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ASOCIARMERumbo a las internas, el gobierno y sus candidatos juegan escandalosamente con las mentiras, instalando la idea de que la corrupción comenzó en 2005.
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La campaña electoral hacia las elecciones internas del 30 de junio es ríspida, como lo han sido todas a lo largo de la historia. Pero esta tiene un complemento adicional como lo es la falsedad del relato que pretende imponerse.
El gobierno y sus candidatos, apelando a la desmemoria, mienten escandalosamente. Pretenden instalar la idea de que la corrupción en Uruguay comenzó en el año 2005. Pero de los períodos anteriores ni hablan.
Para que quede claro desde el principio: esta nota no trata de defender ninguna gestión sino de consignar datos que forman parte de la historia reciente y que son desvirtuados por quienes pretenden instalar un relato que olvida la sustancia de los hechos.
Todos los partidos políticos ya tuvieron su oportunidad de gobernar. El Partido Colorado estuvo casi un siglo y medio en el poder, los blancos 8 años con gobierno colegiado (1959 – 1967), 5 años con Luis Alberto Lacalle (padre) entre 1990 y 1995 y con Luis Lacalle Pou entre el 2020 y el 2025. En tanto el Frente Amplio ocupó la presidencia desde el 2005 al 2020.
Todos los gobiernos han tenido aciertos, errores y actos de corrupción. Sin embargo, para las actuales autoridades parece que el Gobierno frentista no tuvo aciertos y, peor, fue en su período donde comenzó la corrupción. Eso es lo que dicen y reiteran. Muy de vez en cuando citan el Plan Ceibal o las garantías jurídicas protegidas.
“Fundieron Ancap, fundieron Pluna”, reitera el senador blanco Javier García. Un dirigente colorado de Maldonado afirmó que también “fundieron al Banco República”.
Diez años antes de la creación de Ancap, José Batlle y Ordóñez comenzaba, desde tribunas y en editoriales del diario El Día, su prédica a favor de la creación del ente energético: “La República envía al exterior en pago de alcohol, kerosene y bencina, más de seis millones de pesos por año. Una buena parte del oro que entra en ella, a cambio de sus productos, vuelve a salir inmediatamente a cambio de esos artículos. Y esa masa de dinero que se va, a la par que aminora nuestra riqueza, contribuye poderosamente a inclinar en contra de nosotros la balanza del comercio internacional y a pagar las diferencias de cambio como las que agobian a nuestra importación”, decía.
La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) nació el 15 de octubre de 1931 a propuesta de los diputados colorados Luis Batlle Berres y Arturo González Vidart durante el tramo constitucional de la presidencia de Gabriel Terra, quien en 1933 se convertiría en dictador.
El objetivo claramente expresado en las actas parlamentarias de la época era lograr soberanía energética y evitar la transferencia al exterior “de millones de pesos” por concepto de impuestos. Pero también primó un concepto geopolítico. Con el incipiente ingreso de automóviles a nuestro país y la consiguiente necesidad de combustible, dependíamos de las denominadas “7 hermanas” de la industria petrolera, que ejercían “dumping”. Además, el negocio del combustible en Uruguay estaba en manos de cuatro poderosas familias.
Por entonces la Unión Soviética irrumpía como una potencia petrolera y nos ofrecía mejores precios y condiciones de pago. Por eso Uruguay comenzó a importar petróleo ruso.
En su libro «Historia de los orientales», el escritor Carlos Machado señala: “…la aparición en los mercados internacionales de un nuevo vendedor, la Unión Soviética, una vez superadas sus dificultades mayores con la ejecución de su plan quinquenal; Ancap encargó combustibles a la URSS. Demoró en arribar y pudo prosperar una maniobra de las petroleras norteamericanas, quienes adujeron que no les convenía seguir importando por las restricciones del cambio recién aprobadas y que no le alcanzaban sus reservas, conteniendo la entrega y aumentando los precios al consumidor”.
En realidad la palabra nafta significa gasolina en ruso.
