La intendencia solicitó la reapertura del caso y propuso la realización de una pericia sobre la tasación del terreno que podría probar la comisión de irregularidades, pero la Fiscalía entendió que esa pericia no cambiaría su posición respecto del archivo de la causa.
Sin embargo, en marzo de 2023, la fiscal entendió que era pertinente concretarla y reabrió el caso, lo que fue apelado por los denunciados.
Ahora el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión por entender “que la Fiscalía había manifestado en dos oportunidades que no tenía elementos para continuar la investigación y que el denunciante no presentó nuevos elementos que justificaran la reapertura del caso”.
Apenas asumió en el año 2015 Antía ordenó una licitación para contratar una auditoría externa sobre la administración que lo precedió. A la convocatoria se presentaron Phoenix Auditores Ltda, Price Waterhouse Coopers Ltda y Estudio Kaplan Consultores.
De acuerdo a la resolución 05749/2015 el contrato se adjudicó a Phoenix Auditores, empresa integrada por las contadoras Tamar Frenquer y Beatriz Espala y el abogado Hugo Wallusche, por un monto de 2.655.000 pesos.
El abogado Wallusche era entonces convencional del Partido Nacional. El edil frentista Federico Guerra dijo en la Junta Departamental de Maldonado que “no le constaba que esta consultora existiera. No tienen ni página web”.
Como resultado de esta auditoría la intendencia presentó cuatro denuncias penales por “irregularidades en gastos y compras, expropiación ilegal, falta de registro de las operaciones, abuso de funciones y certificación falsa por un funcionario público”.
Un antecedente de Phoenix
La consultora Phoenix fue la misma que, contratada por Antía, en el año 2015 había establecido el déficit heredado por la intendencia en un monto que poco después el Tribunal de Cuentas de la República dictaminó era exactamente la mitad que lo consignado por la auditora.
Para presentar las denuncias y seguir las causas contrató en forma directa al abogado Enrique Moller por un monto total de 784.000 pesos más IVA y 11.000 dólares más IVA.
Moller presentó las denuncias en el juzgado de Crimen Organizado de Montevideo, porque pretendía tener mayor publicidad mediática. Pero por razones de competencia la Suprema Corte ordenó que se tramitaran en una sede de Maldonado.
Como resultado de las investigaciones judiciales se constató la carencia de documentación probatoria y una tras otra las denuncias fueron archivadas por falta de méritos.
De los Santos acusa
En el año 2022, apenas fue informado de la resolución judicial por sus abogados Gonzalo Peloche y Marcelo Amoroso, el ex intendente y ex diputado frenteamplista publicó en su muro una carta en la que acusó a Antía y a un sector del Partido Nacional de “promover una operación política en su contra con el apoyo de FM Gente”.
El siguiente es el texto de su carta pública:
1) Siempre confíe en el sistema de Justicia de la República y fui sin utilizar mis fueros parlamentarios
2) .Agradezco el apoyo de mi familia y el de los compañeros de siempre en el FA
3) Reconozco que ésto fue parte de una operación política de Antia y de un sector del Partido Nacional junto a un sector reducido de los medios encabezado por la radio FM Gente. Buena parte de los dirigentes, militantes y ciudadanos de la coalicion hoy gobernante, no participaron de ésta lastimosa accion de persecucion politica .
4) Agradezco el papel de los profesionales que defendieron ésta causa en lo juzgados
5) Algunas personas que me quieren mucho me plantearon porqué no iba contra la Intendencia para que se me resarciera moral y económicamente.
Ante ésto digo: no lo haré porqué debemos asegurar y tener gestos para que la politica no se judicialize y la separacion de poderes funcione. El pueblo uruguayo y en éste caso el de Maldonado, es el que tiene la oportunidad de juzgar. Estoy seguro que la pública felicidad se construirá con el Proyecto del FA. Yo sólo fui una herramienta, en un momento histórico de ésa formidable fuerza política.
