Gobiernos departamentales: el clientelismo de cada día

La bancada de intendentes blancos entiende que la propuesta del senador Peña no contempla lo que exige el artículo 64 de la Constitución. Allí se establece que por “dos tercios de votos del total de componentes de cada cámara, podrán fijarse normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los gobiernos departamentales y de todos los entes autónomos, o de algunos de ellos, según los casos”.

La posición de los gobernantes blancos fue redactada por el abogado y secretario General de la intendencia de Paysandú, Fermín Farinha, y recuerda que los gobiernos departamentales son “personas jurídicas de naturaleza estatal, que ejercen competencias en forma autónoma en el marco que le fija la Constitución y la ley y por lo tanto gozan de autonomía política y jurídica, desarrollando su propio ordenamiento jurídico, ámbito que se encuentra resguardado por la propia carta magna”. Y eso implica autonomía en “materia administrativa y contratación de personal”.

En muchos casos los intendentes operan como verdaderos “patrones de estancia” haciendo y deshaciendo. Y para el caso, Maldonado es un buen ejemplo. En muchos casos los intendentes operan como verdaderos “patrones de estancia” haciendo y deshaciendo. Y para el caso, Maldonado es un buen ejemplo.

Citando al catedrático y exministro nacionalista, Daniel Hugo Martins, fallecido en el 2016, Farinha recuerda que los gobiernos departamentales “no sólo poseen autonomía para contratar, designar y destituir a sus funcionarios con independencia de los poderes del Estado, sino que, además, la tienen para dictar el estatuto del funcionario, donde fijan las condiciones de ingreso, permanencia en el cargo, el ascenso, descansos semanales, licencias”, entre otras cosas.

Cuando la autonomía sirve para cualquier cosa

Los gobiernos departamentales han servido para el ejercicio de una de las formas más viles de ejercicio del poder: el clientelismo.

En muchos casos los intendentes operan como verdaderos “patrones de estancia” haciendo y deshaciendo.

Y para el caso, Maldonado es un buen ejemplo.

La política clientelar de Enrique Antía tiene múltiples expresiones. En el año 2015 logró que la Junta Departamental le votara un artículo incluido en el Presupuesto Quinquenal por el cual el 30% de las vacantes serán llenadas por designación directa del intendente.

A mitad de este año, Antía decidió readecuar la carrera funcional de unos 650 funcionarios municipales. La gran mayoría vinculados al Partido Nacional.

Antes, al comenzar ese, su segundo mandato después del 2000, despidió a varios funcionarios contratados por la Dirección de Comunicaciones que habían ingresado por concurso durante el gobierno del frentista Oscar De los Santos.

“No se puede gobernar con el enemigo adentro”, dijo Antía. Ocurre en realidad que esa Dirección maneja un presupuesto de casi un millón de dólares al año para gastar en publicidad. De tal forma que ha logrado imponer la agenda informativa a nivel departamental. El medio que se sale de los comunicados oficiales no recibe la pauta mensual.

Pero el gasto en publicidad, con las mismas características, se ha extendido a la Junta Departamental, cuyo presupuesto es enteramente solventado por la intendencia, y que en los últimos años gasta entre 300.000 y 500.000 dólares sin nada que publicitar. O mejor dicho, es parte del pago de campaña para darle publicidad a la gestión de cada presidente, todos blancos.

Haciendo uso de “la autonomía departamental”, la Junta de Maldonado se votó a sí misma un sueldo encubierto para los ediles que hoy anda, aproximadamente, en 82.652 pesos, que los ediles se embolsan enteros ya que no pagan BPS ni IRPF.

Según el informe remitido por la contadora delegada del TCR, el monto para el ejercicio 2023 equivale a 30.746.800 pesos destinados a ese fin.

Este gasto es observado todos los años por el Tribunal de Cuentas, pero como no hay sanciones siguen adelante.

El “sueldo encubierto” fue calificado como ilegal por la JUTEP en el período anterior. El organismo de contralor sostuvo que también era una forma ilegal de financiar a los partidos políticos.

El tema fue a la fiscalía de Maldonado, quién sin ninguna investigación y sin citar a nadie decidió archivar la denuncia que fuera formulada por un ciudadano de extracción colorada.

El clientelismo también se verifica en la contratación de decenas de pequeñas empresas cooperativas que atienden la limpieza de calles, así como el mantenimiento de espacios verdes públicos, y en las que siempre hay algún votante blanco en la dirección y contratación de personal.

Una anécdota reveladora

Una de las empresas de transporte urbano de pasajeros en Maldonado es propiedad de hijos de dirigentes blancos. Los mismos tienen, además, la administración y mantenimiento de todas las terminales de autobuses del departamento.

Ayer mismo, un vecino muy blanco y muy querido en el barrio, le contó a este cronista de la preocupación de varios vecinos porque se había eliminado una línea de ómnibus que iba a la playa

“Esta semana tenemos reunión en la agrupación del diputado Diego Echeverria (precandidato a la intendencia) y allí arreglamos que vuelva esta línea”.

El vecino no tiene aspiraciones personales solo ayudar pero asume, como tantos, que es normal hacer la gestión de esa manera. Y el diputado lo capitaliza para sí.