Republicanismo y gobiernos departamentales blancos

Según el artículo 262 de la Constitución, “el Gobierno y la Administración de los Departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Departamental y un intendente”.

A su vez la Junta Departamental está integrada por 31 ediles departamentales que son electos por votación directa en un sistema mayoritario y subsidiariamente proporcional, esto es, el partido del intendente tiene un mínimo de 16 bancas, y si logra más del 50% de los votos obtiene tantas bancas como corresponda en forma proporcional. ¿Cuál es la tarea de los ediles? Pues, tienen dos fundamentales: legislar y controlar. Por ejemplo: los ediles deben aprobar por mayoría el Presupuesto Quinquenal presentado por la Intendencia. También elaboran normas de carácter departamental, modifican ordenanzas, otorgan excepciones, destituyen funcionarios, crean comisiones investigadoras. Además pueden acusar ante el Senado a ediles y al intendente por delitos o violaciones a la Constitución. Pero la acusación realizada por los ediles montevideanos nos propone revisar qué tan apegado a la norma o qué tan republicano es el Partido Nacional en aquellos departamentos donde es gobierno.

Artigas, el símbolo del nepotismo

El intendente de Artigas, Pablo Caram, fue reelecto en 2020 como el más votado en la historia de su departamento con el 71,2%. En su primer período (2015-2020) no tuvo ningún conflicto ético para integrar su gabinete con parientes. Su pareja Karolina Gómez se desempeñó como directora de Cultura. En tanto Rodolfo Caram, primo y exdiputado, fue nombrado director de Desarrollo y, ya que estaba, su pareja entonces ingresó como funcionaria de la intendencia. Augusto Rodríguez, primo del cuñado del intendente, asumió como secretario general. Valentina Dos Santos Caram, sobrina y hoy diputada, también fue nombrada directora general. Su pareja, Omar Bicera, era encargado de proyectos. Por su parte la escribana Elita Volpi, pareja del primo de la sobrina del intendente, asumió como intendenta suplente. Gustavo Dos Santos, primo del cuñado del intendente, asumió como director de Tránsito y Manuel Caram, primo del intendente, fue nombrado asesor en Desarrollo. A su vez, varios funcionarios municipales contratados con cargos de jerarquía, estaban vinculados a empresas que ganaban licitaciones. La Jutep elaboró un informe lapidario sobre la gestión de Caram. Pero el Parlamento anterior jamás trató el tema. El Partido Nacional tiene 22 ediles en 31, por lo que no necesita para nada a la oposición. Artigas recibe del gobierno nacional más del 100% de lo que recauda (989 millones de pesos contra 670 millones) y tiene un déficit de 10 millones de pesos. Cuenta con 1.571 funcionarios municipales, 213 cada 10.000 habitantes, incluidos los de la Junta Departamental. En lo que va de este período ingresaron 173 funcionarios por designación directa y uno por concurso.

Maldonado, la estancia del patrón

Proporcionalmente a su población, Maldonado es el departamento más rico del país pese a que solo vive de los servicios turísticos. Por segunda vez consecutiva es gobernado por el nacionalista Enrique Antía, un exwilsonista luego integrante del sector liderado por Francisco Gallinal. En la elección de 2020 logró el 62,9% de los votos, una mayoría que ni el último caudillo Domingo Burgueño logró nunca. Por lo tanto tiene 21 ediles en 31 y tampoco necesita de la oposición, ni siquiera del único edil colorado. También controla los 8 municipios en que está dividido el departamento. Antia cuenta con un presupuesto quinquenal de mil millones de dólares y un déficit de 100 millones de la misma moneda que licuó mediante un fideicomiso a quince años. Poco más del 20% de lo que recauda proviene de ingresos nacionales. El crecimiento edilicio aportó enormes recursos a las arcas de la intendencia. Basta recordar que el presupuesto quinquenal con el que contó Benito Stern (PC), primer intendente pos dictadura (1985-1990), fue de 30 millones de dólares para todo el quinquenio y dejó un déficit de 2 millones. La intendencia tiene 3.160 funcionarios incluidos los 107 que se desempeñan en la Junta Departamental, 160 cada 10.000 habitantes. En el año 2021 ingresaron 453 funcionarios, 406 por concurso y 47 por designación directa.

Pero Maldonado tiene otra curiosidad: es la intendencia con más cargos de confianza, 106 en total. Ellos dirigen a unos 3.000 funcionarios. Durante la votación del Presupuesto Quinquenal de la pasada administración, el jefe departamental logró introducir una norma en el artículo 30 que establece: “El 30% de los nuevos ingresos de funcionarios serán por designación directa”.

