada por el secretario general del Partido Comunista Juan Castillo y el economista Jorge Polgar, expresidente del Banco República y asesor de bancada.
En el documento, indican que en esta reforma hay una “flexibilización y ampliación de la actual Ley Nº 19.160, con mayores posibilidades en la reducción de los tiempos de trabajo y salario (al menos en una tercera parte) en el retiro parcial de dependientes”.
El informe indica que “podrían destacarse importantes ausencias (dentro del anteproyecto) producto de las excesivas facultades que se otorgan al Poder Ejecutivo y a la Agencia Reguladora”, que reducen la participación social y autonomías.
Además, se cuestiona la concepción del anteproyecto “centrada en la reducción del gasto, sin analizar posibles fuentes alternativas o complementarias de ingresos”.
Los técnicos critican que no se aborde la problemática específica de las medianas y pequeñas empresas, que son básicamente el 75% del total de empresas inscriptas en BPS, y que tienen esquemas de aporte y de beneficio diferentes.
En ese marco, la oposición pedirá mayor información al gobierno, lo que incluye una evaluación considerando edades de retiro menores que las fijadas en el anteproyecto.
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