Los batllistas de la época ya veían el potencial de Ancap en el desarrollo industrial y de infraestructura del país, porque la ley original también preveía el monopolio de la fabricación de cemento. Pero entonces los herreristas se oponían al monopolio. En un editorial publicado el 18 de octubre de 1931 por La Tribuna Popular, un diario identificado con ese sector del Partido Nacional, se decía: “El batllismo si no pone coto a sus atropellos nos conducirá al sovietismo. El monopolio de la industria de los combustibles es acabadamente leninista y no sólo atenta el derecho inalienable de la iniciativa particular, sino que sembrará desconfianzas que impedirán la implantación de nuevas industrias, con grave perjuicio a nuestra economía. ¿Quién será el guapo que se atreva a establecer una nueva industria bajo la vehemencia monopolizadora del batllismo?”, se preguntaba el editorialista.
Y terminaba afirmando: “A esto nos conducirá el sovietismo batllista que no ha hecho otra cosa que fomentar en todo el curso de su actuación pública, con fines electorales, la empleomanía…”.
En su libro “Ancap: una visión geopolítica del Uruguay en el mundo del petróleo”, el vicealmirante Oscar Lebel aporta un dato desconocido por la gran mayoría. En 1936, ya en dictadura terrista, un ignoto diputado colorado de apellido Baltar, representante del riverismo, logra la aprobación urgente de un proyecto de ley por él presentado. Esa ley liquidó el monopolio del ente sobre la importación y venta de combustibles y favoreció a un trust integrado por las petroleras Shell, Esso, Atlantic y Texaco mediante la firma de convenios secretos con la empresa pública y por las “cuatro hermanas” se quedaron con la mitad del negocio de combustibles.
Increíblemente, ese convenio estuvo oculto al Parlamento hasta 1973. Jamás nadie explicó cómo fue posible mantenerlo en secreto. Tanto que ni en la página web de Ancap figura alguna mención a la “Ley Baltar”. Brevemente vale recordar que la asociación de Cementos del Plata con la argentina Loma Negra, impulsada por Julio María Sanguinetti, fue la que dio origen a las pérdidas millonarias de la industria cementera uruguaya.
Durante su período al frente de Ancap, Eduardo Ache promovió la construcción de tres gasoductos que costaron algo más de 200 millones de dólares. Hoy solo funciona el que une Buenos Aires con Montevideo por donde pasa el escaso gas que se consume en nuestro país. Los otros dos, ubicados litoral arriba, son supercarreteras para ratas. Fue Ache quien también decidió la compra de la empresa Sol Petroleum, dueña de una cadena de estaciones de servicio en Argentina, en unos 200 millones de dólares. Pero los dueños de Socimer, la vendedora, eran delincuentes buscados por el FBI acusados de lavar dinero y vaciar bancos. Ache desoyó todas las advertencias, pero cuando una investigadora del Senado reveló la maniobra, el entonces presidente Jorge Batlle lo destituyó y envió el resultado de la investigación a la Justicia.
Por unos 20 millones de dólares PDVSA nos sacó ese clavo de arriba.
Ache ha reiterado que fue exonerado por la Justicia, pero eso no es cierto. La fiscal Mirtha Guianze, a cargo de la investigación, dijo a este cronista que “la causa se archivó sin perjuicio porque el Poder Judicial no contaba con los recursos para hacer las auditorías en Argentina, no porque Ache fuera inocente, que es algo que no sabemos”.
En el año 2004 el ente energético estaba fundido y así lo reconocieron todos los partidos políticos en el Parlamento. Necesitaba un proceso de reindustrialización que el país no estaba en condiciones de pagar, entre otras cosas porque los Rohm y los Peirano nos habían saqueado.
Un acuerdo de compra de petróleo firmado entre Daniel Martínez, primer presidente frentista de Ancap, y la venezolana PDVSA, fue muy beneficioso para Uruguay porque ya no se debía pagar al contado cada embarque, que entonces eran unos 14 al año.
