"Evidentemente nos encontramos frente a una situación en donde al parecer esas garantías son garantías de papel y ahí hay un elemento muy importante", dijo Sánchez
"Al estar sin garantía, evidentemente tenemos que denunciar la situación que se debió a esta posible estafa o engaño del Estado uruguayo o mala fe por parte del contratista". Sánchez detalló que la denuncia penal se inició debido a que: "se presentaron unas garantías que cuando las quisimos cobrar, encontramos que esa empresa no era ni solvente ni existía". Además, este proceso es independiente de la investigación sobre "la falta de controles que se llevó adelante para corroborar si esa garantía era real o no era real".
Denuncia penal y proceso administrativo
El Poder Ejecutivo ha optado por una doble vía de acción: una denuncia penal y un proceso administrativo para denunciar el contrato. La denuncia penal es por posible estafa , mientras que el otro proceso está relacionado con la necesidad de contar con OPVs.
Sánchez indicó que, sobre los aspectos que hacen a la denuncia penal, el Poder Ejecutivo por el momento va a esperar el trabajo de la Justicia a efecto de que se pueda esclarecer. No obstante, expresó confianza en el accionar del sistema judicial: "Nosotros estamos esperando muy confiados en que la Justicia uruguaya actúe y actúe con la mayor celeridad posible".
En cuanto a la relación con el astillero Cardama, Sánchez confirmó que la empresa "se ha intentado comunicar con el Poder Ejecutivo, intentando generar alguna instancia de diálogo". La respuesta del gobierno fue notificar a la empresa sobre la decisión de avanzar en la vía administrativa para denunciar el contrato. El secretario no descartó que se abra un espacio de mediación dentro del proceso administrativo, ya que "es lo que corresponde a la hora de tomar una decisión jurídica de esta naturaleza".
El secretario concluyó que las diferencias surgidas tienen un ámbito de resolución claro: "las diferencias jurídicas con respecto al contrato se resolverán en los estados nacionales". Por ello, se ha remitido a la justicia nacional "tanto los dos procedimientos en la presunta estafa y por tanto en la justicia penal, como en la justicia administrativa en el caso de resolver las cuestiones de rescisión del contrato".
El futuro de las OPV
A pesar de la crisis contractual, Sánchez aseguró que el objetivo de dotar a la Armada de las OPV se mantiene, ya que es "un objetivo creo que reconocido por todo el sistema político y por el conjunto del Uruguay". El Estado uruguayo ya ha invertido "30 millones de dólares", y el contrato protege ese capital en caso de disolución.
"En el caso de que haya una disolución de ese contrato, lo que se ha construido hasta el momento es propiedad del Estado uruguayo".
Por lo tanto, la tarea encomendada al Ejecutivo es "a resolver los aspectos que tienen que ver con el contrato, pero también a garantizar la posibilidad de que el Uruguay cuente con patrulleras oceánicas". Sánchez enfatizó que si las negociaciones con el contratista no prosperan, se buscarán nuevas alternativas. El proceso futuro "será con el mismo astillero o con otro en conjunto o en un consorcio, eso será un tema que se podrá analizar en el futuro".