El actual director de Recursos Humanos, Miguel Abella, dijo a La Diaria que “las ocho alcaldías se llevan unos 18 cargos de confianza, mientras que el resto de esos cargos son los que necesita la Intendencia para funcionar”. Además aseguró que la pasada administración del Frente Amplio tenía aún más cargos de confianza. Pero ese dato es falso ya que en 2014 había 79 cargos de ese escalafón. En el año 2020, entrevistado en Canal 11 de Punta del Este, el intendente sorprendió al afirmar que “anotaba en una libreta los nombres de sus adversarios y personas que no eran de su simpatía”. Más adelante ordenó publicar en la web de la Intendencia los nombres de los ediles que no votaron la anuencia para un fideicomiso de 95 millones de dólares con el que pretendía licuar el déficit. Según el Presupuesto Quinquenal, la intendencia de Maldonado cuenta con unos 30 millones de pesos anuales (unos 700.000 dólares al cambio actual) para publicitar su accionar. Como esa cifra se actualiza año a año, es altamente probable que al final de su período de gobierno Antía haya gastado unos 5 millones de dólares en publicidad. Y a ello hay que sumar algo más de 1.000.000 de dólares que gastará en el mismo rubro y tiempo la Junta Departamental. En agosto pasado se presentó un pedido de acceso a la información, basado en la ley respectiva, con el que se pretendía saber cuánto dinero entregó a cada medio departamental en el período pasado. Sustentado por un informe del escribano Eduardo Suárez, subdirector de Asesoría Jurídica, el gobierno declaró “confidencial” esa información. Dijeron que “ya se hizo pública la cifra total de lo gastado y con eso está satisfecho el interés público”. “Difundir esa información afectaría el plan de medios en el que trabaja la administración para el presente período”, sostiene la respuesta. Los ediles frenteamplistas aseguran que “la intendencia no ha respondido unos 100 pedidos de informes”. En su pasada gestión tuvieron que recurrir a la ley de Acceso a la Información para saber cuánto había gastado la intendencia en la red de cámaras de videovigilancia, compradas en forma directa a una empresa israelí, y en la construcción del Centro de Visualización. A fines de 2020 el Tribunal de Cuentas en un contundente informe reveló que la intendencia había falseado sus números. Y afirmó que de los datos aportados no surge un superávit, como afirmaron, “sino un déficit que supera en más del doble a lo declarado como ganancia”. La última propuesta de los ediles es otorgarle al inversor Giuseppe Cipriani, proyecto San Rafael, más metros de los que solicitó. Es decir, proponen que la torre más alta a construir, en lugar de 298 metros tenga 315, “para que sea la más alta de América del Sur”. Pero esos 17 metros más representan para el inversor varias decenas de millones de dólares de ganancia.

¿A cambio de qué? Públicamente de nada, pero se verá en la próxima campaña electoral. En forma ilegal e inconstitucional, así lo revela un informe emitido por la Jutep y observa cada año el TCR, en julio de 2015 apenas asumieron los ediles blancos con apoyo de los frentistas de Darío Pérez, se votaron un sueldo encubierto que hoy ronda los 100.000 pesos mensuales y que no paga ningún tipo de aportes e impuestos. Para la próxima elección Antía apoya sin pruritos a su yerno Andrés Rapetti, actual alcalde de Maldonado, un respetado ciudadano exprofesor de Secundaria. Ahora cuenta además con el exfrenteamplista Darío Pérez que lo calificó como “corrupto” en innumerables oportunidades y con el que el intendente se negaba a hablar porque “no lo consideraba gente”. Varios ediles blancos son operadores inmobiliarios y en el período pasado dos de ellos, Rodrigo Blás -actual diputado- y Darwin Correa fueron acusados en por la DGI en la justicia penal por defraudación fiscal. Pero en 2020 el fiscal Luis Pacheco dictaminó el cierre del expediente aunque no porque fueran inocentes, lo dice textual el dictamen, sino porque se “lo imponía una orden general interna de Fiscalía”. Este año Correa fue formalizado sin prisión por agredir a golpes de puño a un edil frentista durante una sesión del legislativo. Hace poco la Confederación de Fútbol del Este sancionó a Correa, como presidente de Liga Mayor, impidiéndole el ingreso a las canchas por 17 fechas a consecuencia de las amenazas realizadas contra un árbitro. Una última joyita. Al asumir en el 2015 el intendente ordenó el cese de los contratos de varios funcionarios de la Dirección de Comunicaciones -entre ellos una mujer embarazada- que habían ingresado por concurso en la gestión de Oscar De Los Santos (FA). “No podemos gobernar con el enemigo adentro”, fue su justificación. Para la reelección de Antía confluyeron tres razones: la oposición frenteamplista se autodestruyó; el candidato blanco construyó un inexpugnable cerco mediático y en la campaña electoral tanto él como su competidor en la interna, Rodrigo Blás, invirtieron en publicidad una cifra increíble e imposible de justificar. Basta decir que no hubo espacio público que no fuera ocupado por los blancos, la cartelería de la oposición quedó invisibilizada.

