El segundo hito, referido a la presentación de los planos aprobados de las cuadernas maestras de ambos buques, desencadenó un pago de 8.227.000 euros. Para acreditar su cumplimiento, Cardama debía presentar, además de la factura, un informe de avance emitido por una entidad registrada en el Lloyd’s Register y, crucialmente, una carta de la Armada Nacional avalando el cumplimiento.
En los descuentos de Lacalle Pou, la Armada comprometió millones de dólares
Fue precisamente ese último documento el que se firmó el jueves 27 de febrero a las 11:00 AM, apenas tres días antes de que asumiera el nuevo presidente Yamandú Orsi y la nueva ministra de Defensa. Esta firma, junto al informe del Lloyd’s, permitió a Cardama asegurar el cobro a través del Deutsche Bank, sin que la entrante ministra Sandra Lazo pudiera detener o siquiera opinar sobre la operación.
El proceso se hizo aún más automático en el siguiente desembolso. El tercer hito, correspondiente a la colocación de la quilla del primer buque (C-250), activó un pago de 12.340.500 euros. En este caso, la carta de crédito solo exigió la factura comercial y el informe de avance del Lloyd's Register, omitiendo la necesidad de una carta de reconocimiento de la Armada Nacional. De modo que, cuando la ministra Sandra Lazo explicó que este tercer pago se hizo en "automático", dice la verdad: la presentación del informe de Lloyd's bastó para que el pago se activara mecánicamente, sin intervención del nuevo gobierno, explicó Alberto Grille.
Este inusual blindaje financiero plantea serios interrogantes sobre las intenciones del gobierno saliente. La principal duda radica en la necesidad de utilizar una carta de crédito tan poco habitual y la decisión de excluir la autorización de la Armada para los hitos de pago posteriores al cambio de mando. Además, y a la luz de las controversias previas, queda la incógnita de si alguien se aseguró de que los informes de Lloyd’s fueran genuinos y no falsificados. El Poder Ejecutivo debió intervenir para detener la rotativa, evitando así un cuarto hito de pago que ascendía a otros 8 millones de euros, en una operación que, desde el día uno, ha estado marcada por las dudas y la polémica sobre sus garantías.