Eso le permitió al ente contar con una caja millonaria que se invirtió en el proceso de industrialización. Desulfurizadora, ALUR, reestructura de la planta de Minas de Cementos del Plata, compra de un horno nuevo para la planta de Paysandú.
Que tuvo muchísimos errores de gestión, sobre todo al mando de Raúl Sendic, es algo que ya nadie discute. Que el debate entre Astori y Mujica sobre los recursos de Ancap fue algo que incidió para que algunas inversiones no se culminaran, lo sabe todo el mundo.
Pero no es cierto que Sendic, ni ningún otro jerarca, se robó 800 millones de dólares, como en algún momento se pretendió instalar. Sendic fue procesado por el delito de peculado ya que no pudo probar en qué gastó unos 50.000 dólares con su tarjeta corporativa. No es cierto que hasta compró un colchón. Fue el único procesado cuando todos los otros directores, representantes de la oposición blanca y colorada, habían hecho lo mismo.
El caso de la regasificadora es por demás interesante porque detrás está el Estudio Posadas, Posadas y Vecino. Como también está detrás de alguna de las empresas privadas de cemento, fuerte competencia de Cementos del Plata.
Fue De Posadas quien, contratado por el Gobierno de Mujica, el que en un “proceso licitatorio” eligió a la empresa OAS para la construcción de la planta. Resulta que poco después OAS quedó involucrada en el “affaire” Odebrecht y debió retirarse complicando todo el proceso.
La idea, pensando en venderle gas licuado a la Argentina, no era mala y pudo ser un gran negocio para Uruguay. El problema fue que en ese tiempo se descubrieron los yacimientos de gas y petróleo de Vaca Muerta en el sur argentino y el negocio ya no era viable. Hoy, con los problemas energéticos que atraviesa ese país, la planta regasificadora sería más que rentable.
Que el herrerismo nunca quiso a Ancap, salvo cuando pueden hacer negocios para ellos, es algo por demás demostrado
Hace unos meses y hablando sobre el tema Pluna el senador emepepista Alejandro “Pacha” Sánchez reclamó que “nadie se haga el chancho rengo”. Pues veamos quiénes son los chanchos y quiénes los rengos.
La historia de la Primera Línea Uruguaya de Navegación Aérea se remonta al año 1936 cuando dos jóvenes hermanos, Jorge (29) y Alberto (22) Márquez Vaeza, la fundaron. Para ello vendieron un comercio que tenían en la Ciudad Vieja y contaron con el apoyo económico del embajador de Gran Bretaña en Uruguay, Eugen Millington-Drake. Con eso juntaron los 47.000 pesos para comprar los dos primeros aviones.
Trasladaban correo, carga liviana y tres o cuatro pasajeros. Los primeros vuelos se hacían entre Melilla y Salto, pero poco a poco llegaron a otros lugares del país. En 1937 recibieron un subsidio estatal y pudieron adquirir un avión de 12 plazas con el que en 1938 llegaron por primera vez a Asunción, Paraguay.
En 1944, y por ley, se creó una sociedad de economía mixta en la que el Estado tenía el 84 % de las acciones, que en 1947 pasó a ser el 95 %. En 1951 se estatizó a la empresa y por la ley 11.740 se creó el ente autónomo. El Estado capitalizó con 35 millones de pesos que permitieron adquirir 9 aviones.
La empresa continuó creciendo hasta que en 1969 incorporó el primer Boeing 737-200 que mantuvo hasta 1974. En 1982 llegaron otros tres Boeing con los que, además de cubrir el puente aéreo Montevideo-Buenos Aires, también cubrió su línea a Madrid.
La Ley de Empresas Públicas, aprobada en 1991 durante el gobierno de Lacalle Herrera, permitía la asociación con capitales privados para crear una sociedad comercial. La brasileña Varig, entonces la más importante del continente, compró el 49 % del paquete accionario. El 48 % quedó en manos del Estado, el 2 % pasó a los hermanos Víctor y Santiago Mesa, dueños del Free Shop Neutral, y el 1 % restante pasó a los funcionarios de la aerolínea. El nuevo directorio quedó integrado por siete miembros, cuatro nombrados por Varig y tres por Presidencia de la República.