Colonia y un intendente sin partido

Desde el año 1958 el Partido Nacional triunfa en Colonia. Aunque para 2020 se dio una circunstancia particular. En plena campaña por el ballotage el intendente Carlos Moreira fue acusado de abuso sexual por una edila nacionalista de ese departamento. Moreira era el candidato cantado para ocupar el ministerio del Interior si triunfaba Luis Lacalle Pou, como finalmente ocurrió. Pero la denuncia, audios incluidos, afectaba la imagen del Partido Nacional en un momento de la historia en que sus electoras exigían medidas contra los abusadores.

Beatriz Argimón, entonces candidata a la vicepresidencia, reclamó la expulsión del Partido. El caso llegó a Fiscalía, pero antes de cualquier resolución Moreira decidió renunciar a su condición de integrante del Partido Nacional. En las elecciones de 2020, el candidato sin partido, fue reelecto con el 54,5%, el porcentaje más bajo desde 2005. Poco después una fiscal, que había sido militante del sector de Moreira, ordenó el archivo de la causa. Pero la situación partidaria sigue incambiada. La Junta Departamental cuenta con 17 ediles blancos en 31, el Partido Colorado tiene 2, por lo que sumados casi no necesitan votos de la oposición frentista. Colonia tiene un Presupuesto Quinquenal de unos 350 millones de dólares y la mitad de sus ingresos provienen del gobierno nacional. La intendencia tiene 1.853 funcionarios, incluidos los de la Junta Departamental. Es decir, 114 cada 10.000 habitantes. En 2021 ingresaron 59 nuevos funcionarios, 55 por designación directa y 4 por concurso. Según informó el periódico El Eco de Carmelo el pasado lunes, la Intendencia de Colonia debe más de 30 respuestas a pedidos de informes, 5 accesos a la Información Pública y dos llamados a sala. La gestión de Moreira ha estado en cuestión sobre todo por el arbitrario manejo de las pasantías en la intendencia. En uno de los audios difundidos cuando estalló el escándalo por la denuncia de abuso sexual, se le escuchó decir que “no se podía saber públicamente el número de pasantes, porque nos matan”. En 2020 fue formalizado con prisión el alcalde del municipio de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, por los delitos de fraude, asociación para delinquir, concusión, cohecho, encubrimiento y falsificación ideológica. Su hija y primera suplente también fue condenada. La oposición reclamó el juicio político para el alcalde, pero la mayoría del Senado se negó. A partir de esta situación la intendencia ordenó una auditoría en todos los municipios del departamento, cuyo resultado no se ha hecho público.

Una arbitrariedad tras otra

Una somera consulta entre fuentes políticas y periodísticas de Tacuarembó, Durazno, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, San José y Lavalleja, permite establecer sin margen de dudas que en esos lugares se constatan irregularidades de todo signo. Basta recordar que el exintendente de Soriano, Agustín Bascou (2015-2020) fue formalizado en cuatro oportunidades por graves delitos económicos, que incluyen la estafa. Además se probó que vendía combustible a la intendencia desde su propia estación de servicios. La Junta Departamental, con mayoría blanca, nunca pidió un juicio político. Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, confesó sin pruritos hace un par de semanas que “les mataba el hambre a varios periodistas”, como forma de justificar su ingreso a la administración. Nadie protestó por tan execrable afirmación. En otros departamentos se persigue políticamente a funcionarios, en algunos se les pagan partidas especiales a los que se consideran fieles.

Casi todos nombraron parientes en la administración. Y más de uno hace negocios privados desde su cargo. El Partido Nacional gobierna en 15 departamentos y lo hace con mayorías aplastantes. Pero esta pequeña reseña muestra que no lo hace con sentido republicano. Si bien es cierto que el adjetivo tiene diferentes interpretaciones en el mundo, en Uruguay se asocia a la igualdad: todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, obligaciones y oportunidades y son iguales ante la ley. Y también a la libertad: los ciudadanos son libres y tienen una amplia provisión de derechos. Al contrario de lo que sucede en los regímenes no democráticos. Estos dos principios son ampliamente violentados por la mayoría de los gobiernos nacionalistas del interior.