Pero en el 2006 Varig quebró y entró en concurso. Antes desmanteló las aeronaves que quedaban, se llevó los repuestos y se quedó con la venta de boletos para una subsidiaria que abrió y quebró en el 2010.
A consecuencia del concurso, el Estado pagó 160 millones de dólares. Con la desaparición de Varig, se buscó un socio para Pluna y se hizo un mal acuerdo con Leadgate. El Estado salió de garantía de los aviones Bombardier comprados por la empresa ante una institución financiera internacional con la que los dueños de Leadgate tenían vinculación igual que con la fábrica de los aviones. Pero esto se supo mucho después, cuando vinieron los juicios.
En el año 2012, y ante el anuncio de posibles demandas laborales millonarias por parte de exfuncionarios de Varig, el presidente José Mujica decretó el cierre definitivo de la empresa.
Después vino la parodia de remate, la venta nunca concretada “al señor de la derecha” y las pérdidas originadas por el cumplimiento de los compromisos financieros. Un cúmulo de errores muy caros que tal vez nunca hubieran existido si Pluna no se hubiera privatizado a favor de Varig.
Desde 1967 y hasta el 2002, las decenas de bancos fundidos propiedad de banqueros estrechamente vinculados al poder de turno e inmensamente enriquecidos, le costaron al país unos 10.000 millones de dólares.
Pero mejor “no mentar la soga en casa del ahorcado” recordando a Stéphane Benhamou y los negociados con el Banco Pan de Azúcar, ni a los hermanos Carlos y José Rohm, a quienes Lacalle Herrera adjudicó el Banco Comercial. O a los hermanos Peirano, favorecidos por el Partido Colorado.
Ya nadie recuerda las maniobras de Wilson Sanabria, senador colorado y mano derecha de Sanguinetti, con el Cambio Nelson.
“No hay un caso de corrupción en este Poder Ejecutivo”, dijo el ministro de Transporte José Luis Falero. Corrupción como delito no existe en nuestro Código Penal, pero refiere a faltas éticas graves. Falero se olvidó de German Cardoso, denunciado por un jerarca colorado y destituido del Ministerio de Turismo. Se olvidó que le dieron un pasaporte a uno de los narcos más importante de la región y luego se confabularon para mentirle al Senado. Hasta que se conocieron las declaraciones de la exvicecanciller Carolina Ache y “perdé el celular”, “entrá por el garage”, “pasé a saludar” y “el expediente lo destruí yo”. Como sea, después de eso cayeron dos ministros Interior y el canciller y el principal asesor del presidente.
Después cayó Alejandro Astesiano, contratado como jefe de seguridad del presidente y dependiente administrativamente del prosecretario de Presidencia. Y con él empezaron a conocerse los negocios sucios, el espionaje sobre dos senadores de la oposición y sobre el presidente de la central sindical. Este caso se llevó casi a la mitad de la cúpula policial. Y habrá más novedades.
Falero también olvidó a la ministra Irene Moreira, destituida después de que se supiera que había adjudicado viviendas a militantes de Cabildo Abierto.
El pedófilo Gustavo Penadés y su uso abusivo del poder también llevó a la cárcel a otro jerarca policial.
La corrupción y acomodos en las intendencias que gobiernan los blancos es conocida y sufrida por los habitantes de cada localidad.
Así como también los acomodos en Salto Grande, responsabilidad de Carlos Albisu, el candidato a intendente de Salto promovido por Álvaro Delgado.
La semana pasada, Delgado, casi seguro candidato a la presidencia por el Partido Nacional, dijo: “Para hablar de algunas cosas hay que tener autoridad moral y un poco de autocrítica”.
Tiene razón Delgado.
